La Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, más conocida como la Comisión de Venecia, por reunirse en esa ciudad italiana, es, en la propia descripción del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, del que es titular Félix Bolaños, «el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional» y su papel consiste principalmente en «brindar asesoramiento jurídico a sus Estados miembros y, en particular, ayudar a los Estados que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en los campos de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho».

O dicho de otra forma, orienta a los gobiernos para que se comporten como demócratas. De ahí que no sea en absoluto despreciable ni, por supuesto, manipulable, su toma de consideración previa sobre la Proposición de ley de Amnistía que impulsa el Ejecutivo español –paso previo a la elaboración del correspondiente informe– en la que se plantean dudas de procedimiento y de oportunidad política de tal calado que aconsejarían reflexión y mesura a La Moncloa antes de empeñarse en un error que toda la potencia propagandística del sanchismo será incapaz de acallar.

En esta fase, los juristas de la Comisión no entran en la constitucionalidad o no de la ley, pero subrayan que la Carta Magna no la contempla y, además, recuerdan que prohíbe expresamente los indultos generales y advierten de la conveniencia de una reforma de la Constitución, en sintonía con los letrados del Congreso, para su correcto encaje jurídico.

Por supuesto, no se dejan enredar por el preámbulo de la justificación de motivos, plenamente conscientes de que se trata de un acto político a cambio de una investidura que ha provocado una profunda división social en España, lo que se contradice con el objeto «conciliador» de la ley. Critican el procedimiento legislativo, que limita la participación de los distintos órganos e instituciones públicas en la redacción de la ley y ponen de manifiesto el riesgo de una prisa excesiva.

Pero, a nuestro juicio, lo más determinante es la advertencia de que los jueces deberán tener siempre la última palabra en la aplicación de la ley, pues de lo contrario se contravendría de facto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y del Derecho Europeo, que establece que si una norma choca con el ordenamiento jurídico debe suspenderse su aplicación.

Hay más consideraciones sobre la vaguedad en el marco temporal de la ley, la quiebra del principio de igualdad, la inseguridad jurídica resultante y, como era de esperar, opone la doctrina europea contra la amnistía de delitos de terrorismo y de corrupción. En definitiva, que los garantes del sistema democrático, como la mayoría de los españoles, no ven clara la legitimidad de la ley.