Francisco Marhuenda.- La vicepresidenta valenciana Susana Camarero tiene razón cuando afirma que no pueden plantearse otro escenario que seguir trabajando. Por tanto, no es el momento de dimisiones. En este sentido, es algo que también se puede aplicar a Sánchez, Ribera o Marlaska que deberían dimitir, pero tampoco es el momento. Es cierto que conociendo al presidente del Gobierno nunca lo hará. Ni en esté, ni en ningún caso. Lo que exigía cuando estaba en la oposición no lo aplica desde que ha alcanzado el poder. Es una doctrina política que tiene precedentes, aunque es poco ética y democrática.

El sanchismo ha instalado un concepto patrimonial del poder por el que no existen límites o contrapesos, porque se contempla como un botín que se disfruta sin respetar las reglas o convenciones características de cualquier democracia. En su caso, es la traslación del modelo populista de la izquierda radical iberoamericana que le ha hecho evolucionar de la socialdemocracia clásica, propia de nuestro entorno europeo, a un autoritarismo democrático basado en la mecánica imposición de las mayorías, aunque estén formadas sin ninguna coherencia ideológica o programática. Lo único que importa es el poder y la supervivencia.

La terrible catástrofe que se ha vivido y se sigue viviendo tiene dos planos de responsabilidad. El primero y más importante es el jurídico que deberá dilucidarse en los tribunales. A pesar de los intentos de Sánchez y sus aliados de controlar la Justicia, los jueces son independientes y están solo condicionados por el imperio de la ley. Es cierto que hay algunos situados en la izquierda radical que defienden el uso alternativo del Derecho para ponerlo al servicio del sanchismo. Otros, como Conde-Pumpido, han abdicado de la condición de magistrados, para servir al poder y politizar el Tribunal Constitucional hasta un extremo que hubiera horrorizado a Kelsen. Me imagino que ha olvidado su doctrina.

Por supuesto, John Marshall hubiera sentido vergüenza de que un jurista se comportará como Conde-Punpido. El segundo aspecto se centra en las responsabilidades políticas. Es evidente que existen, aunque sus protagonistas no las tengan penales. En este caso, no es privativo de un único gobierno, aunque su asunción dependerá de su ética, concepto del servicio público y la exigencia de sus partidos. Por supuesto, son conceptos que no le importan a Sánchez.