Redadas, protestas y despliegue de tropas: ¿cómo escaló la guerra de Trump contra la inmigración ilegal en Los Ángeles?
Miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles.
La tensión migratoria alcanzó un punto crítico tras las redadas de Donald Trump en Los Ángeles, declarada ‘ciudad santuario’. Las protestas masivas, el envío de la Guardia Nacional y de marines y la suspensión de trámites migratorios reflejan el endurecimiento de la política del Ejecutivo. California ha respondido con una demanda contra el Gobierno al considerar “ilegal” el despliegue militar.
Todo comenzó el viernes 6 de junio, cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron una serie de redadas en vecindarios del condado de Los Ángeles, uno de los territorios declarados “santuario” de inmigrantes.
La operación, que dejó alrededor de un centenar de personas detenidas, según fuentes federales y estatales, generó una reacción inmediata de la comunidad migrante y de activistas, que salieron a las calles en señal de protesta.
Las manifestaciones se intensificaron durante el fin de semana, especialmente en zonas como Paramount, Compton y el centro de la ciudad.
Las protestas, mayoritariamente pacíficas en sus inicios, derivaron en enfrentamientos con la Policía luego de que algunos grupos lanzaran objetos contundentes y cócteles molotov y se registraran daños a vehículos autónomos y de vigilancia.
La tensión escaló con rapidez. El domingo, tras la quema de automóviles y bloqueos en la autopista 101, el Departamento de Policía de Los Ángeles detuvo a decenas de manifestantes.
Y, en una acción sin precedentes, el Gobierno federal de Estados Unidos ordenó el despliegue militar (la Guardia Nacional).
Este lunes 9 de junio, una decisión tensó aún más el escenario: la Administración del presidente Donald Trump movilizó aproximadamente 700 marines a Los Ángeles desde la base de Twentynine Palms, ubicada en el sur del condado de San Bernardino, California, con el objetivo de auxiliar a la Guardia Nacional en la protección de instalaciones y personal federal, mientras llegan refuerzos adicionales.
Los marines no están autorizados a ejercer funciones de control civil, salvo que se invoque la Ley de Insurrección, según informa el Pentágono, pero el Ejército de Estados Unidos confirmó que enviará centenares de marines a este condado de California para tareas de protección del personal y la propiedad federal.
“La activación de los Marines tiene como objetivo proporcionar a la Fuerza de Tarea 51 un número adecuado de fuerzas para brindar cobertura continua del área en apoyo a la agencia federal principal”, indicó un comunicado del Ejército.
El despliegue se suma al contingente de unos 2.000 miembros de la Guardia Nacional ya activados por orden del presidente Trump, de los cuales cerca de 300 ya se encontraban en Los Ángeles por indicación federal.
Demanda de California contra el Gobierno de Trump
Un manifestante sostiene una máscara de Donald Trump en Los Ángeles el 8 de junio de 2025.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, calificó la intervención como un “paso inconstitucional” y anunció una demanda contra la Administración Trump por desplegar la Guardia Nacional sin su consentimiento.
Por su parte, Rob Bonta, fiscal general del estado, declaró: “No tomamos a la ligera el abuso de autoridad del presidente y la movilización ilegal de tropas de la Guardia Nacional de California”.
Entre tanto, la alcaldesa demócrata de Los Ángeles, Karen Bass, instó a que los manifestantes permanezcan en calma y advirtió que quienes participen de la violencia serán arrestados.
La reacción del Gobierno federal incluyó declaraciones del presidente Trump, quien justificó la movilización militar alegando que era la única forma de evitar un colapso de orden público: “Si no interveníamos, habría sido un desastre… tuvimos que actuar”.
¿Por qué Los Ángeles es una ‘ciudad santuario’?
Un manifestante sostiene una bandera mexicana mientras se incendian autos en una calle de Los Ángeles el domingo.
Estados Unidos cuenta con una red de jurisdicciones reconocidas como “santuarios” para inmigrantes en situación de ilegal, aunque no existe una definición oficial a nivel federal sobre lo que implica esta categoría. En general, se trata de estados, condados o ciudades que limitan su colaboración con las autoridades federales en la aplicación de leyes migratorias.
Las políticas de santuario comenzaron a consolidarse en la década de 1980, cuando algunas iglesias ofrecieron refugio a personas que huían de conflictos armados en Centroamérica. Desde entonces, especialmente en la última década, el concepto ha ganado relevancia en medio del debate nacional sobre inmigración.
