Pablo Tolmachev.- La globalización total ha puesto en crisis el orden mundial. La diferencia de intereses, condiciones y oportunidades, así como los regímenes socioeconómicos de los participantes implicaban inicialmente riesgos de desequilibrios. Como resultado, la política errónea de coordinación —integración excesiva con autocracias de recursos o coerción física (militar) forzada para cambiar regímenes— llevó la situación a contradicciones económicas e ideológicas. El mundo ha vuelto a agruparse en democráticos y autoritarios y, evidentemente, se encuentra ya en una fase de conflicto entre ambos polos, tendencias desglobalizadoras y endurecimiento de las condiciones económicas y sociales.

Los problemas de integración y los procesos de desglobalización también han comenzado en los países desarrollados, como los problemas de homogeneidad económica de la Unión Europea y el Brexit. Sin embargo, estos son los problemas de las democracias liberales homogéneas. Por lo tanto, independientemente de las contradicciones que posean, los procesos de búsqueda de equilibrio van por un camino civilizado. Además, a medida que el foco de atención se desplaza de las contradicciones internas a las externas, a las amenazas del mundo autoritario, los desequilibrios internos se debilitan y, por el contrario, los procesos de integración comienzan a fortalecerse de nuevo. Un vivo ejemplo de ello es la creación de diversas alianzas en distintos ámbitos, como la alianza anglosajona, la alianza de un régimen especial de intercambio de información de EEUU con los países del Pacífico, un posible cártel de consumidores de petróleo y, por último, la cohesión de las democracias con respecto a las acciones de Rusia en Ucrania.

Hasta ahora, las democracias occidentales han seguido principalmente dos direcciones políticas con respecto a las autocracias: la intervención militar externa o una profunda integración socioeconómica con un acuerdo de facto para mantener los regímenes autoritarios según el principio «sus asuntos internos son sus asuntos». Ambas, como podemos ver ahora, tienen consecuencias negativas.

Por un lado, los intentos de liberalización institucional y democratización de las autocracias y dictaduras mediante la intervención militar y las formas externas forzadas de reforma del marco socioeconómico son, obviamente, una forma ineficaz de civilizar los regímenes autocráticos por una serie de razones. En las autocracias, los valores éticos y culturales, las costumbres, las tradiciones y la retórica social establecida entran en contradicción o son de algún modo incoherentes con los valores liberales de mercado del mundo occidental.

Las élites no tienen incentivos positivos para cambiar las preferencias, y la población no tiene incentivos positivos para protestar. Así, la invasión militar y el uso de la fuerza agravan la crisis social, no crean las condiciones ni los incentivos para la liberalización, y retrasan la transformación del mestizaje para el afianzamiento de las instituciones de mercado y la democracia.

Por otra parte, la profunda integración de las autocracias en los procesos globales de valor añadido, principalmente para reducir los costes de producción y de recursos, ha conducido a un importante fortalecimiento y refuerzo de los regímenes autoritarios. En las autocracias, las élites son empresarios buscadores de rentas que no tienen límites en la sociedad. Su éxito y bienestar dependen de los ingresos presupuestarios y, en condiciones de expansión de la integración mundial, estos regímenes se aseguran un aumento de los ingresos presupuestarios y maximizan su sostenibilidad. No se trata del acceso al presupuesto: en los regímenes autoritarios, éste es un monopolio absoluto de la élite del régimen, y la competencia sólo puede venir de dentro.

Cuando los ingresos presupuestarios son cuantiosos, son suficientes para garantizar la estabilidad del statu quo de la élite gobernante. Con el trasfondo del concepto de «no injerencia» en los asuntos internos de estos países autoritarios, la estabilidad de sus regímenes, garantizada por los factores mencionados, implica la ampliación de las oportunidades de las élites gobernantes en materia de propaganda, obtención de apoyo público, represión de los disidentes y—lo que es más importante—de posibles agresiones externas.

Una vía alternativa a las dos primeras descritas es una política de desintegración, una política de limitación de la participación de los regímenes autoritarios en los procesos económicos y sociales mundiales en las mismas condiciones. Se trata de una medida necesaria tanto para reducir la dependencia de la producción y los recursos del mundo desarrollado respecto a las dictaduras de los recursos como para crear incentivos para cambiar o transformar los regímenes en el futuro e inclinarse por la cooperación necesaria en el presente. Estas limitaciones reducirían las oportunidades de enriquecimiento por parte de las élites autocráticas, aumentarían el descontento social por la caída de los ingresos y el nivel de vida, y reducirían las oportunidades de agresión externa.

La reducción de la externalización de la producción y del potencial logístico de las economías autocráticas, así como de sus exportaciones de recursos, reducirá la dependencia del mundo civilizado de las importaciones de recursos y componentes de producción y reforzará la seguridad de la producción y de los recursos.

La desintegración con las autocracias puede impulsar la progradación en varios aspectos: tanto en energías alternativas como en tecnología, ya que los mayores costes y los menores márgenes en el nuevo entorno rígido serán un incentivo para el desarrollo innovador y la búsqueda de formas de mejorar la eficiencia.

