El PP ha tomado la decisión de retrasar todo lo posible el juicio del Tribunal Constitucional sobre la ley de amnistía no sólo porque considere que está «controlado políticamente» por el Gobierno. Y como prueba se remiten al «caso ERE». Además, según la estrategia diseñada en la dirección popular, esta decisión de postergar el pronunciamiento del Alto Tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido buscar «dar tiempo a Europa» y «a la nueva Comisión también».

El PP ya se dirigió a la Comisión Europea, vía carta, para que valore y actúe contra la ley de amnistía. No hubo respuesta, y no la habrá, o con esa hipótesis trabajan en Génova, hasta que se formen los nuevos organismos comunitarios después de las elecciones europeas que acaban de celebrarse.

¿Con qué carta juega Feijóo? Con que, en virtud de los resultados que los populares obtuvieron en esos comicios, tendrá más poder e influencia sobre la Comisión y sobre Bruselas para que intervenga en el debate español y contra la polémica medida aprobada por el Gobierno de coalición para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez.

«La Europa que viene es más del PP que la anterior». Una vez que el Supremo ha dicho que no tiene necesidad de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), porque ni considera aplicable la ley de amnistía, en Génova se refugian en el argumento de que quieren armar un buen texto, tanto en la sede nacional como en las comunidades autónomas en las que gobiernan.

Si bien, en lo que están realmente, es en dar tiempo a Europa para que se asienten las nuevas instituciones y de ahí salga un «golpe» contra Sánchez, en el que diplomáticamente llevan tiempo trabajando. En Bruselas siempre preocupó más la renovación del Poder Judicial que la amnistía.

En cualquier caso, Feijóo dejó ayer a Carlos Alsina, en una entrevista en el programa Más de Uno de Onda Cero, una clave que será decisiva en lo que le espera a la amnistía en los próximos meses. «Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional», defendió, después de puntualizar que el PP agotará el plazo de los 90 días para presentar el recurso de inconstitucionalidad.

«Es una decisión que hemos adoptado desde hace tiempo y yo creo que nos está dando la razón», explicó, señalando al fallo del Tribunal Supremo que se conoció el lunes y por el que se rechaza aplicar la amnistía al delito de malversación que se atribuye a Puigdemont y a los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig.

Uno de los motivos que ha esgrimido el PP para justificar que no haya presentado todavía los recursos de inconstitucionalidad, que llevan meses anunciando, que querían esperar a que los jueces planteasen cuestiones prejudiciales a Europa en las que apoyarían esos recursos. El Supremo no lo ha hecho finalmente así porque considera que no hay nada que preguntar.

Pero en la decisión de postergar todo lo posible el pronunciamiento del Constitucional influyen otros factores estratégicos dentro del pulso político que acompaña a la amnistía y que puede afectar a las próximas elecciones generales. Entre ellos, que el PP no se fía de un Constitucional con una mayoría progresista a la que acusa de actuar con criterios políticos. Prefiere que hable Europa.

Desde el PP recuerdan la presencia en el TC del ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y de Laura Díez, ex directora general del Ministerio de Presidencia con Félix Bolaños, los dos socialistas que llevan menos de cinco años fuera de la política y que forman parte del bloque progresista que decanta a su favor la mayoría de las resoluciones que se adoptan en el TC.

Los dos bloques, conservadores y progresistas, están funcionando con una unidad bastante firme, sobre todo en los asuntos más políticos y en los que se juega más el Gobierno de coalición.

Es evidente que la resistencia del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont gira ahora el foco hacia el TC.

Precisamente cuando su agenda está centrada en «suplantar», según lo que entiende la oposición, al Supremo en el «caso ERE» al anular las condenas por malversación impuestas por la Audiencia Provincial de Sevilla y de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Ayer el Constitucional dictaminó la primera excarcelación de un ex alto cargo condenado por los ERE, al estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por Miguel Ángel Serrano Aguilar, condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a las penas de seis años, seis meses y un día de prisión. La sentencia cuenta con el voto particular de ala conservadora, en una semana en la que el TC seguirá deliberando sobre los recursos de amparo que afectan a un total de cinco ex altos cargos.

Las prisas del Gobierno por renovarlo se acabaron cuando consiguió su control

Cabe recordar que la prisa del Gobierno por renovar el Constitucional se les terminó cuando consiguieron recuperar la mayoría progresista, porque para la plaza del magistrado conservador que quedaba vacante han tardado dos años en confirmarla.

En la redacción de la ley, el Gobierno intentó blindar al presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, por la vía de sostener en la norma que la cuestión de inconstitucional del juez no suspende su aplicación, a pesar de que la ley orgánica del Tribunal Constitucional dice que sí.

Como todo apuntaba a que el Supremo elevaría de inmediato la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), así «se libraba a Conde-Pumpido de pasar a la historia como ocurrió con la sentencia de Rumasa». Pero la negativa del Supremo de acudir de momento al TJUE vuelve a poner el foco en el Constitucional.

En medios judiciales dan por descontado que más allá de las cautelares en los recursos de amparo, que se rechazarán, el TC resolverá sobre el fondo del asunto cuando Conde-Pumpido, al que le quedan dos años, deje el TC, es decir, que el tema se dejará dormir.