BC.- La última maniobra del Gobierno contra las libertades públicas ha sido la aprobación de un plan para «luchar contra la desinformación», que incluye la creación de una «comisión» dependiente del secretario de Estado de Comunicación -cargo político, y por tanto no imparcial-, y el control del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez. Así, dos personas de su máxima confianza se encargarán de evaluar la difusión de «noticias falsas» porque el acceso a una información «veraz y diversa» se encuentra en peligro.

Nadie en una democracia fuerte, ninguna plataforma de internet, ningún colectivo, ningún medio de comunicación o ninguna red social, deberían poder promover o amparar la propagación de falsedades. Eso no es libertad, sino manipulación, y luchar contra cualquier perversión de la información con el ánimo de confundir al ciudadano es una exigencia ética irrenunciable. A todos nos corresponde trabajar por evitar la difusión de mentiras, siempre interesadas y a menudo tendentes a socavar la estabilidad de gobiernos, partidos e instituciones democráticas. Sin embargo, Sánchez está equivocado. Su enfoque parte de una premisa ventajista y muy poco democrática. Un gobierno no puede erigirse en juez y parte de lo que es verdad o no. Por eso será inevitable que, para protegerse, La Moncloa tenga la tentación de usar un instrumento legal tan sectario como este para beneficiarse de él. Para colmo, ya es notorio que la palabra de Sánchez carece de valor y que tiene un auténtico conflicto con la verdad. Por eso, solo le quedaba regular el «pensamiento único» y hacer pasar por oficial cualquier engaño masivo a los españoles con la coartada añadida de que gracias a él estamos protegidos contra las «fake news». Desde ahora, solo Sánchez poseerá la «verdad absoluta» y será el «gran hermano» que, además de vigilar todos aquellos contenidos que puedan incomodarle, decidirá qué es falso y qué no en su único interés.

Esta norma asesta un nuevo varapalo a nuestro régimen de libertades porque un Gobierno nunca es independiente.

Si es La Moncloa quien decide qué es mentira, cabe preguntarse qué ocurre cuando es un ministro quien desinforma, quien desmerece la noticia u opinión que no es «oficial», o quien filtra a conveniencia las preguntas de los medios de comunicación. Qué ocurre, en definitiva, cuando reinterpreta datos ciertos -por ejemplo la cifra de fallecidos por Covid- para reorientarlos a su capricho y mejorar su imagen internacional. Sánchez nunca va a penalizarse a sí mismo, pero sí alienta la sombra de la censura.

El Gobierno no es un organismo regulador ni un árbitro de nada porque forma parte activa del juego. Y de la misma manera que los periodistas profesionales se someten a la legalidad vigente y a códigos deontológicos, las plataformas de internet dedicadas a la difusión sin filtro de cualquier falsedad deberían responder ante la Justicia si incumplen las leyes. Las redes sociales deberían autorregularse más, impedir la viralización de falacias, y no dejarse utilizar por auténticas mafias de la desinformación para engrosar su cuenta de resultados. Pero no puede ser el Gobierno quien lo decida, y menos aún en pleno estado de alarma. Ya en primavera fue La Moncloa quien admitió que empleaba a las fuerzas de seguridad para perseguir contenidos perjudiciales para el Gobierno. Ahora amplía su plan con la única intención de proteger a Sánchez, pero no a los ciudadanos de las mentiras de Sánchez. Es solo un paso más hacia el control absoluto y autoritario. Esta norma no es una solución contra la mentira, sino otra trampa de abuso de poder contra la libertad.