Dos policías nacionales heridos durante los altercados provocados por Tsunami Democràtic en la jornada de “huelga general” convocada en Cataluña el 18 de octubre de 2019 en protesta por la sentencia del “procés” han solicitado al Tribunal Supremo que acepte su personación como perjudicados en las actuaciones abiertas una vez el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón remitió la exposición razonada al alto tribunal solicitando la imputación de Carles Puigdemont como supuesto integrante de la cúpula de la plataforma independentista.

Aunque la Sala Penal aún no se ha pronunciado sobre la apertura de una investigación -opción que reclaman doce de los 15 integrantes de la Junta de Fiscales-, en un escrito los abogados de los dos agentes, que ya ejercen la acusación en la causa que instruye García Castellón, traslada al Supremo su decisión de personarse “como perjudicados”, al presentar “lesiones derivadas de los actos de terrorismo que se produjeron en la jornada de huelga”.

Es precisamente la gravedad de las lesiones causadas a estos agentes -que obligó a uno de ellos a retirarse del servicio con 45 años- uno de los principales indicios de terrorismo que García Castellón aprecia en las acciones de Tsunami. El instructor considera que los ataques sufridos impiden “minimizar lo ocurrido”, pues ya dejó claro que es algo “incompatible con el derecho a la vida e integridad física” que consagra el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, un supuesto excluido de la amnistía según la redacción actual de la proposición de ley que defienden PSOE y ERC y que Junts quiere blindar para evitar rendijas que permitan a los jueces sortear su aplicación.

La defensa de los dos policías, que ejerce el despacho Fuster-Fabra, se remite a los argumentos expuestos el pasado noviembre a García Castellón para ejercer la acusación en el “caso Tsunami” como perjudicados, que justificaron por las lesiones sufridas a consecuencia de los actos de “terrorismo callejero” que se produjeron en la jornada de huelga.

En ese relato de hecho, hacía referencia a los “diferentes disturbios protagonizados por sectores radicales violentos que tuvieron como objetivo de sus ataques”, entre otros, las dependencias de la Jefatura Superior de Policía en Vía Laietana, que estaba custodiada por efectivos de la UIP “desplegados como parte del dispositivo extraordinario de seguridad planificado” para garantizar “la protección de edificios del Estado e infraestructuras críticas y, en su caso, restablecer el orden público en coordinación con los Mossos de Esquadra”.

Los dos policías, explica, “se encontraban de servicio aquel día” en el Equipo de Mando y Apoyo del jefe de la II UIP y “tenían como principal cometido la protección de la Jefatura Superior de Policía”.

Técnicas de “terrorismo urbano” de la “kale borroka”

Sobre mediodía, relata la defensa de los agentes, la actitud de los asistentes “comenzó a tornarse muy violenta”, estando “completamente organizada contra los agentes del orden público”, incluyendo el lanzamiento de todo tipo de objetos contundentes (botellas de cristal llenas, piedras, tornillería, rodamientos metálicos, latas de cerveza, etc.) y la difusión de consignas como “fuera las fuerzas de ocupación” o “si tienes un hijo subnormal que sea policía nacional”. Todo, añade, en un contexto de “creciente hostilidad” que se prolongó unas dos horas y durante el que “la fuerza desplegada mantuvo la posición para proteger el citado edificio”.

A las 14:00 horas, llegó al lugar “un grupo de personas encapuchadas y embozadas que, ganando posiciones hasta alcanzar la primera línea de la manifestación” y usando “técnicas de combate similares al terrorismo callejero practicado en comunidades autónomas como el País Vasco, comenzaron a lanzar de nuevo todo tipo de objetos contundentes con una indudable capacidad lesiva, incluyendo botellas y latas en cuyo interior había líquido corrosivo”.

Uno de los policías fue alcanzado entonces en su mano derecha por el impacto de una botella rota, “cayendo al suelo y notando un fuerte dolor”. Para protegerlo, fue asistido por el oficial al mando de su equipo, pudiendo trasladarse por su propio pie y con la ayuda de un compañero a la Jefatura Superior para ser atendido por las asistencias médicas.

Lanzamiento de adoquines, bolas de petanca y cócteles molotov

Sobre las ocho de la tarde, encontrándose en la Plaza de Urquinaona “parapetados ante la imposibilidad de avance por la intensidad de los ataques, de estilo terrorismo urbano o kale borroka” -que incluía el lanzamiento de “adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje”- con el objetivo de “el mayor número de bajas posibles” entre los policías, el agente “recibió un impacto muy fuerte de un objeto lanzado por los manifestantes que golpeó sobre el lado derecho de su casco, cayendo al suelo desplomado y perdiendo el conocimiento por completo”.

El otro policía recibió en el mismo lugar “un fuerte impacto en su mano”, sufriendo “una grave fractura abierta en el radio de su brazo derecho con desplazamiento” que, tras varias intervenciones quirúrgicas, le ha obligado a jubilarse a los 45 años, “al no reunir las condiciones físicas necesarias para seguir ejerciendo como policía”.

La defensa de los agentes se opuso a la petición de la Fiscalía de que la causa se traslade a los juzgados de Barcelona y resaltó en defensa de García Castellón que los objetivos de alterar la paz pública y subvertir el orden constitucional, característicos del terrorismo, están presentes “de manera innegable en el marco de las investigaciones de la organización Tsunami Democràtic”.

“Todas las actuaciones llevadas a cabo por Tsunami Democràtic -subrayaron entonces los letrados- han requerido de una organización previa, ordenada y de coordinación entre todos los integrantes” de la plataforma.