Mayte Alcaraz.- Anotemos la fecha: 30 de mayo de 2024. Es el día de una de las mayores desgracias de la democracia española. Y anotemos a su responsable: Pedro Sánchez. Aquel que fue a las elecciones del 23 de julio como uno de los principales detractores de la amnistía. Después, por siete cochinas monedas de plata, nos la recetó como relajante muscular en Cataluña.

Ayer, los amnistiados, muy poco relajados, gritaron en el Congreso: «La lucha continúa» (Junts) y «siguiente parada, referéndum» (ERC), mientras se ufanaron de que el Estado les ha pedido perdón, que en España se persiguen las ideas políticas y que los españoles somos desiguales. El responsable acudió al final de la infame sesión, para votar y pasar lista a los traidores socialistas que, llamados a viva voz, enterraron al PSOE y sepultaron la historia de éxito que fue nuestra transición.

Ayer se aprobó una amnistía que tiene menos seguidores que Óscar Puente en los andenes de Cercanías de Madrid. No la quieren siete de cada diez españoles, no la quisieron los socialistas hasta que Pedro Sánchez necesitó los siete votos de Puigdemont, no la quieren los jueces y fiscales (los del procés se lo dijeron ayer a García Ortiz), ni el tribunal sentenciador, el TS, al que se deslegitima otorgando impunidad a sus sentenciados, no la quieren los constitucionalistas, que denuncian su atropello a la Carta Magna, no la quiere Europa, ni Page ni Lambán, ni Felipe, ni Guerra. Pero la quiere Sánchez y Sánchez está por encima de la ley, de los jueces, del derecho internacional y de los españoles. Como el Rey Sol: el Estado soy yo.

En el día de la infamia, una mayoría compuesta por minorías odiadoras de España aprobó la impunidad de los delitos con un criterio claro: no hay delitos siempre que los hayan cometido las élites separatistas catalanas y los que les hicieron la ola. Malversación, sedición, alta traición son pecadillos de unos gudaris de la libertad que solo colocaron urnas para votar. El Estado les pide perdón, se arrodilla ante ellos y se compromete a no volverlo a hacer. Y Sánchez, por si a los jueces y a la policía y guardia civil les da por reprimirlo si hay ocasión –que la habrá– les ha quitado los instrumentos legales y jurídicos para defenderse. Para que jueguen a la gallinita ciega con Oriol y Carles.

Y cuando un presidente se atreve con este aniquilamiento planeado del Estado de Derecho ya no tiene límites. Él decide qué es y qué no delito en España. Denunciar sus desafueros, defender la igualdad de los españoles, señalar los negocios de su mujer, incluso investigarlos, son delitos de lesa sanchidad, propios de fascistas hermanados con Meloni, Milei y Netanyahu. Mientras él solo actúa en nombre del progreso y de la cruzada contra la ultraderecha, sitiándonos en el hazmerreír del mundo.

Y desde esa atalaya ha vuelto a mentirnos. Su último bulo ha sido silenciar que cuando hizo aquella pantomima de los cincos días de ayuno de asistencia a las labores propias de su juramento hipócrita, estaba encorajinado porque su esposa –«la presidenta del Gobierno» en palabras de ese faro de Occidente llamado Patxi López– ya había sido informada de que estaba siendo investigada por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. Es decir, por hacer aquello que repugnaría a cualquier mente mínimamente escrupulosa con la ética: aprovecharse de ser consorte de un jefe de Gobierno, condición que te permite vivir en una Palacio de Patrimonio y disfrutar de otros tres, no pagar nada de lo que dispones, viajar en Falcon y recibir honores y protección de autoridad del Estado.

Afortunadamente, el Estado de derecho todavía sigue en pie. Hasta la Audiencia Provincial acaba de avalar que el juez Peinado, a pesar de los desvelos por evitar lo de García Ortiz, siga instruyendo el sumario contra Begoña, la única persona en España que consiguió para su «cátedra» que tres gigantes tecnológicos crearan gratis un sistema informático.

Quizá no tenga recorrido penal el comportamiento abiertamente inmoral de Gómez, pero tampoco lo tenían los diez casos contra Camps en la Gürtel –del último de tráfico de influencias también acaba de ser exonerado por la Audiencia Nacional– y nunca se escuchó ningún lamento por parte de los que ahora intentan salvar preventivamente a la mujer del César.

Investíguese. Y que Sánchez no pene antes de tiempo: si las cosas vienen mal dadas siempre puede ampliar la vergonzosa ley que ayer aprobó junto a sus indeseables socios e incluir los presuntos delitos de su pareja bajo el mismo argumento político: propiciar la concordia. En este caso, conyugal.