La amnistía ha sido la piedra de bóveda del mandato que Pedro Sánchez inició después de que su partido se quedara como segunda fuerza en las elecciones generales. Y esta sigue siendo la principal razón del pulso que le está lanzando el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al presidente del Gobierno. Para Moncloa la votación del techo de gasto, que se celebrará este jueves en el Congreso, es tan importante como para que se hayan activados todos los posibles canales de aproximación a Puigdemont a fin de que se baje de la decisión de votar en contra, como ya anunció a través de un tuit la pasada semana, y contar con todos los activos incluye incluso a empresarios y perfiles del ámbito económico que siguen manteniendo una buena relación con él.

Las declaraciones oficiales, dirigidas también a través de entrevistas a los medios oficiales, y en las que restan importancia a la aprobación de los Presupuestos, concuerdan mal con una tensión que les lleva, a la desesperada, a utilizar todas las posibilidades para hacer que Puigdemont cambie de posición en esa votación. Y todas es todas, porque, según confirman fuentes de Junts, el enviado de Moncloa llegó incluso a amenazarle con dejarle sin la amnistía si no daba luz verde al techo de gasto y permitía de esta manera que el Gobierno gane al menos tiempo, aunque finalmente las cuentas no llegaran a aprobarse.

El argumento de presión de Moncloa, con tintes de chantaje, o así lo leen en el entorno de Puigdemont, es que si no vota este jueves el techo de gasto y facilita la aprobación de los Presupuestos va camino de enfrentarse a un adelanto electoral que cortaría la aplicación de la amnistía para los que ya la tienen en proceso, y también a futuro. Precisamente, una de las cuestiones que más enfado está provocado en el expresidente de la Generalitat es lo que entiende como una «utilización» política de la Ley de Amnistía para desgastar a su partido y mantenerle a él fuera de juego. En realidad, la ley de impunidad está ya en manos de los poderes del Estado, y, sobre todo, de la Justicia. Pero desde el lado de Junts interpretan que el Gobierno está utilizando la mayoría progresista del Tribunal Constitucional como «elemento de extorsión»: «O me das lo que te pido o esa mayoría te dejará fuera de la aplicación de la amnistía». De momento, a Puigdemont se le hacen excesivamente largos los plazos previstos para que el Alto Tribunal dictamine sobre la constitucionalidad de la ley –se ha hablado de más de un año.

Todo está tan sometido al imperio de los partidos que ya está normalizado que se piense que el futuro de la ley de impunidad, al menos en lo que afecta al TC, está únicamente en una decisión que se tome en Moncloa. Y esto es lo que realmente está marcando la guerra que mantiene Puigdemont con el presidente del Gobierno.

Para ir allanando el terreno de manera preventiva, ante el riesgo cierto de que Puigdemont no vote la senda de gasto, desde el equipo de divulgación de Moncloa están esparciendo ya la idea de que en 2024 no habrá Presupuestos, pero sí esperan que haya aproximación presupuestaria, y en otras cuestiones como las competencias en inmigración, para el próximo año.

Si el jueves cae la senda de gasto, podría incluso ocurrir que el PSOE la retirase de votación antes de sufrir tan contundente derrota, el horizonte inmediato apuntado oficialmente hasta ahora es que Hacienda envíe un proyecto presupuestario sostenido en la senda de gasto del 23, pero sabiendo que sería casi un milagro que saliese adelante y que la opción más probable es que haya una nueva prórroga antes de final de año. Como ya ocurrió en 2023, la forma de cubrir algunas de las cuestiones que se quedarían colgando por la falta de Presupuestos sería un nuevo decreto ómnibus. Uno de los temas más delicados en los que trabaja Hacienda, por su impacto entre su electorado, es el proyecto de ley para convertir en impuestos permanentes los gravámenes a la banca, a las energéticas (con las bonificaciones negociadas con los nacionalistas vascos) y a los grandes patrimonios. Es un tema complejo desde el punto de vista técnico, y que exige una ley para tramitarse.

Por su parte, el secretario general de JxCat, Jordi Turull, advirtió ayer al PSOE de que sus diputados volverán a votar en contra del techo de gasto en el Congreso «si la propuesta que presenta es la misma» de julio y a la que la formación independentista ya se opuso entonces. Así lo dijo en declaraciones a la prensa en Girona tras inaugurar la oficina parlamentaria de JxCat, cuando faltan tres días para que el Congreso vote de nuevo este jueves la senda de estabilidad, un paso previo a la elaboración de los presupuestos para 2025, informa Efe.

«Nuestro voto no puede producir sorpresas. Todo lo que sea para consolidar el “café para todos” no tendrá nuestro voto, para agravar el déficit fiscal de Cataluña no tendrá nuestro voto, para una invasión de competencias no tendrá nuestro voto», dejó claro el secretario general de Junts.