No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. No hay taxonomía límpida cuando se trata de encuadrar actividades criminales contrarias a los más elementales derechos humanos. El terrorismo es uno y está adecuada y perfectamente definido y reconocido. No existe código, directiva o convenio que fundamente doctrinal ni intelectualmente el despropósito político que ha dado a luz el engendro legislativo convertido en una enmienda a la ley de amnistía redactada a varias manos con los delincuentes a los que se pretende recompensar.

Por esa razón, la iniciativa contrademocrática resulta tan vulnerable y deshilachada. Muy probablemente, porque no habrá sido sencillo que algún jurista de reconocido prestigio y competencia se haya prestado a este timo a la Constitución y a la legalidad.

Hasta los propios padres del «terrorismo bueno», en el gobierno y fuera del mismo, han sido tan conscientes de sus taras que han dedicado sus principales esfuerzos a protegerlo de la propia acción de la Justicia y de la Ley con sucesivos blindajes. Al igual que ha ocurrido con el texto de la Amnistía, que recoge en la redacción numerosas referencias a su constitucionalidad, como si de cualquier administración en un estado de derecho se pudiera esperar otra cosa. Dime de qué presumes y te diré de qué careces, nos ilustra el sabio refranero. Y como cabía suponer, ni siquiera el autoritarismo democrático puede desempeñarse de manera arbitraria y discrecional en el ámbito de los principios básicos del estado de derecho sin consecuencias y con la seguridad de que la voluntad del poder se impondrá.

El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, el juez del caso Tsunami, ha atribuido a Carles Puigdemont conductas delictivas que violaron derechos humanos y que no se pueden amnistiar, según la enmienda pactada por PSOE, Junts y ERC. En un nuevo auto ha defendido que algunos de los sucesos en las protestas contra la sentencia del «procés» encajan en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en concreto los brutales ataques a dos agentes que bien pudieron haber perdido la vida, y que se encuentran ahora personados en la causa.

Se ha referido de manera explícita a que el prófugo de la Justicia «asumió» que podía haber muertos en las algaradas y que nada hizo para evitarlo pese a que «ostentaba el dominio de la acción». A estas alturas de un régimen que ha perdido el norte y la consciencia del orden moral en la acción pública, no esperamos, aunque lo deseamos, que Pedro Sánchez rectifique y entienda que el camino elegido al margen de la Constitución, la institucionalidad, Europa y el pueblo acarreará consecuencias críticas para todos. Damos por hecho que el cerco a los jueces continuará y se encarnizará. Tal es la naturaleza del poder que se maneja con pulsión despótica.

Nadie está por encima de la Ley y nadie está legitimado para conducir al estado, que ampara el bien común, a un punto de no retorno.