El Tribunal de Cuentas reclama un total de 5.422.879 euros a los líderes del «procés», más de una veintena de ex altos cargos de Cataluña, por los gastos derivados de la promoción exterior del referéndum del 1 de octubre de 2017 con dinero público.

Así consta en la liquidación provisional complementaria realizada por el Tribunal de Cuentas, que este martes ha citado a las defensas de los expresidentes catalanes Artur Mas y Carles Puigdemont, así como al exvicepresidente Oriol Junqueras, entre otros, para comunicarles los expedientes.

En este documento, se especifica el alcance de la «responsabilidad subjetiva» atribuida a cada uno de los 42 cargos citados hoy en la sede del Tribunal para notificarles el expediente y detalla la cuantía atribuible a los actos vinculados al desvío del dinero.

Así, figuran 317.790 euros por viajes al exterior del expresidente Puigdemont y sus consellers, así como 27.189 euros por actividades relacionadas con el proceso de autodeterminación, más 3.863 euros de un «encuentro de delegados» y 21.175 euros por el concepto «contratos».

Por uso de locales en el extranjero de Diplocat se incluyen 3.222 euros, así como gestiones relacionadas con el «procés» en numerosos países de la Unión Europea, así como en el Reino Unido y EE.UU. Francia, Ginebra (Suiza), Polonia Alemania, que suman cantidades que oscilan entre los 32.844 euros y los 261.581 euros.

Se reseñan igualmente contratos de las delegaciones de Diplocat en EE.UU., por 92.843 euros, en Ginebra y ante la UE por 123.500 euros y de su personal en el exterior y ante la UE por 127.813 euros.

En el capítulo de actividades de promoción del proceso soberanista se consignan actividades parlamentarias, académicas, culturales y deportivas que ascienden a 451.487 euros, así como 152.578 dedicados a debates europeos y «observación electoral».

Se consigna como uno de los capítulos más abultados el de un contrato con la empresa Diplomat, por valor de 1.392.300 euros y otro que acumula 932.125 euros que agrupa «visitas internacionales a líderes de opinión» junto a «visitas internacionales a periodistas», «análisis y prospectiva», «comunicación» y «promoción en red».

Por la demanda presentada por dos trabajadores de una oficina cerrada en Lleida se reseñan 80.232 euros, y por la plaza del jefe de la oficina de prensa, otros 134.286, a los que se añaden 17.154 del contrato de arrendamiento de Diplomat en Bruselas y varios contratos de servicios del Patronato Cataluña Mundo por 6.061 euros y 44.970 euros.

Las «ayudas a la federación de organizaciones catalanas internacionalmente reconocidas» supusieron, siempre según el Tribunal de Cuentas, 422.056 euros hasta sumar todo el expediente 5.151.156 euros de principal, que con los intereses alcanza los 5.422.879 euros.

Todas estas cifras figuran en el expediente que este martes notifica el Tribunal de Cuentas a los 42 presuntos responsables del desvío de dinero público del Diplocat al 1-O, de los cuales ha acudido en persona el exconseller catalán y exdiputado del PDeCAT Francesc Homs, quien ha lamentado haberse enterado por la prensa el contenido del expediente provisional.

Además, ha arremetido contra el órgano fiscalizador al aseverar que no se trata de un verdadero tribunal.

También el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha lamentado a las puertas del tribunal la filtración del expediente, además de considerar el procedimiento una tomadura de pelo» porque cree que el Tribunal de Cuentas no tiene competencia para hacer «una derogación implícita del Estatuto de Cataluña por la vía de coartar la acción exterior» del Govern.

Por su parte, el exconseller Homs, ha remarcado que el hecho de no conocer antes la liquidación provisional en su opinión «ilustra la categoría de este tribunal, que no es tribunal, porque no forma parte de la Justicia», al ser un órgano constitucional ajeno a la Administración de Justicia.

Los presuntos responsables del desvío de fondos para promover el referéndum ilegal del 1-O, entre los que también figuran los exconsellers Raül Romeva y Neus Munté, han sido citados para este martes junto a representantes de la Generalitat, de Diplocat, de los Abogados Catalanes por la Constitución, de Sociedad Civil Catalana, de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía.

