El caso Villarejo resume la corrupción de fondo que vive el país, a la que colaboran PSOE, PP y separatistas todos juntos y en unión. Villarejo, he dicho, podría ser un elemento regenerador de la política con solo destapar todo lo que ha podido saber y grabar de unos políticos y grandes empresarios que forman una verdadera mafia. ¿Pero podría realmente? ¿Le dejarían los jueces? Cuando se destaparon sus conversaciones mafiosas con la señora Delgado, ¿hubo alguna reacción de los jueces? Por el contrario, la tal Delgado pasó a ministra de justicia y después a jefa de los fiscales. El jefe socialista Alfonso Guerra decretó en su momento la cacería contra Montesquieu, un verdadero golpe de estado al que se sumó el PP, para repartirse “democráticamente” el poder judicial. Una culminación de esta espantosa corrupción fue la complicidad de la “justicia” (y no solo de ella) en la profanación típicamente chekista de la tumba de Franco.

Ahora leo que la Audiencia nacional acaba de archivar las denuncias contra Fainé, Brufau, Caixabank y Repsol. Se trata de que los dos primeros, dirigentes de las dos empresas gigantes, contrataron a Villarejo para espiar y desacreditar al empresario Luis del Rivero, antiguo jefe de Sacyr, y a su entorno. Una acción claramente mafiosa.

Los hechos son de 2011 y 2012, y las personas jurídicas tienen responsabilidad penal desde 2010, si sus directivos cometen delito. Claramente, en este caso, los jefes de seguridad, aunque no pudieron hacerlo sin permiso o incitación de sus directivos. La responsabilidad contaba con los atenuantes de colaborar con la justicia, reponer los daños causados y establecer un plan de prevención de delitos. En 2015, los atenuantes fueron convertidos por Rajoy en eximentes, con requisitos que hacían más difíciles las pruebas. Las empresas por los hechos de 2011 y 12 podrían acogerse a la más beneficiosa ley de 2015, si hubieran cumplido en 2011 lo exigido en 2015, cosa imposible. Ahora, la sala tercera de la AN, en contra de la fiscalía, decide que Repsol y Caixabank habían implantado, proféticamente, una serie de controles que evidentemente no tenían cuatro años antes de que se implantaran.

Los que siguen encausados son los jefes de seguridad, que al parecer obraban con ignorancia de Fainé y Brufau, como la secretaria que habría falsificado el máster de la señora política del PP Cifuentes o, como la indemnización a la misma señora impuesta al supermercado Eroski por atentado a la intimidad de ella por no haber destruido el vídeo de dicha política cuando fue sorprendida hurtando unas cremas del supermercado. Estas dos últimas son quizá cosas menores, pero hacen sospechar de un respeto excesivo de algunos jueces hacia los poderosos. Y, desde luego, Caixabank y Repsol son entidades sumamente poderosas, y sus jefes también lo son. Podrían los medios de difusión compensar ese llamémosle respeto, pero tampoco: dependen en gran medida del dinero de esas empresas, que así los controlan. Con lo que se forma una especie de mafia de empresarios y medios teóricamente al servicio de la información al ciudadano.

Una democracia fallida, que quizá este año pueda empezar a regenerarse.