Jordi García-Petit Pàmies.- Los dirigentes independentistas se rasgan las vestiduras, ofendidos, victimizados porque les aplicaron el “Pegasus”, al parecer entre 2017 y 2020 bajo las presidencias de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Los afectados y los ideólogos del independentismo han salido en tromba para exigir explicaciones inmediatas al Gobierno de España y la asunción de responsabilidades, aprovechando la ocasión para seguir denigrando a España a la que tildan de iliberal, antidemocrática, antieuropea, etc.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, incluso exige la dimisión del presidente del Gobierno, del ministro del Interior y de la ministra de Defensa, con el argumento de que “un caso de vulneración de derechos como aquí no se ha visto nunca”. Borràs pasa por alto todos los derechos vulnerados por la intentona secesionista que ella bendice.

La cuestión es ciertamente delicada. ¿Cuándo, por qué motivos y en qué circunstancias un organismo del Estado puede recurrir a un método de información incontrolable e invasivo de la privacidad del ciudadano? Privacidad, por otra parte, y en otro orden de cosas, rastreada de manera incesante por toda suerte de empresas comerciales en cuanto abres y usas el ordenador o el teléfono inteligente.

En las democracias los ciudadanos tienen derecho a la protección de su privacidad, entendida más que como intimidad como derecho fundamental, pero también tienen derecho a la seguridad del país que habitan. Y esta seguridad requiere que organismos especializados del Estado dispongan del máximo de medios para protegerla.

Una democracia “desarmada” es el suicidio de la democracia. Y una forma de desarmarla es exigir la transparencia donde por la naturaleza de la función -sometida a determinados requisitos de ejercicio- no puede haberla.

Los dirigentes independentistas pretendían por la vía unilateral la secesión de Cataluña, o sea, la desintegración territorial del Estado, mayor atentado a la seguridad, imposible. Si no lo consiguieron fue por la reacción defensiva del Estado y por su insuficiente preparación.

Para un Estado no hay peligro más grande que una amenaza a su integridad territorial, proceda del exterior o del interior. Esta certeza es aplicable al Estado español y a cualquier otro Estado democrático. El Tratado de la Unión Europea establece que la Unión respeta como funciones esenciales del Estado “garantizar su integridad territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional”.

¿De qué se sorprenden los dirigentes independentistas? Fueron tratados como una amenaza a la integridad territorial del Estado, se los tomó en serio. Es opinable si el método utilizado y su aplicación concreta para contrarrestar sus propósitos fueron los adecuados, pero es indiscutible que ante tamaña amenaza el Estado no podía permanecer pasivo, contemplando, sin hacer nada, la intentona secesionista, cuyos autores confesos insisten que la quieren repetir. La obligación del Estado era impedir la secesión unilateral y es velar por que no la repitan.

Los dirigentes afectados exigen ahora al Gobierno transparencia total, veracidad sin mácula y confianza plena, ellos que han sido el no va más de opacos, mendaces y desleales hacia los poderes del Estado, como no lo ha sido ningún grupo dirigente de un país de la Unión Europea.

Pere Aragonès, presidente de la Generalitat, un poder del Estado que ejerce de manera desleal hacia los otros poderes -por ejemplo, hacia el jefe del Estado-, o simplemente no lo ejerce cuando debiera, se permite desde una autoridad moral impostada “congelar” las relaciones con el Gobierno.

El actual Gobierno ha tendido la mano a quien ha declarado que el propósito de su presidencia es “culminar la independencia”, luego desintegrar territorialmente el Estado. Tal vez es el Gobierno quien debiera haber “congelado” su relación con el Govern de la Generalitat hasta tanto no renunciara a su pretensión.

Pero no, el Gobierno de España ha hecho lo que debe hacer un poder institucional democrático y fuerte: ofrecer diálogo para resolver (dentro del marco constitucional) el “conflicto” provocado por los independentistas.

Hay que situar el asunto “Pegasus” en el contexto entero de lo acontecido en Cataluña en 2017 y sus secuelas, entre las que figura la persistencia independentista en la secesión de Cataluña, y no tratarlo solo como piedra de escándalo político.

Los independentistas siempre quieren estar en el lado bueno y moral de la historia, cuando van por la vida política cargados de deslealtades, mitos, falacias y propósitos inconstitucionales.