Ser presidente del Gobierno no es cosa menor, como diría uno que lo fue, y vencer en las elecciones no garantiza al instante la condición de inquilino del Palacio de la Moncloa cuando se carece de los apoyos parlamentarios necesarios para lograrlo. Las elecciones generales confirmaron dos bloques muy empatados: el de la izquierda liderado por el PSOE de Pedro Sánchez y el de la derecha comandado por el PP de Alberto Núñez Feijóo. Ni uno ni otro tienen mayoría suficiente y dependen de su capacidad de convencer a quienes pueden dársela.

Feijóo, el ganador de la noche electoral, cuenta con el respaldo de Vox y de UPN. Necesita además el único voto de Coalición Canaria y los cinco del PNV, al igual que Sánchez que, apoyado por Sumar y Bildu, también precisa a los nacionalistas de Junts, ERC y BNG.

Estas cinco formaciones se saben decisivas y se dejan querer esperando ofertas de pactos y dejando claro que ningún apoyo está asegurado. Quienes aspiran a dirigir el país deben desplegar las mejores dotes de persuasión para inclinar la balanza a su favor, pero ¿de qué hay que hablar para ser presidente del Gobierno?

De financiación autonómica, por supuesto

En el PSOE quieren que en la próxima legislatura queden aparcadas las posiciones de “máximos” de los últimos años y pactar con las comunidades la reforma de su sistema de financiación, pendiente desde hace 14 años. En el PP y Vox dudan de esa voluntad de los socialistas y la enmarcan en el “mercadeo” de escaños y las “cesiones” a los separatistas.

Esta semana se ha difundido la idea de que el PSC podría estar hablando con ERC y Junts de quitas en la deuda de Cataluña con el Estado a cambio de apoyar a Sánchez, lo que ha revolucionado al resto de autonomías, que se niegan a que haya acuerdos bilaterales sobre los fondos destinados a las autonomías.

Desde algunos territorios se ve la propuesta, además de una cesión al independentismo, como una cortina de humo para tapar exigencias que chocan con el marco constitucional. Lo mismo creen que ocurre con la oferta de Sumar de permitir el uso sin restricciones de las lenguas cooficiales en el Congreso.

Amnistía y autodeterminación para Cataluña

Aún así, ERC espera poder “mover” a Sánchez hacia el referéndum y recuerda que “decía que eran imposibles los indultos y eliminar la sedición”, pero ambas cosas han sido conseguidas.

Con siete escaños esta formación ha puesto encima de la mesa tres condicionantes: seguir negociando el conflicto político entre el Estado y Cataluña, el traspaso de Cercanías y acabar con el déficit fiscal catalán.

Amnistía y autodeterminación es el precio que ha puesto JxCat a sus también siete votos, unos objetivos imposibles si han de traducirse en una ley de amnistía y un referéndum que los socialistas han descartado, por no verles encaje constitucional. El PP no habla con los de Carles Puigdemont.

Primordial es completa el Estatuto de Gernika

Y el PNV se niega a hacerlo con el PP, principalmente por sus acuerdos autonómicos con Vox, lo que resta casi todas las posibilidades a Feijóo para ser investido.

Los nacionalistas vascos sí están dispuestos a negociar con el PSOE, al que piden un acuerdo sobre el modelo territorial en Euskadi y Cataluña para que sus cinco diputados voten a favor de Sánchez. De momento, se mantienen a la espera de que les traslade su propuesta programática, en la que sería primordial completar el Estatuto de Gernika.

El régimen fiscal canario y la agenda gallega del BNG

CC también ha puesto precio a su solitario escaño y aguarda a que PP y PSOE muevan ficha. Pone sobre la mesa el cumplimiento del régimen económico y fiscal de Canarias, el respeto a su estatuto de autonomía, la participación en la gestión de los aeropuertos y consignación presupuestaria anual para la reconstrucción de La Palma.

Y si la reforma de la financiación autonómica “se abre para otro, se tiene que abrir para Canarias también”, advertía este miércoles Cristina Valido, la que será su voz en el Congreso.

El BNG se decanta claramente por el apoyo de su también único diputado, Néstor Rego, a un gobierno progresista, pero no da “cheques en blanco” y pone como base de toda negociación la “agenda gallega”, que incluye 2.000 millones de euros para Galicia en los presupuestos generales del Estado, la gestión de la titularidad de la AP-9 y medidas frente a la emergencia climática.