Jonathan habría cumplido 34 años el pasado 21 de octubre. Sin embargo, murió a los 28 debido a una sobredosis de píldoras adulteradas ilegalmente con fentanilo y xilacina. «Era un niño alegre y cariñoso, pero siempre tuvo más dificultades que otros por su ansiedad, que fue mal diagnosticada», cuenta su madre, Cristina Rabadan-Diehl. Comenzó consumiendo marihuana en la adolescencia, después pastillas y, finalmente, heroína. Nunca llegó a inyectársela, la esnifaba, lo que dificultó que su familia se diera cuenta del problema. «Llevaba una vida aparentemente normal: tenía amigos cercanos, novia, estudiaba y trabajaba. Cuando lo descubrimos ya era demasiado tarde», recuerda. Rechazó la ayuda de su entorno y, como era mayor de edad, las leyes de protección de datos dejaron a sus padres sin poder intervenir. «El 13 de junio de 2019 lo encontramos sin vida en su habitación», rememora.

Cristina Rabadan-Diehl, una madrileña que ha vivido 37 años en Estados Unidos y es experta en políticas de salud pública y adicción, comparte la historia de su hijo como un ejemplo del impacto devastador de la crisis de opioides que afecta a miles de estadounidenses cada año. Esta situación ha alcanzado un punto crítico debido al fentanilo -cien veces más potente que la morfina y cincuenta más que la heroína-, que mata a 200 personas al día en el país, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La crisis de opioides comenzó a finales de los 90, cuando las farmacéuticas impulsaron la prescripción de medicamentos como la oxicodona, promocionándolos como seguros y no adictivos. Sin embargo, esto resultó ser falso y desató una ola de adicción y sobredosis. Como menciona Leo Beletsky, profesor de Derecho y Ciencias de la Salud en la Universidad Northeastern, «uno de los grandes problemas estructurales de EE UU es que se prima el dinero frente al individuo».

Este descontrol en la prescripción generó una demanda masiva, creando un terreno fértil para que el narcotráfico interviniera. Así, a partir de 2013, el fentanilo, mucho más potente y barato que otras drogas, comenzó a inundar el mercado ilegal. Ese año, las muertes por sobredosis de opioides sintéticos superaron por primera vez a las de recetados, y las sustancias adulteradas con fentanilo, como las que mataron a Jonathan, se convirtieron en la nueva cara de la crisis.

Un negocio letal
El fentanilo ilícito en su mayoría proviene de laboratorios de China, desde donde es enviado a EE UU o a organizaciones criminales en México y Canadá. La magnitud del negocio es alarmante. Según la Agencia de Control de Drogas norteamericana (DEA), un kilogramo, que cuesta entre 3.000 y 5.000 dólares, puede generar ingresos de hasta 1,5 millones en el mercado negro y matar a 500.000 personas.

Revertir esta situación no es fácil. Como explica Beletsky, «la resistencia de algunas industrias a la regulación, como las farmacéuticas, los centros de rehabilitación o el sistema penitenciario, que se benefician económicamente de esta tragedia, entre otros, es un factor que agrava la crisis». Además, las políticas varían enormemente entre Estados, lo que provoca desigualdad en el acceso a la atención médica, especialmente para las poblaciones de bajos ingresos, que generalmente son las más afectadas.

Ante el empeoramiento de la crisis, en 2017 el Gobierno de Donald Trump declaró una emergencia de salud pública. Posteriormente, en 2021, la Administración de Joe Biden lanzó un plan integral destinando 8.500 millones de dólares a programas de tratamiento y prevención, incluyendo la distribución masiva de naloxona, un medicamento que revierte la sobredosis. «También se ha implementado la línea de apoyo 988 para emergencias de salud mental y se han promovido las tiras de detección de fentanilo, aunque su eficacia es limitada y algunos Estados conservadores las rechazan por creer, equivocadamente, que fomentan la drogadicción», lamenta Rabadan-Diehl.

En 2023 EE UU propuso una alianza internacional para frenar el tráfico de fentanilo, pero la complejidad política y la falta de una estrategia unificada dificultan una coordinación efectiva. A nivel nacional, los datos preliminares de 2024 muestran una ligera mejoría en el número de muertes por sobredosis, pero las cifras siguen siendo alarmantes. Según la CDC, en 2021 se superó el récord de decesos, con más de 100.000 en un año, especialmente agravado por el aislamiento social y las dificultades económicas derivadas de la pandemia de covid, que impulsó el consumo de drogas peligrosas.

En ciudades como San Francisco y Nueva York, las calles muestran los estragos de la adicción, con comunidades devastadas por el acceso fácil a la droga. En 2021 la DEA confiscó más de 10 millones de pastillas falsificadas. El 42% de las píldoras confirmadas de fentanilo contenía al menos 2 miligramos de este opiode, una dosis que puede ser letal dependiendo del tamaño corporal o la tolerancia de la persona. Los expertos coinciden en que, debido a su complejidad, es improbable que esta crisis se resuelva en pocos años.