La ministra de Sanidad, Mónica García, en el Congreso

“Se trata de poder prescribir, por ejemplo, grupos de deporte en lugar de rubifén, asociaciones feministas en lugar de sertralina, o un sindicato en lugar de lorazepam”. Esta es la peculiar “receta” del Comisionado de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Sanidad, ante las elevadas cifras de ansiedad, depresión y estrés que se registran entre la población. Y también de consumo de psicofármacos, ya que somos el segundo país europeo donde se consumen más ansiolíticos, después de Portugal, y el cuatro en el uso de antidepresivos.

La responsable de este departamento de reciente creación, Belén González, ha comparecido este jueves ante Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde explicó que su prescripción “esta recomendada por la Organización Mundial de la Salud, y, la intención del ministerio es hacer que sea más frecuente y más eficaz, coordinando con los agentes sociales, los servicios sociales, los barrios y los ayuntamientos para que se lleve a cabo. Además, se va a crear una mesa estable con la Dirección General de Servicios Sociales, a la que se irán incorporando más miembros, para estudiar la manera de llevar a cabo esta iniciativa”.

La “deprescripción” de medicamentos es una de sus medidas “estrella” para mejorar la salud mental de la población. “Desde este Comisionado vamos a impulsar un plan integral para la deprescripción de psicofármacos y para la mejora del uso de psicofármacos dirigida tanto a los equipos de Atención Primaria, de la red de salud mental especializada y con información que empodere a la población general. Vamos a crear materiales formativos a disposición de los clínicos, como guías clínicas y cursos, y vamos a promover la prescripción social como alternativa”, ha anunciado.

Sufrimiento en el trabajo

La comisionada también explicó que se ha iniciado un proyecto para reconocer y registrar todo el sufrimiento psíquico derivado del trabajo. Un proyecto en el que va a participar un grupo multidisciplinar de expertos que incluye desde filósofos a inspectoras de trabajo, pasando por sociólogas, psiquiatras, médicas de familia y enfermeras. “El trabajo cada vez es más difícil, más intenso, más rápido y más precario. Y cada vez hace más daño. Es una responsabilidad como Gobierno que tomemos cartas en un asunto que ya es un problema de salud pública», ha destacado.

La “medicalización” culpable de las listas de espera

Por otro lado, a su juicio, “la medicalización de los problemas sociales” ha tenido dos consecuencias: “la primera, el incremento de demanda en el sistema sanitario, lo que explica parcialmente el aumento desmesurado en las listas de espera; la segunda, los problemas que se derivan de intentar resolver con herramientas sanitarias lo que son problemas sociales».

Suicidio

Belén García dejó para el final la respuesta a una de las demandas que más se ha reclamado al Ministerio de Sanidad desde la pandemia: la creación de un plan nacional para la prevención del suicidio. “Desde el Comisionado de Salud Mental se va a poner en marcha un plan específico que arroje luz sobre las condiciones y desencadenantes de este problema y que tome medidas de eficacia comprobada. Además, ha asegurado que tendrá “financiación independiente”.

Respecto al teléfono 024 de prevención de la conducta suicida, ha destacado que se van a “añadir mejoras como la recomendación de activos de salud para los usuarios que puedan beneficiarse de ello”. Una descripción bastante vaga que podría referise a la petición común de grupos y expertos en suicidio de que este servicio no esté desconectado del Sistema Nacional de Salud, como sucede en la actualidad.

Fuente: La Razón