Antonio Casado.- El caso “Ábalos” (incompetencia en el desempeño de un cargo político que desconoce lo que hace un subordinado de su confianza) es un pozo sin fondo en cuestiones éticas. No sé por dónde empezar. Por ejemplo: el cuestionamiento de la autoridad del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, a quien su exministro de confianza acusa de convertirle en un “apestado” y de practicar una especie de “populismo justiciero” so pretexto de combatir la corrupción.

En lo de cuestionar a Sánchez se coincide dentro y fuera de casa. Lógico. Si Ábalos se declara en rebeldía desde tan dentro de la estructura de poder, ¿cómo no van a declararse objetores los que están fuera, sean o no sean seguidores o votantes de las siglas PSOE?

Donde las dan las toman. Pero solo en un ecosistema contaminado por la conquista del poder a cualquier precio. O sea, sin limitaciones éticas. A Sánchez le hizo el PSOE en 2016 (¿Recuerdan ustedes aquel comité federal de “Puerto Urraco”?) lo que Sánchez le hace a Abalos en 2024: ponerle el sambenito de la indignidad y echarlo a patadas. El victimismo del uno es como el del otro.

Ferraz es de Sánchez, y de ahí la suspensión de militancia y el expediente de expulsión. Pero el templo del Congreso, no, y de ahí que el exministro se niegue a entregar su acta de diputado. Pero todo el mundo sabe que el escaño de hecho es del partido, cuya dirección decide quién va en las listas. Ergo, el PSOE se cisca en el principio constitucional de que el diputado, exento de “mandato imperativo”, se debe a los ciudadanos, no a su partido, mientras que Ábalos se cisca en el hecho de un diputado lo es por decisión de sus jefes políticos, lo cual le desautoriza para aferrarse al escaño como “la única forma de defenderme”.

Sobrevolemos a los actores del drama (Sánchez, Ábalos, Cerdán y el tal Koldo García) para reparar en las trampas de la vida política. Aquí nos topamos de nuevo con la insoportable levedad de un oficio impostado y palabrero, con tendencia a chapotear en su propia charca y descuidar sus deberes de servicio a los ciudadanos. Entre otras cosas, luchando contra la corrupción en sus propias filas del “caiga quien caiga”, siempre de aplicación tardía. O sea, cuando el mal ya está hecho.

¿Hubiera destapado la clase política, y especialmente el Gobierno de turno, el escándalo de las mascarillas (el caso “Koldo” que nos ocupa) sin esperar a que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción hicieran su trabajo?

Y ahora, la pregunta de Feijóo a Sánchez en la habitual sesión de control parlamentario al Gobierno: “¿Lo sabía usted”?

Preguntar no ofende, pero, en vez de responder, el presidente arremetió contra el preguntante. (Esto no ha hecho más que empezar).