Durante la primera presidencia de Donald Trump, muchas ciudades gobernadas por demócratas reforzaron su estatus de santuario. Sin embargo, en los últimos años, varias de estas localidades han enfrentado una creciente presión debido al aumento de inmigrantes enviados desde la frontera sur por autoridades estatales como el gobernador de Texas, Greg Abbott. Esta situación ha generado roces incluso entre líderes que antes defendían estas políticas.
Los Ángeles, la segunda ciudad más grande del país, formalizó su condición de santuario mediante una ordenanza municipal que prohíbe el uso de recursos locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración.
El estado de California, donde se ubica Los Ángeles, alberga a 10,6 millones de migrantes, lo que representa el 27% de su población total y el 22% de todos los nacidos en el extranjero que viven en Estados Unidos.
Cerca de la mitad de los niños en el estado tienen al menos un padre inmigrante y más de un tercio de los adultos en edad laboral nacieron fuera del país. La población inmigrante está concentrada en las zonas metropolitanas costeras, especialmente en condados como Los Ángeles, Santa Clara y San Francisco.
Los principales países de origen de los inmigrantes en California son México, Filipinas, China, India y Vietnam. Mientras que históricamente la mayoría de los inmigrantes provienen de América Latina, los datos más recientes muestran un aumento sostenido en la llegada de personas provenientes de Asia.
Trump intensifica presión contra las “ciudades santuario”
Saqueadores irrumpieron en una gasolinera en Compton la madrugada del domingo.
El inquilino de la Casa Blanca había ordenado en abril de este año al Departamento de Justicia elaborar una lista de estados, condados y ciudades que se han negado a colaborar con operativos federales de inmigración.
La instrucción fue establecida para emprender acciones legales contra aquellas jurisdicciones ‘santuario’, que limitan la cooperación con agencias como el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional. Una de las medidas para presionar a estas regiones, en medio del endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos.
Y este lunes, en medio de las protestas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) canceló todas las citas programadas en su oficina de Los Ángeles.
“Nos dijeron que el edificio está cerrado porque van a limpiar, entonces todas las citas programadas se van a cambiar”, explicó a EFE Antonio, un migrante mexicano que llevaba ocho meses esperando su turno. Según su esposa, ciudadana estadounidense, había personas que aguardaban su cita desde hacía hasta tres años.
El edificio afectado aloja también los tribunales de inmigración y oficinas del ICE. En el lugar, se observó la presencia de al menos dos docenas de miembros de la Guardia Nacional. Las audiencias judiciales y trámites de ciudadanía también fueron suspendidos, según confirmó el abogado de inmigración Alex Gálvez.
Algunos solicitantes de asilo expresaron su preocupación.
Lenier, un inmigrante nicaragüense de 32 años, tenía su cita este lunes, pero se le negó el ingreso. Su caso es especialmente sensible, ya que las autoridades han priorizado la deportación rápida de personas que llevan menos de dos años en el país.
Además, al congresista Jimmy Gómez y a varios abogados migratorios se les prohibió el ingreso al edificio federal. Según el legislador, existen denuncias sobre malas condiciones para los detenidos, incluyendo falta de alimento, agua y espacios adecuados.
Frente al edificio, representantes religiosos del grupo Clérigos y Laicos Unidos por una Justicia Económica (CLUE) realizaron una manifestación pacífica y oraciones por los migrantes detenidos.
Alcance nacional de las movilizaciones
Las protestas no se limitan a Los Ángeles. Miles de personas salieron a las calles en varias ciudades de Estados Unidos en este inicio de semana para protestar contra las redadas migratorias y exigir la liberación de David Huerta, presidente del sindicato SEIU California, detenido el viernes en las protestas en Los Ángeles.
Las manifestaciones se registraron en urbes como Nueva York, Chicago y Atlanta. Las personas portaban pancartas con consignas como “Los inmigrantes son esenciales”, “Liberen a David Huerta” y “Ningún ser humano es ilegal”, mientras denunciaban la actuación de agentes del ICE.
En Nueva York, Ana Medina, trabajadora del cuidado domiciliario, aseguró a Reuters:
“No somos delincuentes. Somos trabajadores. No somos un basurero para el presidente”.
Y añadió; Estados Unidos “se construyó a partir de la inmigración. Violaron nuestros derechos civiles, y ahora tenemos que alzar la voz”.
Las protestas se producen en medio de una intensificación de las acciones federales contra la inmigración ilegal. La meta anunciada por las autoridades es alcanzar hasta 3.000 arrestos diarios, lo que ha provocado un aumento en las tensiones con estados gobernados por demócratas y organizaciones defensoras de derechos migrantes.
