Un país podrido de arriba abajo: Investigan si funcionarios de la cárcel de Brieva tuvieron sexo con la asesina de Gabriel a cambio de un móvil
El juzgado número 4 de Ávila investiga si funcionarios de la cárcel de Brieva, en la provincia de Ávila, tuvieron sexo con Ana Julia Quezada, a quien le consta una condena de prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2019, a cambio de tener acceso a un teléfono móvil.
En concreto, el juzgado investiga desde hace casi un año un posible delito de cohecho por parte de algunos funcionarios de la cárcel de mujeres por este hecho.
La información recoge que la declaración de un educador del centro penitenciario coincide con las de otras tres reclusas y la de una cuarta mujer, actual pareja de Quezada.
Los informes defienden que la condenada por el asesinato de Gabriel Cruz había mantenido sexo con un trabajador de la prisión y con el cocinero, relaciones que podría haber grabado con el teléfono móvil que le facilitaron para intentar “chantajear” a la dirección del centro penitenciario y conseguir así su traslado a Barcelona.
Además, en uno de los informes de la directora del la prisión, Laura Pérez, reconoce que tuvo “conocimiento de datos de especial relevancia sobre la interna” a través de un educador.
Los investigados dejan de trabajar en la cárcel
Los dos trabajadores de la prisión que han sido investigados por el presunto delito de cohecho, han dejado de trabajar en el centro penitenciario.
Según ha explicado el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, los dos trabajadores, un funcionario y otro personal laboral, han dejado de trabajar en el centro penitenciario una vez que ha concluido la fase de investigación y la toma de declaraciones a los implicados y a los testigos.
La Guardia Civil ya ha remitido las diligencias al Juzgado de Ávila, según ha indicado Galeano.
Será ahora este juzgado el que deba marcar las actuaciones a realizar. Por el momento, el juzgado solo investiga a uno de estos dos hombres.
Por su parte, la madre de Gabriel, Patricia Ramírez, ha convocado una rueda de prensa para este miércoles en la que denunciará lo que considera situación de “desamparo y desprotección institucional y judicial”.
En la comparecencia, Ramírez tiene previsto abordar también lo que cree una “vulneración de derechos” en el marco del Estatuto de la Víctima, normativa europea y legislación afín, así como posibles irregularidades en el centro penitenciario donde cumple condena Ana Julia Quezada, autora del asesinato de su hijo, y que podrían haber afectado a la integridad moral de la familia.
A quien se le pasa por la cabeza meter a funcionarios masculinos en cárceles de mujeres o viceversa funcionarias mujeres en cárcel de hombres. El democratismo es una auténtica plaga que hay que extirpar de España. En un sistema podrido- garantista como el español estás prácticas son muy comunes por desgracia.
Si esto pasó con la asesina,que tenía que estar aislada,que no pasará en otras partes…
Que asco de funcionarios corruptos.
Y funcionarias. Seamos paritarios