Vicente Vallés.- Resulta una extravagancia que a estas alturas del siglo XXI España se dedique a debatir qué es y qué no es terrorismo. En 2015, el presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición Pedro Sánchez acordaron una reforma del Código Penal para reforzar las herramientas de las fuerzas del orden y de los jueces para poner freno, por ejemplo, a yihadistas que se hubieran radicalizado a través de internet, aunque, por el momento, su único pecado hubiese sido de pensamiento.

La semana pasada fue detenido en Barcelona un individuo cuya actividad consistía en manejar criptomonedas para financiar al Daesh. No tenía explosivos ni planeaba atentados ni quemaba contenedores en la plaza barcelonesa de Urquinaona ni asaltaba el aeropuerto de El Prat. Pero está en la cárcel. Se podría decir del detenido que es un terrorista de salón, de esos que delinquen con un ordenador. Y, sin embargo, será acusado de terrorista en aplicación de la reforma del Código Penal de 2015, con Sánchez como coautor.

Acusar de terrorismo a Puigdemont es discutible. Se podrán encontrar razones para negarlo, y también para lo contrario. Lo innegable es que Puigdemont, Junqueras y sus colabores han conseguido éxitos políticos muy importantes. La dependencia que Sánchez tiene de ellos para mantenerse en el poder, y la determinación del presidente de hacer lo que sea necesario para no perderlo, están redibujando la arquitectura jurídica de España en beneficio de unas personas concretas, con nombres y apellidos. Y, en paralelo, se pretende que desaparezcan de la memoria colectiva unos hechos tan concretos como sus autores.

Los independentistas que atentaron contra España en 2017 y provocaron graves consecuencias en la convivencia de todos, ya han conseguido ser indultados, han forzado la eliminación del delito de sedición y la rebaja de la malversación, están a punto de ser amnistiados y, por el camino, podrían conseguir que el presidente reformara leyes muy importantes que son de todos, pero solo para satisfacer la necesidad de unos cuantos que, lejos de querer lo mejor para España, solo ansían destruirla.

Según ha anunciado el presidente en Galicia, en este plan quedan 1.265 días más de legislatura.