Enrique López.- Decía Karl Marx que la historia ocurre primero como tragedia y después como farsa, y está ocurriendo en España. En 1940 Lluís Companys, presidente de la Generalitat durante la Guerra Civil Española, fue arrestado en Francia por la Gestapo y entregado al régimen franquista, que lo condenó a muerte. En 2024 el procesado en rebeldía Puigdemont eludió hace dos días una orden de detención emitida por el Tribunal Supremo tras pasearse por las calles de Barcelona protagonizando un acto público a plena luz del día.

No cabe duda de que estamos ante un espectáculo rayano en la farsa muy alejado de la pretérita tragedia; no es necesario por ocioso explicar las abismales diferencias entre una dictadura y una democracia, así como la naturaleza y legitimidad de las resoluciones judiciales dictadas en uno y otro caso.

Desde la perspectiva del Estado de derecho, que implica que todas las personas, incluyendo figuras públicas y políticas, están sujetas a la ley, un suceso como el acontecido esta semana supone un debilitamiento de este principio. La ley debería aplicarse de manera uniforme, sin importar la figura política o el contexto. En este caso, la incapacidad para ejecutar una orden de detención puede dar la impresión de que hay excepciones a la ley o que ciertos actores políticos pueden evadir la justicia. Esto podría erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y en la imparcialidad del sistema.

Desde una perspectiva de praxis política algunos van a contextualizar este suceso dentro de un intento de evitar una escalada de tensiones en un momento políticamente delicado, lo cual podría interpretarse como un enfoque pragmático para mantener la estabilidad social y política. Sin embargo, podría situarnos ante una posible concesión a un político que ha desafiado repetidamente la legalidad vigente, lo que podría ser percibido como una debilidad del Estado.

A nivel internacional, este acto compromete gravemente la imagen de España como un país con una democracia consolidada y un Estado de derecho fuerte, algunos observadores internacionales podrían interpretar la no detención como una señal de que las divisiones internas están afectando la capacidad del país para hacer cumplir sus propias leyes, lo que podría dañar la reputación de España en foros europeos y globales.

Por último, desde una perspectiva estrictamente política, este evento puede ser percibido como un movimiento estratégico lo cual sería muy grave e irresponsable, amén de otras consecuencias legales.

En cualquier caso, es inadmisible incluso en el terreno teórico que haya podido darse una inteligencia de esta naturaleza, puesto que la no aplicación de una orden judicial de detención compromete la percepción de un Estado de derecho robusto y plantea preguntas sobre la coherencia en la aplicación de la ley en España.

Lo ocurrido no ayuda a reforzar la imagen democrática del país, tanto a nivel interno como internacional y tampoco ayuda a restaurar la confianza en sus instituciones y en la capacidad del Estado para gestionar conflictos políticos complejos.

Algunos no tienen en cuenta que para negociar unos indultos primero debieron producirse unas condenas y para poder negociar una amnistía se cometieron con carácter previo graves hechos delictivos por parte de personas plenamente identificadas.

La historia pondrá a cada uno en su sitio, a los que delinquieron, a los que aplicaron la Constitución y la ley ante ello y por último a los que negociaron su perdón y el olvido del delito, y la historia es un juez implacable. Como decía Tito Livio “el pueblo, engañado por una falsa apariencia de bien, desea muchas veces su propia ruina”. Los pueblos repiten sus errores porque ignoran la historia, y en España además se reescribe en el BOE mediante ideologizadas leyes.