Dinamarca es uno de los países más ricos del mundo. No solo ostenta una de las rentas per cápita más elevadas a nivel global, también ha sido en las últimas décadas uno los países más igualitarios en términos económicos. Una baja tasa de paro, un mercado laboral que funciona como un ‘reloj suizo’, unas políticas activas de empleo que son la envidia de toda Europa y un vasto, pero eficiente Estado de Bienestar han convertido a Dinamarca en el ejemplo a seguir para muchos países. Sin embargo, este país está implementando una política que, quizá, no gustaría muchos de los que quieren seguir el camino danés: el Gobierno socialdemócrata de Dinamarca va a seguir adelante con la demolición de barrios enteros ocupados por ciudadanos ‘no occidentales’, una medida un tanto polémica que, sin embargo, cuenta con gran apoyo dentro del propio país.

La sensación de inseguridad y el reciente incremento de la desigualdad en Dinamarca podría estar relacionados con la creación de guetos: barrios ocupados por familias de bajos ingresos y que habitualmente suelen provenir de países o culturas diferentes. Por ejemplo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad de ingresos en un país, se ha disparado en Dinamarca hasta rozar la escala de 30, unos niveles que se acercan ya a los países del sur de Europa, por ejemplo.

Este coeficiente va del 0 al 100. El cero supone que toda la población tiene la misma renta (la igualdad absoluta) y el 100 que solo un individuo ostenta toda la renta del país. Dinamarca ha liderado históricamente este indicador con niveles entre 22 y 25. En los últimos años, el coeficiente de Gini ha subido con intensidad, lo que deja entrever que hay algo que está fallando. Normalmente, sociedades desiguales son sociedades con menor seguridad. Esto está llevando al Gobierno a tomar duras medidas contra los guetos.

Dinamarca lucha contra los guetos

Así, muchos de los inmigrantes que llegaron desde Asia y África ahora se ven obligados a abandonar sus hogares en virtud de un programa gubernamental que exige efectivamente la integración en ciertos vecindarios de bajos ingresos donde viven muchos inmigrantes “no occidentales”.

En la práctica, eso significa que miles de apartamentos serán demolidos, vendidos a inversores privados o reemplazados por nuevas viviendas destinadas a otro tipo de perfiles (y a menudo no inmigrantes), para estimular la integración e impedir que se generen guetos como ha ocurrido en los barrios más peligrosos de Suecia.

El gobierno defiende que el plan tiene como objetivo desmantelar las “sociedades paralelas”, que los políticos describen como enclaves segregados donde los inmigrantes no participan en la sociedad en general ni aprenden danés, incluso cuando se benefician del generoso sistema de bienestar social del país. Los opositores dicen que es una forma contundente de discriminación étnica y gratuita en un país que tradicionalmente mostraba una baja desigualdad de ingresos y donde la tasa de pobreza en las zonas más humildes es mucho menos pronunciada que en muchos países del entorno.

Los barrios más complejos

En áreas como Vollsmose, un suburbio de Odense donde más de dos tercios de los residentes provienen de países no occidentales (principalmente musulmanes), el mandato del gobierno se está traduciendo en demoliciones de gran alcance, aseguraba un artículo publicado en The New York Times a finales de 2023.

Hans Skifter Andersen, profesor de la Universidad de Aalbord, explicaba hace tiempo en un blog de la London School of Economics que la aplicación de la “ley del gueto” supone una reducción de la vivienda social y, especialmente, de la vivienda con precios de alquiler moderados. Además, restringirá las opciones de vivienda para las minorías étnicas y las personas desempleadas o con bajos ingresos.

“El criterio más importante en la selección de un ‘gueto’ es que la proporción de residentes que son inmigrantes o descendientes de inmigrantes de ‘países no occidentales’ no debe exceder el 50%. No hay distinción entre ciudadanos daneses y no ciudadanos. Este enfoque ha sido acusado de violar las convenciones internacionales contra el racismo, y algunos de los residentes que corren el riesgo de ser expulsados de sus hogares han iniciado acciones legales contra el gobierno.

No obstante, el gobierno se defiende y asegura que el plan tiene como objetivo, precisamente, desmantelar las “sociedades paralelas” donde los inmigrantes no participan en la sociedad en general ni aprenden danés, incluso cuando se benefician del generoso sistema de bienestar social del país. De este modo, desde el Gobierno creen que este tipo de políticas promueven todo lo contrario: son medidas integradoras que persiguen la cohesión de la sociedad y lograr que futuras generaciones tengan oportunidades similares. Sin este tipo de medidas, los guetos terminan convirtiéndose en pequeñas islas de pobreza que se cronifican.

La ley exige que en los vecindarios donde al menos la mitad de la población sea de origen o ascendencia no occidental, y donde existan al menos dos de las siguientes características (bajos ingresos, bajos niveles de educación, alto desempleo o un alto porcentaje de residentes que han tenido condenas penales) la proporción de viviendas de alquiler socia debe caer a la zona del 40% o menos para 2030. Eso significa que será necesario vaciar o derribar más de 4.000 unidades de vivienda pública. Al menos 430 ya han sido demolidas.

La decisión sobre qué viviendas seguirán siendo públicas la tomarán los gobiernos locales y las asociaciones de vivienda. La asociación que opera en Vollsmose afirma que sus decisiones no se basan tanto en si un edificio está en mal estado, sino más bien en su ubicación y en si funcionará bien en el mercado. A los residentes desplazados se les ofrecen opciones alternativas de vivienda pública en otros edificios o barrios.

Economía y desigualdad

Skifter Andersen explica que “las minorías étnicas suelen tener dificultades para acceder a viviendas distintas de lo que se encuadra como viviendas sociales, especialmente no pueden acceder al alquiler privado. En la mayoría de las zonas de vivienda afectadas por la ley de guetos hay una población muy diversa formada por residentes procedentes de muchos países diferentes con relaciones mutuas débiles. Las zonas son bastante inestables con una constante rotación de residentes. Se ha demostrado que estas propiedades han sido utilizadas a menudo por nuevos inmigrantes, que se mudan nuevamente una vez que consiguen mejores trabajos. Los que quedan suelen ser personas con problemas sociales”, advierte.

Finalmente, uno podría preguntarse por qué un país como Dinamarca ha introducido una política de vivienda que tiene implicaciones tan duras para los pobres y las minorías étnicas. “La respuesta está en la situación política en Dinamarca, particularmente en la pérdida de apoyo que los socialdemócratas han experimentado en los últimos años hacia el Partido Popular Danés, que fue fundado en parte como una protesta contra la inmigración. Esto ha garantizado que uno de los elementos más importantes de la política danesa sea hasta qué punto los partidos pueden atraer a votantes que están en contra de la inmigración. En esta contienda, la ‘lucha contra las sociedades paralelas’ sigue teniendo un alto valor simbólico”, sentencia el profesor universitario.

elEconomidta