A. Naranjo – No hay nada mejor que leer los editoriales de El País para descifrar los planes de Pedro Sánchez y disfrutar de la retórica que los adorna, centrada en adecentarlos como se pueda, aunque sea a costa de faltarle el respeto al lector, que se lo deja faltar con una complicidad sorprendente.

Uno de los últimos, titulado «Primeras señales», pone sobre la mesa sin demasiada discreción la naturaleza del cambalache en ciernes: Sánchez logrará la Presidencia y, a cambio, convertirá a Cataluña en el tercer paraíso fiscal de España, junto al País Vasco y Navarra, y sendas reformas estatutarias para que Puigdemont, Junqueras, Ortúzar y Otegi puedan decir que ya han logrado la «independencia light», como paso previo de la definitiva.

Así lo describe literalmente El País, Diario Exégeta de la Mañana: «Una reforma del Estatuto vasco sincronizada con algún movimiento relacionado con el Estatuto catalán, algo que, para llegar a buen fin, necesita un ingrediente que últimamente aparece con cuentagotas en la política española: el consenso».

Y lo otro, el atraco, lo describe de esta maravillosa guisa: «La financiación autonómica tiene que dejar atrás un modelo obsoleto desde hace ya casi una década. La idea de proponer una quita parcial a la deuda de las autonomías con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) podría ir en esa dirección».

No hay nada como el eufemismo para camuflar la verdadera naturaleza de los hechos, que llevan perpetrándose cuatro años y ahora se coronarán con el sorprendente aplauso de millones de víctimas: todos los que han votado al PSOE y a Sumar en las comunidades autónomas con menos renta han respaldado que las más ricas se queden con lo suyo y no devuelvan lo que deben, que es la consecuencia del «pacto fiscal» en marcha.

Un vasco o un navarro tienen una renta similar a la de un madrileño, pero el doble de financiación per cápita: eso ya se ha extendido a Cataluña de forma indirecta, a través del Fondo de Liquidez Autonómica que ahora se pretende condonar y de las inversiones en los Presupuestos Generales; y en adelante se oficializará a través de un «cupo catalán» con ese u otro nombre pero idéntico resultado.

Y a la paradoja de apoyar que Cataluña, Navarra y el País Vasco traten al resto como Alemania a los llamados PIGS, esos países perezosos del sur europeo que a su juicio solo saben poner el cazo; se sumará la evidencia de que solo Madrid, gobernada por Ayuso, se mantendrá en el discurso de la solidaridad interterritorial: mientras los «progresistas» avanzan en el empobrecimiento de la España desfavorecida, el «fascismo centralista» lo combate repartiendo su renta.

Pero si lo económico es un abuso, lo territorial es un desfalco: bastará con llamar «consulta» a lo que en realidad es el preludio de un referéndum y «estatuto» al prólogo de una futura Constitución de cada taifa nacionalista para que, lejos de calmar la sed separatista, se agudice definitiva e irreversiblemente en el tiempo procesal oportuno.

Para eso pusieron a Conde Pumpido y, llegado el momento, hará el trabajo sucio de intentar cuadrar un círculo imposible: ERC, Junts, el PNV y Bildu no se conformarán, aunque acepten la componenda provisional como paso previo a la ruptura definitiva, y Sánchez habrá despiezado España a plazos sin ningún beneficio más allá del personal.

El editorial en cuestión, que es más una coartada que un análisis honesto de la realidad, tiene al menos una virtud: despoja la careta del sanchismo, si hacía falta, y señala el precio que vamos a pagar para cohesionar a una inexistente «mayoría social» que en realidad es una vulgar Unión Temporal de Empresas dispuestas a repartirse el botín entre aplausos y sonrisas de sus damnificados.