Alberto Núñez Feijoo inauguró ayer en Barcelona las convenciones sectoriales que el PP celebrará por toda España en los próximos meses con la vista puesta en las elecciones locales y autonómicas de mayo y en las que se abordarán distintas problemáticas como la de la ocupación ilegal de viviendas. En los últimos años, según aducen los populares, este fenómeno se ha disparado y al día se producen ya medio centenar de denuncias, de las que el 43 % se concentran en Cataluña. «A un okupa no se le desahucia, se le desaloja», aseveró el expresidente de la Xunta, que acusó al Gobierno de mirar para otro lado ante esta realidad.

Acompañado por la plana mayor del partido en esta comunidad, Feijoo desgranó las principales líneas que sobre esta materia incluye la proposición de ley presentada por su partido en el Congreso este verano y que, entre otras medidas, incluye el desalojo en un plazo máximo de 24 horas en aquellos casos en que los ocupantes de un domicilio no puedan acreditar un título jurídico válido para estar en la vivienda y el desalojo inmediato en el caso de una flagrante ocupación, en la que, por ejemplo, se ha entrado en la casa sin llaves, echando la puerta abajo.

Además, el PP propone reforzar las penas del delito de usurpación, con condenas de hasta tres años de prisión, y mejorar la protección jurídica ante «las mafias de la ocupación». Reclama también que los ocupantes ilegales no puedan inscribirse en el padrón municipal, que se prohíba que un inmueble ocupado ilegalmente pueda tener la consideración de domicilio y devolver las cantidades abonadas por los propietarios de viviendas ocupadas en impuestos relacionados con esa propiedad. «Es sorprendente que haya ayuntamientos que miren para otro lado y cobren estos impuestos», aseguró Feijoo, que considera esta situación una «doble burla al Estado de derecho».

El líder del PP manifestó que «hay determinados comportamientos de políticos en la ciudad de Barcelona que tienen un efecto llamada en favor de la okupación de viviendas», en alusión a Ada Colau, que fue activista antidesahucios antes de llegar a la alcaldía de la Ciudad Condal. Deploró que esta problemática no forme parte de las principales preocupaciones de la Generalitat y acusó al Ejecutivo de moverse «entre la indefinición y la división» en este asunto «con unos ministros —recalcó— que están en contra de la okupación, otros tibios que no se definen y otros que lo entienden». «Hay muchas posturas diferentes en el Gobierno de la nación y ante esto no podemos ser tibios», defendió.