Francisco Marhuenda.- No hay que sorprenderse ante los ataques de los independentistas, los comunistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA contra la separación de poderes. Lo insólito es que sean los aliados que Sánchez ha elegido para seguir siendo presidente del Gobierno. Es la inquietante anomalía española. Estamos asistiendo al más grave desafío contra el ordenamiento constitucional que hemos vivido desde su aprobación en 1978. Una vez sometido el Poder Legislativo ahora toca hacer lo mismo con el Judicial. Este autoritarismo populista se sustenta en otorgar a las Cortes unas competencias soberanas que no contempla la Constitución. No sirve la idea de que lo que no está prohibido está permitido, porque los poderes públicos no pueden hacer aquello para lo que no están habilitados. Esto afecta a la proposición de ley de amnistía, pero también a las comisiones creadas bajo la inspiración del concepto neomarxista del lawfare con el fin de acabar con la independencia de los jueces. No les gusta el modelo de juez constitucional sometido únicamente al imperio de la ley. El rechazo ante esta ofensiva debería unir a todos aquellos que forman parte del Poder Judicial, al margen de sus simpatías políticas, para impedir este grave retroceso democrático.

Es habitual utilizar la frase «cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho» atribuida a Simón Bolívar. En esta línea, el político puertorriqueño Pedro Albizu consideraba que «cuando la tiranía es ley, la revolución es orden, es la hora suprema, es la hora de la disciplina, es la hora de la intensa preparación, es la hora del silencio, del silencio que precede a las grandes tempestades. Cuando los pueblos se encierran en el silencio de sus almas, infunden temor a los más grandes déspotas de la tierra». En nuestro caso, «cuando el autoritarismo es ley, la resistencia democrática y pacífica es un derecho». No podemos aceptar una mutación constitucional, una amnistía injusta que está basada en la mentira, la destrucción de la separación de poderes y la descomposición de las instituciones. Por ello, hay que ejercer el pacífico y legítimo derecho de resistencia al autoritarismo.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).