Los expresidentes de la Junta Manuel Chaves (i) y José Antonio Griñán, durante el juicio del caso ERE

A la Fiscalía del Tribunal Supremo no le resultan «creíbles» las «versiones exculpatorias» expuestas por los máximos responsables de los gobiernos socialistas en Andalucía que han pedido su libre absolución en el caso ERE.

En un escrito que han presentado ante la Sala Segunda del Supremo, ha pedido confirmar las condenas de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez; del exvicepresidente autonómico Gaspar Zarrías; de cuatro exconsejeros más… y así hasta completar los 19 ex altos cargos a quienes la Audiencia Provincial de Sevilla atribuyó delitos de prevaricación y/o malversación. Diez de ellos se enfrentan a penas de prisión, de hasta seis años en el caso de Griñán.

En el informe de 789 páginas elevado a la Sala que debe resolver los recursos de los condenados, la Fiscalía considera que los acusados que formaron parte de los Consejos de Gobierno «conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos». Los principales gestores autonómicos, señala, «posibilitaron un sistema, o actuaron en el mismo, que eludía por completo cualquier control en la concesión de las subvenciones».

El sistema ilegal de ayudas nació de «una decisión colectiva de la que eran conscientes los responsables de la Administración». Para el Ministerio Público se antoja «impensable» que una decisión de este calado, que se prolongó en el tiempo durante una década (2000-2009), no fuera «colegiada».

Los fiscales que firman el escrito, Fernando Prieto Rivera y Rafael Escobar Jiménez, consideran «por completo irracional e ilógico» que el expresidente de la Junta Manuel Chaves (1990-2009) estuviera totalmente al margen, «sin enterarse de nada», de la creación y mantenimiento de un método de ayudas sociolaborales y a empresas que propició el reparto «indiscriminado» de casi 680 millones de euros que «nunca debieron haber salido» de las arcas públicas.

No se creen que «un cargo de tan alta enjundia y responsabilidad como el de presidente de la Junta, ocupado durante casi 20 años, se ejerza en una especie de limbo autista en el que no se conoce nada de lo que, precisamente, exigen, imponen y comportan las funciones que le corresponde, como mínimo, respecto de los acuerdos del Consejo de Gobierno que presidió». El mismo reproche hacen los fiscales a quien fuera su consejero de la Presidencia entre 1996 y 2009 y mano derecha, Gaspar Zarrías. La Audiencia les impuso a ambos penas de nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que a Griñán le atribuyó otro delito de malversación.

Ante el recurso presentado por Griñán, que fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, la Fiscalía considera igualmente «inconcebible» que el principal responsable de la gestión de la Consejería, «pudiera desconocer el sistema de concesión y reparto de las ayudas». Que éstas se repartieran «sin justificación alguna y con grave quebranto del patrimonio público» no podía «escapar» al consejero de Hacienda y «destinatario» formal de los sucesivos informes del interventor general de la Junta —Manuel Gómez, absuelto en el juicio— que alertaban de la irregularidad del sistema.

Griñán lo conocía

El mantenimiento del método ERE «no era posible sin el conocimiento y aquiescencia de la Consejería de Hacienda, dirigida por el acusado, que autorizó la utilización inadecuada y fraudulenta de una partida presupuestaria, con flagrante infracción de las normas presupuestarias elaboradas durante su mandato».

El intento de eximir de responsabilidad a Griñán, «descargando la culpa» en la Intervención, «no es de recibo», porque el papel de ésta no es garantizar «el cumplimiento por el consejero de sus propias competencias», alega.

La «opacidad» y «secretismo» que rodeaba el método de ayudas, que no se publicaban en el boletín oficial, hizo que “se vieran privados de su derecho a acceder a estas ayudas un importante número de empresas en situación de crisis económica y, por ende, un abultadísimo número de trabajadores afectados por el desempleo o/y situaciones de crisis empresarial».

Para la Fiscalía, «repugna a las normas de buen gobierno y recta administración» que los principales acusados endosen «la responsabilidad exclusiva del sistema de concesión de subvenciones» a los responsables de la Consejería de Empleo y, menos aún, a mandos intermedios, como el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, ya fallecido, o a la inacción de la autoridad encargada de la fiscalización de los gastos. «Entender lo contrario, sería tanto como reconocer que impera el desgobierno en la gestión» de la Junta y que «sus organismos funcionan como reinos de taifas independientes», advierte. Esto es «sencillamente inadmisible».