Manuel Reina.

El responsable de la mercantil Rimasa 2003 S.L., que gestionó el depósito municipal de vehículos de Estepona (Málaga) entre 2003 y 2008, aseguró en su declaración como testigo ante los investigadores del caso ‘Astapa’, contra la presunta corrupción en dicha localidad, que concejales y abogados afines al gobierno local del PSOE le exigían que repartiera sus beneficios empresariales con ellos.

Según recoge uno de los tomos del sumario, éste dijo a la Policía que cuando él le pidió al edil de Hacienda, Manuel Reina, imputado en el caso, que le pagase las deudas pendientes, éste contestó que “sería abonada por una mercantil colaboradora del Ayuntamiento de forma que a medida que fuera cobrando del Ayuntamiento tenía que ir entregándole el dinero en mano a él una vez descontado el IVA”.

Aseguró que a medida que el Ayuntamiento le fue pagando las facturas “él le fue entregando a Manuel Reina el dinero en metálico a través de alguno de sus trabajadores”. En el momento en el que solicitó un justificante del pago, señala que se le dio uno por 20.000 euros en concepto de deuda pendiente con una empresa vinculada a Reina con la que Rimasa no tenía ningún débito.

Según la declaración recogida en el sumario, el empresario manifestó a la Policía que Reina le indicó que “si quería que sus temas se agilizasen en el Ayuntamiento tenía que contratar los servicios” de la gestoría vinculada a él, “los cuales tenían un coste aproximado de 400 euros al mes”.

Beneficios compartidos

Por otro lado, explicó que otro de los imputados, el abogado Juan Simón, primo del que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, le dijo que si quería que se solucionaran “los problemas para cobrar la deuda que mantenía con el Ayuntamiento y si quería seguir siendo contratado por éste tenía que acceder a repartir el 50 por ciento de su empresa con él y sus socios”.

Entre los socios de Simón, siempre según esta declaración, se encontraban los imputados Manuel Barroso y el exconcejal Francisco Zamorano, “que agilizaría los trámites en el Ayuntamiento al ser concejal de Hacienda”, además del que fuera edil socialista Antonio Sánchez, quién, afirmó el empresario, colaboraría “en la nueva adjudicación del depósito de vehículos al ser concejal de Seguridad Ciudadana”.

Según el adjudicatario de la grúa, “la idea consistía en crear una mercantil, Ausol Estepona 2000, que ganaría el concurso de adjudicación del depósito municipal de vehículos, subcontratando a Rimasa para que gestionara el Centro de Tratamiento de Automóviles”. Los beneficios se repartirían al 50 por ciento entre ambas mercantiles.

También señaló a la Policía que Simón le ofreció “intermediar con el Ayuntamiento de Estepona en todo lo relativo a las deudas con Rimasa a cambio de cobrar aproximadamente un tercio de lo que se le pagara”, cantidad que se le abonaba en metálico. Según dijo, “una vez que aceptó dicho acuerdo” el que fuera edil de Hacienda, Francisco Zamorano, “comenzó a ponerse en contacto con él, agilizándole el pago de las diferentes deudas”.

Coches a bajo precio

Preguntado acerca de si había vendido vehículos del depósito municipal a algún miembro del Ayuntamiento, el empresario aseguró a los investigadores que vendió dos coches al secretario municipal “por debajo de su valor real”, ya que éste le indicó que “si le trataba bien le agilizaría sus asuntos en el Ayuntamiento”.

Según su declaración, le vendió al secretario municipal “un Peugeot 207 por 240 euros, si bien, a él le había costado 1.200 euros y un Nissan Micra por 2.000 euros pagados con cuatro billetes de 500 euros, aunque el precio de venta que se había pactado y que figuraría en la factura sería de 3.000, si bien a él le había costado 5.000”.

Petición de dinero

La empresa Rimasa 2003 fue la que ejecutó las obras de mejora del Palacio de Congresos de Estepona. Según el empresario, cuando sólo quedaba pendiente el pago de la última certificación de unos 200.000 euros el que fuera gerente de Servicios en el Ayuntamiento le dijo “lo que te voy a hablar yo nunca te he dicho nada ni te he pedido nada, me han dicho que le tienes que dar 150.000 euros a Marta Solís –exconcejala de Turismo imputada en el caso– de tus beneficios de la obra”.

Aseguró a la Policía que se negó a la propuesta, por lo que cuando le solicitó a Solís que firmase la última certificación “ésta se negó”. A partir de ese momento, el empresario señala que se deterioró su relación con el Ayuntamiento “y más concretamente con los miembros del Partido Estepona, no adjudicándole la ejecución de más obras”.

Otras presuntas irregularidades

Asimismo, dijo, a preguntas de los investigadores sobre si conocía otras irregularidades cometidas en el Ayuntamiento, que todo lo referente a los convenios urbanísticos debía contar con el visto bueno del que fuera jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, a lo que añadió que la firma de los convenios urbanísticos se celebraba en “lugares de alterne en donde los miembros del Ayuntamiento gastaban grandes cantidades de dinero, estando invitados a esas celebraciones otros empresarios de la zona” según recoge el sumario.

Respecto al vicesecretario del Ayuntamiento, señaló que éste le pidió dinero en metálico en varias ocasiones porque “ya estaba cansado de que solo le invitase a comer y no coger dinero como hacía todo el mundo”. Según dijo, el vicesecretario “habría pedido 18.000 euros a un empresario que estaba construyendo un local de alterne para tramitarle la licencia de primera ocupación de forma que una vez le fuera concedida debía pagar 12.000 euros más”.