Muere en Argentina el paciente que fue tratado con dióxido de cloro por orden de un juez
Imagen ilustrativa. Un hombre muestra dos frascos de dióxido de cloro.
El paciente con covid-19 a cuyos médicos un juez obligó a tratar con dióxido de cloro ha fallecido este lunes, a los 92 años, en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires (Argentina), donde se encontraba ingresado.
Su caso trascendió a los medios de comunicación apenas unas horas antes, una vez que el juez federal subrogante Javier Pico Terrero, del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 7, exhortó al mencionado centro médico a suministrar dióxido de cloro intravenoso e ibuprofenato de sodio en nebulizaciones al paciente.
Su fallo jurídico atendía una petición expresa de la familia del enfermo y estaba basado en una prescripción del médico que le atendía de forma particular, pero causó el rechazo inmediato y generalizado de la comunidad médica argentina, ya que el dióxido de cloro es una substancia prohibida y desaconsejada por las autoridades sanitarias del país.
Ahora los familiares del fallecido pretenden denunciar al Sanatorio Otamendi por lo que consideran un delito de “homicidio culposo”, ya que sostienen que la clínica “dilató el tratamiento”, según explicó el abogado que les representa al Canal C5N.
Un fallo judicial controvertido y “preocupante”
El fallo emitido por el juez señalaba que su mandato de administrar dióxido de cloro e ibuprofenato de sodio era “de urgente realización”, ya que según el magistrado, este tratamiento podía “mejorar el diagnóstico” e incluso “salvar la vida del paciente”.
El dióxido de cloro, sin embargo, ha sido insistentemente señalado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y por la Sociedad Argentina de Infectología (SAI) como una sustancia altamente peligrosa.
Por ese motivo, varios de sus representantes se pronunciaron ayer en diversos medios argentinos calificando la decisión del juez de “aberrante” y “muy preocupante”.
Además, el dictamen generó inquietud en la comunidad médica del país porque podría generar jurisprudencia para recetar, con apoyo de los tribunales, tratamientos que no están validados por las autoridades sanitarias.
