LR.- El decreto con las medidas de ahorro y eficiencia energéticos, que debe dar cumplimiento al acuerdo en el seno de la Comisión Europea ante la perspectiva de un corte en el suministro de gas por parte de Rusia, ha suscitado una controversia entre administraciones que crece al mismo tiempo que la iniciativa adolece de carencias y singularidades propias de la improvisación. Mientras Isabel Díaz Ayuso era la única voz disidente con la imposición de Moncloa, y su contradictoria y hasta en ocasiones absurda batería de obligaciones para ciudadanos y empresas, la reacción del Ejecutivo y de la izquierda ha sido el ensañamiento y la amenaza habitual con toda suerte de futuros castigos, sanciones y otros escarmientos.

Ha sorprendido en ese trance que la razonable oposición de la presidenta de la Comunidad de Madrid no haya recibido un refrendo más claro desde sus propias filas, cuyo elenco de manifestaciones ha estado marcado por la tibieza e incluso por el silencio en un instante que habría demandado cercanía. Le ha costado a los populares entender la carga política y económica de la enésima arbitrariedad que Sánchez ha servido como regalo envenenado a las comunidades antes de poner el océano de por medio e irse de vacaciones.

Ayer, se extendía entre las administraciones regionales la sensación de caos en torno al desarrollo y aplicación del decreto, sus disposiciones, regulaciones y sanciones en otro de esos enredos formidables del gabinete socialista comunista cada vez que toca pasar de las musas al teatro, de dar trigo más allá de la prédica de la retórica y la propaganda. En el origen del pecado político del presidente está el recurso contumaz al decreto contrario al espíritu constitucional, que desactiva la facultad y el trámite legislativo y la posibilidad de que el proyecto se enriquezca y gane.

La consecuencia de ese vacío son la decadencia y la pobreza de los textos legales, como sucede en este caso. Como antes la Comunidad de Madrid, también el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu, y del PSE, se ha desmarcado del plan energético y no lo aplicará. Sus críticas han sido coincidentes con las de Isabel Díaz Ayuso en cuanto a un catálogo de «medidas efectistas» más que eficientes que nos abocan a ciudades en penumbra, disfuncionales limitaciones térmicas y nuevas cargas y deberes para empresarios y autónomos con el consiguiente colapso económico.

A diferencia de la presidenta madrileña, el vasco no ha sido reprendido como «egoísta» e «insolidario», ni se le ha señalado como presunto autor de un delito en el caso de que no cumpla con el último mandato de Sánchez. Se ve que la desjudicialización de la política, o sea la impunidad, solo es de aplicación si eres socio del presidente. El decreto energético se desinfla porque Sánchez ha ninguneado a quienes deben llevarlo a la práctica, incluidas las fuerzas de seguridad que han advertido de un incremento de la inseguridad en las calles a oscuras. De una forma u otra, se impondrán medidas de eficiencia y se cumplirá la ley conforme al marco competencial, pero el Gobierno lo pone casi imposible.

Queda claro que no solo las Comunidades Autónomas están enfadadas con la nueva medida del Gobierno, sino también los propios comercios. Esta mañana, en Herrera en COPE, el presidente de la Confederación Española de Comercio, Rafael Torres, ha comentado las recientes modificaciones del Ejecutivo en relación con el uso del aire acondicionado en los comercios. Una decisión que la ha calificado negativamente al tratarse de una medida “que se ha tomado a espaldas del sector”. Según afirma Torres, está nueva ley se ha realizado con prisas para poder presentarse a la Unión Europea.

Rafael Torres ha comentado también las ideas que debería de haber propuesto el Gobierno en materia del ahorro energético. El director de la CEC cree que se debería de establecerse una serie de porcentajes que varíen dependiendo de las Comunidades Autónomas o de las provincias que más sufran los estragos de las altas temperaturas: “En Córdoba no puedes implantar una misma restricción que, por ejemplo, en A Coruña, porque no hace el mismo calor fuera”. Torres asegura también que en muchos comercios están sufriendo los primeros estragos de esta nueva ley: “En muchos restaurantes, el calor en los salones es muy molesto y la gente se está empezando a ir y a no quedarse a comer”.

Por otro lado, los porcentajes que ha mencionado anteriormente Rafael Torres también tendrían que ser diferentes en comercios en concreto, como supermercados o restaurantes. “Un supermercado necesita una temperatura inferior, porque el calor que desprenden los frigoríficos puede afectar a los alimentos frescos”. Este y más problemas más son los que se van a generar por no haber concretado anteriormente con los propios consumidores, según comenta Torres. Además, el presidente de la CEC ha decidido no comentar las decisiones de los diferentes gobiernos autonómicos, ya que, según él, “las decisiones dependerán del partido que gobierne allí”, pero sí estaba de acuerdo en que el gobierno del País Vasco no movilizará a la Ertzaintza para controlar que todos los comercios cumplen con estas normas.