Según informó el Tribunal de Cuentas antes de acordar esta citación, los condenados por el «procés» ya abonaron 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum unilateral del 1-O, pero todavía quedaba por determinar la eventual responsabilidad contable de la acción exterior de Cataluña entre 2011 y 2017, cuestión que se abordará en la comparecencia de este martes.

El PP denuncia una campaña de «presión» al Tribunal de Cuentas y acusa a Sánchez de «rendirse»

Por su parte, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha denunciado este martes una campaña de «presión» al Tribunal de Cuentas por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber decidido «rendirse» ante el independentismo.

«El Gobierno en vez de defender las instituciones del Estado, lo que hace es erosionarlas. Y esto es absolutamente terrible. Estamos asistiendo a una campaña de presión al Tribunal de Cuentas que los propios miembros del tribunal están diciendo que esto es intolerable», ha declarado Montesinos en una entrevista en Antena 3.

Tras asegurar que «esto no puede ocurrir más», el dirigente del PP ha afirmado que el Gobierno de Sánchez «ha decidido rendirse al independentismo», de forma que «cumple» con «todo lo que le piden los que dieron un golpe a la legalidad».

«Agasaja a aquellos que han roto las reglas de juego y pone en el punto de mira y en el foco a aquellos que están haciendo su trabajo en defensa del interés general», ha afirmado, para añadir que el PP no va a «aceptar presiones» porque se debe «al interés general» y que «respetará» las decisiones que adopte el Tribunal de Cuentas.

Al ser preguntado por el hecho de que sea la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante la que dictará la sentencia contra los exaltos cargos de la Generalitat sancionados por el Tribunal de Cuentas, Montesinos ha subrayado que «esa decisión la tomará el Tribunal de Cuentas» y el PP lo que hará «será respetar» lo que acuerde ese tribunal.

A su entender, lo que «no puede ser» es que el Gobierno de España se dedique a «presionar» a ese órgano fiscalizador «porque se lo dicen sus socios independentistas». «Es que estamos en el mundo al revés y sería importante que los españoles supieran qué más ha pactado Pedro Sánchez con los independentistas», ha manifestado.

Montesinos ha criticado las declaraciones de los ministros José Luis Ábalos e Irene Montero «presionando» al Tribunal de Cuentas mientras que el jefe del Ejecutivo sostenía en una entrevista radiofónica que «no se le va a dar ninguna directriz» a ese órgano.

«Pero, ¿Sabe cuál es el problema? Que la palabra de Pedro Sánchez no vale absolutamente nada porque todo lo que ha dicho que no iba a hacer, finalmente lo ha hecho», ha manifestado, para subrayar que en su día dijo que no iba a pactar con Bildu y los independentistas y a final sí que lo hizo, y que también se comprometió a no dar indultos cuando luego sí los ha aprobado para «estar dos años más en Moncloa».

Por todo ello, el responsable de Comunicación del PP ha restado credibilidad a las declaraciones de Pedro Sánchez asegurando que no va a haber «directrices» al Tribunal de Cuentas cuando luego «manda a Ábalos a presionar» a ese tribunal.

«Es un absoluto disparate y por eso desde el PP hemos dejado bien claro que la única solución que hay es que vayamos a las urnas. Si tan valiente es Pedro Sánchez de indultar en contra del informe del Supremo y la Fiscalía a quienes dieron un golpe a la legalidad y presionar al Tribunal de Cuentas, que abra las urnas y convoque a todos los españoles para que estos opinen si lo que está haciendo es bueno o no para nuestra democracia», ha enfatizado.

Al ser preguntado por la solicitud de legitimación que prepara el PP para recurrir los indultos ante el Tribunal Supremo, Montesinos ha recordado que Pablo Casado ya reunió el pasado viernes al comité jurídico del partido para estudiar este asunto. Según ha añadido, se están «sopesando todas las opciones».

«Iremos al Tribunal Supremo porque advertimos al independentismo y nos pusimos al lado de los españoles en la defensa de la Constitución, utilizando todas nuestras herramientas a nuestro alcance para revocar esos indultos», ha indicado.

Además, ha destacado que este miércoles se celebra un «debate importante» en el Pleno del Congreso en el que se hablará de los indultos –aparte del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de junio– y ahí Casado fijará la posición del partido sobre esa medida de gracia y «reivindicará la Constitución y las reglas de juego frente a un Gobierno entregado a los independentistas».