El Tribunal Supremo (TS) ha anulado por mayoría el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Se trata de la segunda vez en seis meses que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal enmienda al fiscal general, Álvaro García Ortiz, en designaciones de su antecesora, después de que en noviembre del pasado año tumbara también, al apreciar “desviación de poder”, la elección de la exministra de Justicia como fiscal togada, lo que supuso su ascenso a la máxima categoría de la carrera, que ahora pierde tras este nuevo varapalo.

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ordenan retrotraer las actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre la posible incompatibilidad para el cargo de Delgado por la actividad profesional de su pareja, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que dirige un despacho especializado en derechos humanos. Un debate que el fiscal general se negó a abrir en el seno del órgano consultivo desoyendo la petición de varios vocales, que se negaron a emitir el preceptivo informe que acompaña a la propuesta de nombramiento.

Además de la exministra, también optaron al puesto de fiscal de Memoria Democrática el fiscal antidroga Luis Ibáñez, el fiscal jefe de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, y el fiscal del Tribunal de Cuentas Carlos Castresana.

El Supremo anuló en noviembre del pasado año el ascenso de Delgado a fiscal de Sala, tumbando su nombramiento como fiscal togada. La Sala apreció “desviación de poder” en la propuesta de nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al Consejo de Ministros, porque según determinó “tuvo por finalidad asegurar a Dolores Delgado su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal”.

La ex ministra de Justicia recurrió esa decisión, pero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal desestimó el incidente de nulidad y llegó a calificar de “francamente irrespetuoso” el tono de algunas de las expresiones empleadas en el escrito por Delgado, reafirmando que “ninguna de las alegadas vulneraciones de derechos fundamentales puede sostenerse”.

Dos asociaciones recurrieron el “arbitrario” nombramiento

Al igual que sucedió con su designación como fiscal de Sala de lo Militar, su posterior nombramiento como fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática también fue recurrido, en este caso por la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y por otro de los candidatos al puesto, el fiscal antidroga Luis Ibáñez.

Las dos asociaciones defendieron en sus recursos que la elección de Dolores Delgado fue arbitraria y que tanto García Ortiz como la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la fiscal inspectora, María Antonia Sanz, debieron abstenerse en la votación al haber sido nombradas las dos últimas para el cargo por la propia Delgado, que asimismo situó a García Ortiz al frente de la Secretaría Técnica, puesto clave de la Fiscalía General.

La AF señaló también lo que considera una causa de incompatibilidad para ser elegida fiscal de Memoria Democrática: que su pareja, el abogado y exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirija un despacho especializado en casos de derechos humanos sobre los que tendrá que pronunciarse Delgado.

En sus alegaciones, Dolores Delgado replicó que si se produce ese conflicto de intereses, se abstendría de intervenir, y en cuanto a su relación con su sucesor y las dos integrantes natas del Consejo Fiscal expuso que no se ha acreditado que tenga una amistad íntima ni con García Ortiz ni con Sánchez Conde y Sanz que les obligase a abstenerse en su designación.

Sin informe del Consejo Fiscal

Tanto la asociación mayoritaria de la carrera fiscal como APIF también se quejaron de que la propuesta de nombramiento se llevó a cabo sin informe del Consejo Fiscal -que aunque no vinculante sí es preceptivo-, después de que siete vocales se negaran a realizarlo ante la negativa de García Ortiz a debatir la posible incompatibilidad para el cargo de Dolores Delgado por su relación con Garzón.

La AF también vinculaba a este caso la nulidad de su ascenso a la máxima categoría de la carrera, una decisión que según la asociación que preside Cristina Dexeus conllevaba también la nulidad de su nombramiento como fiscal de Memoria Democrática. Según su criterio, y en aplicación de los efectos retroactivos de la sentencia, cuando se produjo esta última designación en junio del pasado año era en realidad fiscal de segunda categoría, y no fiscal de Sala. Y como el nombramiento no vino acompañado de la promoción a fiscal de primera categoría, la AF esgrimió que el acto es nulo de pleno derecho.

Al mismo tiempo, hacía hincapié en que fue la propia Delgado la que, como ministra de Justicia, impulsó la creación de la plaza de fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática para la que resultó elegida tras renunciar al cargo de fiscal general en julio de 2022 por motivos de salud.