Los mayores de 16 años de Rhode Island que no se vacunen contra la COVID-19 podrían enfrentarse a multas de 50 dólares mensuales y tener que pagar el doble de impuestos estatales, según la legislación presentada en el Senado estatal.

El senador Samuel W. Bell (demócrata de Providence) dijo que propuso el proyecto de ley (S 2552) porque ” … tenemos una crisis con la pandemia”.

Bell declaró al Boston Globe:

“Miles de habitantes de Rhode Island han muerto. He recibido llamadas realmente dolorosas de electores que no pueden ir a la tienda porque están inmunodeprimidos, que han perdido a seres queridos por esta pandemia, que están realmente enfermos y no se han recuperado del todo, sufriendo efectos a largo plazo.”

Bell dijo que su hijo de 4 meses tiene una enfermedad pulmonar intersticial, que lo pone en riesgo de enfermedad grave o de muerte si contrae una infección respiratoria.

“La dolencia de mi hijo me ha hecho sentir más compasivo y preparado para el fuerte nivel de ataque que sabía que iba a recibir”, dijo.

“Quiero a mi hijo más de lo que puedo expresar con palabras, y la idea de que no pueda relacionarse con la gente ni ir a la escuela, esas cosas me aterran. Y no soy el único padre de un niño con una enfermedad inmunológica grave”, añadió Bell.

La suposición de Bell de que las personas vacunadas no pueden infectar a los inmunodeprimidos no está respaldada por la investigación, especialmente en el caso de Omicron, dijo el doctor Brian Hooker, director científico de “Children’s Health Defense”.

Hooker dijo a “The Defender”:

“La pasión del senador Bell está gravemente fuera de lugar y parece estar basada en una enorme cantidad de información errónea en relación con la vacuna COVID-19. La ciencia muestra claramente que la vacuna no previene la transmisión y podría hacer más daño que bien, teniendo en cuenta el más de un millón de informes de lesiones por vacunas en la base de datos del Sistema de Notificación de Eventos Adversos a las Vacunas (de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)”.

La legislación no prevé ninguna exención religiosa y el departamento de salud del estado sólo consideraría una exención médica si tres médicos la aprobaran.

La ley propuesta también exige a los empresarios que cobren impuestos estatales adicionales a quienes incumplan el mandato. La ley no especifica cómo los empleadores podrían lograr esto, pero sí los hace sujetos a fuertes multas por incumplimiento.

Según el proyecto de ley:

“Cualquier empleador que se encuentre violando a sabiendas esta sección por más de siete (7) días deberá pagar una multa civil mensual de cinco mil dólares ($5,000) por cada violación”.

La ley otorga a los directores del “departamento de salud y del departamento de ingresos la facultad de promulgar reglamentos para garantizar su cumplimiento”.

Los críticos califican de “peligrosa” la legislación

Según WJAR, un medio de comunicación de Providence, dos senadores retiraron sus nombres del proyecto de ley después de que los reporteros de la estación “se pasaran por una tienda de comestibles local para hablar con la gente sobre el asunto.”

La emisora informó:

“Algunos de los senadores que presentaron el proyecto de ley el 1 de marzo no quisieron hablar más del tema. El tema estalló en el programa de radio WPRO de Tara Granahan el martes por la mañana”.

La senadora de Rhode Island, Jessica de la Cruz, que abandonó la carrera por el 2º Distrito del Congreso la semana pasada, organizó una campaña por correo electrónico para oponerse a la medida.

Como informó el Globe, de la Cruz escribió un correo electrónico a los partidarios el martes diciendo que la gente en todo el estado han estado preguntando por el proyecto de ley de Bell.

“No he apoyado, ni apoyaré nunca, una legislación que obligue a los ciudadanos de Rhode Island a optar entre tomar decisiones médicas o enfrentarse a cuantiosos daños económicos”, escribió.

“Escucho a mis electores y a otros en todo el estado decirlo alto y claro: esta es una legislación peligrosa y envía el mensaje de que nuestro gobierno no confía en que usted vaya a tomar la decisión correcta para usted y su familia. Es una extralimitación desmedida de los poderes legislativos”.

De la Cruz tuiteó:

Como se me cita en el artículo, “es sorprendente que un senador estatal de Rhode Island, un estado que se fundó sobre la libertad personal y religiosa, imponga un impuesto especial a las personas por ejercer sus creencias religiosas o de conciencia”.

De la Cruz dijo que la “buena noticia” es que el proyecto tiene pocas posibilidades de convertirse en ley.

“Dicho esto, no lo doy por sentado, y tú tampoco deberías hacerlo”, escribió en su correo electrónico.

Rhode Island ocupa el sexto lugar en el país en cuanto a residentes que apoyan el mandato de una vacuna universal contra el COVID, según una nueva encuesta. publicada en el Boston Globe.

La encuesta del Consorcio COVID-19 para la Comprensión de las Preferencias Políticas del Público en los Estados encontró que el 64% de los residentes de Rhode Island dijeron que creen que todos deberían estar obligados a vacunarse, sólo por detrás de Washington, D.C. (75,6%), Massachusetts (67,3%), Hawaii (66,7%), Maryland (65,2%) y California (65%).

A nivel nacional, el 55,3% de los estadounidenses apoya el mandato de vacunación, según la encuesta.