Bernardo Fernández.- Considero que la república es la forma de Estado preferible para una sociedad del siglo XXI, desarrollada y compleja como la nuestra. Esa es una de las razones por las que nunca he sido monárquico. No obstante, admito que durante años sentí cierta simpatía por Juan Carlos I. Quizás era porque mi subconsciente asociaba la figura del Rey a la recuperación de la democracia en nuestro país.

Sin embargo, las cañas se volvieron lanzas, y a medida que se fueron conociendo las trapacerías económicas del rey Juan Carlos, aquella simpatía inicial se ha convirtió en desprecio y rechazo.

La Fiscalía del tribunal Supremo ha llevado a cabo una investigación, que ha durado tres años, para intenta esclarecer los movimientos financieros, hechos por Juan Carlos de Borbón con absoluta opacidad, aprovechando su linaje. Ese trabajo nos ha permitido conocer algunos de los tejemanejes en paraísos fiscales del dinero que obtuvo el rey, cuyo monto y paradero se desconoce en su totalidad, aunque se deduce que supera los 77 millones de euros: los 65 millones de la donación saudí que se diluyeron en cuentas y mansiones de Corina Larsen, los casi dos millones que le regaló el sultán de Baréin y los más de 10 millones que tuvo en dos trusts (fideicomisos) en paraísos fiscales.

Ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo ha confirmado que no se va a querellar contra quien fuera jefe de Estado entre 1975 y 2014. Por su parte, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha firmado ya el decreto de archivo de las tres diligencias que mantenía abiertas el ministerio público. La Fiscalía archiva la investigación al rey emérito pese a constatar numerosas irregularidades fiscales. Los fiscales del Supremo que han estado a cargo de las investigaciones consideran imposible perseguir presuntas irregularidades cometidas por el rey emérito antes de su abdicación; las dos propuestas de regularizaciones fiscales que presentó en diciembre de 2020 y febrero de 2021, así como la ausencia de pruebas cierran la puerta a la posibilidad de pedirle al Tribunal Supremo que actúe contra Juan Carlos de Borbón. O, dicho de otro modo, la ingeniería financiera, en esta ocasión, ha ganado la partida al sistema fiscal de un Estado social y de derecho.

Los dos decretos de archivo firmados por el jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, constatan numerosas irregularidades cometidas por parte del anterior jefe de Estado, pero el ministerio público ha llegado a la conclusión de que algunas están prescritas o no son perseguibles porque se cometieron antes de 2014, cuando Juan Carlos I estaba blindado por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución otorga al jefe de Estado. Y las conductas presuntamente delictivas que se pueden demostrar a partir de 2014 (donaciones de dinero no declaradas de inicio a la Hacienda española) no son punibles por la regularización fiscal presentada por el abogado del emérito y que la Fiscalía da por buena.

Así pues, esa decisión pone fin a casi tres años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción y de la del Supremo, que buscaban indicios de delitos fiscales y otros relacionados con negocios internacionales en los que había participado supuestamente Juan Carlos I.

Como no puede ser de otra manera, me disgusta cómo se ha cerrado este affaire, pero no seré yo quien cuestione la actuación de la Fiscalía. Ahora bien, me pregunto si los fiscales actúan con la misma exquisitez cuando el investigado no es de la nobleza y proviene de la plebe.

La actitud de Juan Carlos de Borbón ha puesto en cuestión a la Monarquía, porque es una Institución que requiere de una manera de hacer política muy sutil y muy delicada. La Jefatura del Estado se ejerce por los miembros de una familia en régimen de monopolio. Ese privilegio solo se puede entender de manera democrática si esa familia se singulariza por su exquisitez moral, el prestigio ganado a pulso, el reconocimiento de haber prestado grandes servicios a la comunidad, la ejemplaridad y la transparencia en el comportamiento de todos sus miembros con respecto a la sociedad en la que reinan.

Estas virtudes son exigibles a todos y cada uno de los miembros de la Dinastía. Por eso, la forma de proceder del rey emérito, que hemos conocido en los últimos tiempos, es muy poco acorde con su dignidad y está poniendo en jaque la continuidad de la Dinastía que encarna su hijo y sucesor, Felipe VI.

Ante esa situación decimonónica, parece que hay un consenso bastante amplio entre las fuerzas políticas sobre la conveniencia de ceñir la inviolabilidad del Rey exclusivamente a los actos que se produzcan en el ejercicio de su cargo. No solo la izquierda ve excesivo que el blindaje legal del jefe del Estado incluya sus actividades particulares, como ha puesto de manifiesto el escrito de la Fiscalía, citado más arriba, que descarta actuar contra Juan Carlos I. También Ciudadanos se muestra favorable a limitar ese privilegio, que, sin embargo, defienden PP y Vox. Pero quien podría poner en marcha la reforma, el PSOE, ha decidido aplazarla sin fecha.

Los socialistas han expresado en varias ocasiones su opinión de que la interpretación de la inviolabilidad penal de los actos del Rey es excesivamente amplia. Esa prerrogativa, según declaró Pedro Sánchez meses atrás “es producto de otra época legítima de nuestra democracia, pero no de una etapa democrática consolidada con más de 40 años de historia”. No obstante, parece que en estos momentos hay otras cuestiones más prioritarias que ocupan las agendas de los políticos y los grupos parlamentarios.

Ahora, después de casi dos años viviendo en los Emiratos Árabes, Juan de Borbón, ex rey de España, ha vuelto este último fin de semana. Ha venido —dicen—, a presenciar una regata en Sanxenxo, en la que participa el velero Bribón (no sé si el nombre del barco es una premonición o pura coincidencia), y a entrevistarse, más tarde, con su hijo Felipe y con la reina Sofía. Eso sí, no se ha hospedado en La Zarzuela y eso a los ciudadanos nos deja más tranquilos.

El rey emérito se ha paseado sin vergüenza y sin rubor por donde le ha apetecido o su estado físico le ha permitido.

Lo ha hecho entre baños de masas y concentraciones en su contra, pero no ha contestado ni una sola pregunta de los periodistas.

El emérito fijó su residencia de manera libre y voluntaria en Abu Dabi; por lo tanto, puede ir y venir cuando le plazca. Pero que nadie crea que con el exilio se centrifugan responsabilidades. Estoy convencido que la mayoría de la ciudadanía española ya se ha formado una opinión sobre los trapicheos económicos y líos de faldas del que fue rey de España. Y aunque en opinión de la Fiscalía judicialmente su actitud no es punible, sigue faltando una explicación política y, sobre todo, una valoración moral de sus andanzas.

De todas maneras, Juan Carlos I ya es historia. Que le vaya bonito.