El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, comunicó este miércoles que no tiene intención de dimitir, una vez conocido que la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite varias querellas y denuncias interpuestas en su contra por revelación de secretos en la causa que investiga el fraude fiscal cometido por el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

“En el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo, y de que en puridad refuerza la independencia de la Fiscalía española”, dice García Ortiz en un comunicado de prensa, “anuncio mi intención de seguir ejerciendo mis responsabilidades como fiscal general del Estado”.

Asegura ser “consciente de la repercusión pública” de la noticia y dice no desconocer “la afectación que supondrá en el trabajo de las y los fiscales de nuestro país”. Pero es, precisamente, “la ponderación de estas circunstancias lo que me persuade para seguir ejerciendo plenamente mis atribuciones legales. Como hasta ahora he venido haciendo: con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho”.

Proceso de reflexión

No obstante, el fiscal general quiere abrir un proceso de se reflexión, para lo cual ha convocado para este jueves la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal “a fin de hacerles partícipes de esta decisión, proporcionar las explicaciones oportunas y escuchar cuanto tengan a bien manifestar los integrantes de ambos órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado”.

La composición del ‘generalato” de la Fiscalía cuenta con una mayoría muy ajustada del sector conservador que presumiblemente pondrá en aprietos a García Ortiz. Algunas asociaciones de jueces ya han pedido su dimisión. En principio no está previsto que se produzca votación alguna en esta reunión.

En el comunicado, García Ortiz indica que la apertura de un procedimiento por el Tribunal Supremo impone “la máxima prudencia (..) a fin de evitar que puedan interpretarse como una interferencia en el proceso o una influencia a los magistrados de este Tribunal”.

Reconoce que la atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado es “inédita en nuestro país” y obliga a “realizar una profunda reflexión sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española”.

Insiste García Ortiz en que “nos hallamos ante un asunto que no es particular del fiscal general del Estado, sino que se encuadra en el ámbito de las competencias que la Constitución española y la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal encomienda a este órgano de relevancia constitucional”.

El comunicado recuerda que el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de “informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”, más aún en un caso como este “en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes”. La atribución de la condición de investigado al fiscal general posibilita que pueda “ejercitar plenamente” el derecho de defensa que hasta ahora no ha podido ejercer.