La justicia española atraviesa uno de sus momentos más delicados en democracia. Jueces y fiscales de toda España se preparan para tres jornadas consecutivas de huelga, los días 1, 2 y 3 de julio, en señal de protesta contra las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia. Solo las asociaciones judiciales de corte progresista se han desmarcado de la convocatoria. En el centro del conflicto está la preocupación por la independencia judicial y por el rumbo que está tomando la Fiscalía, justo cuando su máximo responsable, Álvaro García Ortiz, se enfrenta a una posible causa penal ante el Tribunal Supremo.

Mientras crece el malestar entre los profesionales del derecho, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales y decana de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Barcelona, alerta en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting, de que “la situación actual es mucho más grave que en ocasiones anteriores” y que los cambios planteados por el Gobierno “afectan directamente al Estado de derecho”.

“LA CONCENTRACIÓN HA SIDO UN ÉXITO ROTUNDO”

La reciente concentración frente al Tribunal Supremo ha sido, según Dexeus, una muestra del hartazgo generalizado en la carrera judicial y fiscal. “Lo calificaría de éxito rotundo”, señala. La protesta congregó a más de mil jueces y fiscales, así como a “unos diez mil ciudadanos” en la Plaza de la Villa de Madrid. “No estamos acostumbrados a organizar este tipo de actos, pero ha sido un éxito pleno”, celebra.

Uno de los principales motivos de esta movilización es la reforma del sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Según explica Dexeus, actualmente se trata de un proceso riguroso, público y objetivo basado en una oposición exigente. Sin embargo, “se pretende sustituir por un modelo más suave, con pruebas menos memorísticas y más subjetivas”.

Para la presidenta de la Asociación de Fiscales, esto supone un grave riesgo: “Se está abriendo un abanico de posibilidades tremendas para que el Gobierno pueda incidir en los procesos de selección de jueces y fiscales”. Además, denuncia que se quiere permitir el acceso a la carrera a través de una vía paralela de jueces sustitutos, que “no requiere examen y se basa en un baremo discrecional”, lo que podría favorecer nombramientos afines al Ejecutivo.

LA GRAVE SITUACIÓN CON LA FIGURA DE ÁLVARO GARCÍA ORTIZ

La situación se complica aún más con la figura de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, quien está siendo investigado por el Supremo. Dexeus lo califica de hecho “tan excepcional que jamás ha ocurrido en democracia” y lamenta que no haya dimitido. “La falta de previsión legal para este caso demuestra que nadie pensó que un fiscal general pudiera cometer un delito en el ejercicio del cargo”, reflexiona.

“El fiscal que tenga que pedir su absolución, ¿cómo va a parecer objetivo o libre?”, se pregunta con preocupación. A su juicio, la negativa de García Ortiz a dejar el cargo “prejudica el crédito de toda la institución”.

Otro punto especialmente conflictivo es el cambio del modelo de instrucción penal, que pasaría de estar en manos de jueces a fiscales. Aunque este sistema ya existe en otros países europeos, Dexeus subraya que “en España no se dan las condiciones necesarias para aplicarlo con garantías”.

“La fiscalía debe estar desvinculada del Gobierno que la nombra. Debe tener autonomía presupuestaria, capacidad de autoregulación y un estatuto independiente”, afirma. Por el contrario, el anteproyecto presentado por el ministro Félix Bolaños, “otorga aún más poder al fiscal general del Estado, que ya depende del Ejecutivo”.

El Consejo Fiscal, órgano representativo de los fiscales, “pasaría a ser un simple convidado de piedra, sin capacidad efectiva de decisión ni control”, advierte.

La huelga convocada no responde únicamente a cuestiones laborales. Como explica Dexeus, “en anteriores paros se hablaba de temas retributivos o procesales”, pero ahora “la situación trasciende los intereses profesionales”. En su opinión, “se está diluyendo la separación de poderes y se está construyendo un poder judicial débil y maleable, lo que compromete el control de los excesos del Ejecutivo”.

“Si el poder judicial está intervenido por el Gobierno, difícilmente podrá controlar a los otros dos poderes del Estado”, denuncia. Por eso, insiste en que esta huelga “es por la democracia y por los ciudadanos”.

Finalmente, Dexeus expresa su deseo de que “las instancias europeas tomen conciencia de la gravedad de la situación”. Recuerda que en otros países, como Polonia, la Unión Europea ya ha intervenido ante intentos del Ejecutivo de controlar el poder judicial. “Esperamos que también aquí Europa diga algo”, concluye.