El presidente de Bolivia, Luis Arce, ha ideado un nuevo método para implementar reformas en el Código Penal del país que dejan ver su necesidad de alcanzar fines políticos por medio de artimañas legales. En esta ocasión, el mandatario busca establecer mayores castigos contra la disidencia que cada día crece de forma progresiva. El objetivo de ello es apagar la disputa por el liderazgo nacional que mantiene con el exmandatario socialista Evo Morales.

Arce ya comenzó las gestiones al enviar la iniciativa a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. El documento incluye la tipificación de conductas y expresiones que produzcan “temor en la población” como terrorismo. En el caso de aprobarse, personas que sean acusadas con estos estos cargos recibirían condenas de hasta 25 años de cárcel. Tal como ocurre en Cuba.

Es un proyecto con estrategia, considerando que el delito de terrorismo sería aplicado con retroactividad, lo cual facilitaría el enjuiciamiento a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge «Tuto» Quiroga y Jeanine Áñez, por respaldar la acusación de fraude electoral contra Evo Morales en 2019.

Una maniobra sin probabilidades

Esta iniciativa también despierta ciertas suspicacias, por un repentino consenso en la tolda oficialista. De hecho, Infobae reveló que “el proyecto tiene el extraño apoyo de los dos bandos del Movimiento al Socialismo (MAS)”, en referencia a la división que enfrenta el partido desde hace más de un año entre los “evistas”, que respaldan a Morales como su líder histórico, y los “arcistas” o “renovadores”, que están al lado del presidente actual.

Todos están de acuerdo con la reforma del Código Penal en Bolivia, la cual se conoce como la ley 280 de Arce. La legislación, cuyo nombre es Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, estipula, además, ocho años de cárcel para que procesen a quienes acusen por “discriminación y odio” racial. Sumado a ello, se habla de “censura previa” en los medios de comunicación e incluso en las redes sociales.

Sin embargo, las probabilidades de un acercamiento con Morales son pocas. El exjefe de Estado cocalero vocifera que “el MAS no está en el gobierno” después de bautizar a Álvaro García Linera, su vicepresidente durante 14 años, como “un enemigo más”, por exhortarlo a que deje gobernar a Arce.

Como los cubanos

Arce maneja un discurso similar al castrismo, al empujar un nuevo Código Penal en Bolivia centrado en la supuesta «protección del orden constitucional». De esta manera, el jefe de Estado busca evitar «un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”. Detrás de la retórica está clara la preocupación por otra ola de protestas como la de 2021.

El presidente no tiene más tiempo para empujar la reforma del Código Penal. “El momento de las reformas políticas es este, entre el segundo y el tercer año de la gestión, para que al siguiente se puedan mostrar y en el quinto, ir a la reelección, pero la forma en la que se vienen planteando está dejando de nuevo la sensación de fracaso”, asegura el columnista de El País, Miguel de Torres.

Una iniciativa que cuenta con venia de las dictaduras suramericanas

El avance a un blindaje judicial extremo con apoyo internacional es un hecho. Si bien la propuesta la trabajó el Ministerio de Justicia y contiene dos artículos, uno que realiza cuatro modificaciones en el Código Penal y dos en el Código de Procedimiento Penal, también el proceso estuvo “rodeado de asesores cubanos”, según Infobae.

Su viaje a Venezuela para acompañar a Nicolás Maduro en la conmemoración del décimo aniversario de la muerte de Hugo Chávez donde además coincidió con el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, lo dejó en evidencia.

«Venimos con el mejor ánimo de transmitir el sentimiento del pueblo boliviano, de que la presencia del comandante está en Bolivia y venimos a traer ese saludo acá a los hermanos de Venezuela» dijo Arce.