El apalancamiento de recursos y producción que proporcionan los regímenes autocráticos es, en realidad, una especie de «maldición de los recursos» de las economías occidentales, cuando la motivación para aumentar la eficiencia y la innovación cae sobre el fondo de recursos voluminosos y baratos. Este apalancamiento ha contribuido al declive de la iniciativa empresarial y la responsabilidad individual en el mundo occidental, ampliando la expansión estatal y las subvenciones sociales. Como resultado, la dependencia de los agentes del Estado aumentó y la redistribución de los beneficios se hizo más vertical.

Por eso, paradójicamente, el endurecimiento de las condiciones económicas en las economías avanzadas puede estimular al Estado a reducir el bienestar social y los gastos, y a los agentes económicos a aumentar la iniciativa empresarial y la responsabilidad individual. En otras palabras, estimularía el alejamiento del discurso «izquierdista» de la política social y económica hacia los importantes valores éticos y sociales del capitalismo de mercado, el individualismo y la meritocracia.

De hecho, esta política desintegradora podría tomar varias direcciones.

La primera dirección es la creación de las llamadas cadenas amistosas —es decir, la creación de vínculos estrechos de recursos y producción dentro de los países amigos. Esto implica la eliminación de gran parte de la capacidad de producción fuera de los países autocráticos y la reubicación de las fuentes de recursos.

La segunda dirección es la creación de un número máximo de restricciones que aislen a los regímenes autoritarios de los procesos económicos mundiales y creen condiciones desfavorables para sus economías nacionales. Esto se lleva a cabo a través de las restricciones de las sanciones, tanto directas como indirectas, destinadas a crear un entorno intolerable para la actividad económica creativa.

La tercera dirección es la de los incentivos positivos dirigidos a las élites, como fuerza que realmente toma decisiones, y a la población, que puede ser un catalizador de dichas decisiones. Aquí es importante entender que es posible condicionar las decisiones progresistas tanto de las élites (ya sea un cambio voluntario de rumbo político por parte del gobierno actual o un cambio a través de una rotación forzada dentro de las élites, lo que suele llamarse un golpe de palacio) como de la población, para impulsar su pasión en la dirección correcta sólo cuando ambos, como agentes, entienden y evalúan correctamente los beneficios y los costes. Y para ello, en primer lugar, es necesario marcar claramente los beneficios, los costes y las tareas, y en segundo lugar, crear las condiciones que condicionen el cambio de preferencias y maximicen los esfuerzos de las élites y la población en el cambio de régimen.

De hecho, todo esto ya es relevante y se está aplicando, por desgracia, con un gran retraso y en condiciones extremas completamente diferentes. Las agresivas acciones geopolíticas de una sola autocracia en Europa del Este han obligado a los países occidentales a adoptar este paradigma político, poniendo fin a una política conciliadora que ha durado al menos desde 2007.

Las externalidades para el mundo desarrollado serán ciertamente significativas. Además, ya son importantes hoy en día. Adoptan dos formas principales: social y económica. Los efectos económicos son la inflación como resultado de los déficits de recursos y de producción derivados de las recanalizaciones.

Los efectos sociales negativos son una continuación de los económicos: un aumento de las tensiones sociales en medio de la caída de los ingresos y el aumento de los costes causados por el repunte de la inflación. En los países autoritarios, el inevitable aumento de las tensiones sociales provocará, entre otras cosas, un aumento de la inmigración hacia los países desarrollados.

Sin embargo, estas dos externalidades pueden neutralizarse en un futuro próximo, como trataré en mi próximo artículo. Lo que puedo decir aquí es que los modelos y la investigación sobre este tema apuntan claramente a formas aceptables de tratar estos problemas.

Otro importante coste potencial es el geopolítico. Se trata de la intensificación de los procesos de unificación de las autocracias. Sin embargo, las autocracias son diferentes, y es necesario crear condiciones en las que las autocracias se sientan más cómodas cooperando con el mundo desarrollado y cambiando sus preferencias que uniéndose al campo de los regímenes autoritarios. De hecho, esto es exactamente lo que se ha hecho ahora con respecto a Rusia, incluyendo todo tipo de sanciones y las inminentes restricciones a las importaciones de hidrocarburos. Crear condiciones de contradicción entre los intereses de las distintas autocracias y estimular su transformación es una parte necesaria de la política de desintegración.

Limitar la integración y fomentar el cambio de régimen es un proceso a largo plazo. Sin embargo, hay que entender que el orden mundial ha cambiado realmente. No es posible ni peligroso caer en un optimismo ilusorio y creer que el máximo acercamiento a los países con regímenes autoritarios enquistados, la apertura social, la inclusión geopolítica y la globalización productiva son el verdadero camino hacia un futuro brillante. Es precisamente este tipo de política conciliadora o, por el contrario, la política de intervención militar externa forzada la que ha llevado al mundo a un estado de turbulencia.

El camino hacia la cooperación en condiciones de conflicto agudo y falta de empatía se encuentra en dos direcciones: la coerción de la parte contraria mediante incentivos negativos y positivos y la alineación, o maximización, de los costes de ambas partes.

El primero es el camino que debe seguir el mundo desarrollado, el segundo es el camino de la confrontación directa, que debe evitarse. Occidente, con gran retraso, está siguiendo el primer camino. Sólo podemos esperar que se comprenda que el segundo camino es un desastre.