Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. (Foto: PSOE)

Las medidas que Justicia pretende llevar este martes al Consejo de Ministros para intentar afrontar el previsible colapso de los tribunales tras el estado de alarma pueden protagonizar la primera ruptura ente Gobierno y el principal partido de la oposición. Y también laminar las relaciones entre Juan Carlos Campo y las asociaciones judiciales y fiscales, con las que pretende seguir contando para su proyecto integral de reforma de la justicia. Mientras que desde el Ministerio se asegura que se trata de un real decreto ley consensuado con comunidades autónomas y operadores jurídicos y del que están informados los distintos partidos, los aludidos señalan que han tenido conocimiento de ese real decreto «de forma muy general» –en el mejor de los casos– y niegan que sea fruto de ningún acuerdo.

Tanto es así que el presidente del PP, Pablo Casado, ya ha anunciado que el Grupo Popular no dará su apoyo a la convalidación de estas medidas cuando lleguen al Congreso, al considerar que la vía de la «urgente necesidad» no es la adecuada para hacerlo. «No se pueden cambiar los órdenes jurisdiccionales y no se puede modificar una ley orgánica a través de un real decreto en un estado de alarma (…) Lo que quiera negociar el PSOE que lo traiga al Congreso. No queremos ni negociaciones paralelas ni mesas extraparlamentarias», dijo ayer el líder de los populares.

«Participación activa»

Lo cierto es que su reacción ha sorprendido en fuentes del Ministerio, donde aseguran que el secretario de justicia del PP, Enrique López, que también es consejero en la Comunidad de Madrid, participó de forma activa en este real decreto, y que de hecho fue él quien propuso que se declarase hábil el mes de agosto en todas las jurisdicciones, una medida que ha puesto en pie de guerra a la Abogacía y cuya aplicación desaconsejaron las asociaciones judiciales en las alegaciones que enviaron al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuando se les emplazó a contestar a las 108 medidas propuestas por el órgano de gobierno de los jueces. Fuentes próximas al secretario de justicia del PP aseguran que conoció las «grandes líneas» del decreto el viernes pasado, como todos los consejeros.

Pese a ser los grandes protagonistas de las reformas propuestas por Campo para procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por el Covid 19, las dos asociaciones mayoritarias de jueces no ocultan su malestar con el ministro por haberles ocultado el contenido de este real decreto. Niegan que haya sido consensuado con ellas.

Fuentes de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) señalaron ayer que la única reunión que los portavoces judiciales han tenido con el ministro Campo fue la del jueves 16 de abril, hace once días, y en ella no hubo alusión alguna al contenido de este decreto. Únicamente les emplazó a que continuaran formulando sus propuestas para la reforma de la justicia y se les garantizó que serían oídas.

De igual forma, desde Francisco de Vitoria señalan que si finalmente se aprueba ese real decreto en los términos del borrador, «no es cierto que sea por consenso y menos por una simple y breve reunión en la que, de hecho, el Ministerio no nos avanzó ni explicó nada, sino que fuimos las propias asociaciones las que planteamos otras medidas que no se han tenido en cuenta». «Es más –continúan–, este decreto recoge cuestiones a las que las asociaciones judiciales nos hemos opuesto frontalmente desde que las planteó el CGPJ. La APM y Francisco de Vitoria coinciden en que «consensuar es escuchar y acoger alguna propuesta», lo que en este caso no se ha hecho. «No se puede hacer un plan para la justicia sin contar con los jueces», dicen.

Tampoco han sido informados del contenido de este real decreto los representantes del Ministerio Público, que, como los jueces, también participaron hace días en un encuentro por videoconferencia en el que en ningún momento Campo informó a la Asociación de Fiscales (AF) ni a la Unión Progresista de Fiscales (UPF) de cuestiones como turnos de mañana y tarde o que el mes de agosto fuera a ser hábil. «Lo único que se abordó en aquella reunión fueron temas relativos a sistemas telemáticos y plazos procesales, nada más», dice Cristina Dexeux, de la mayoritaria AF.

Sí estuvieron al corriente de este real decreto los colectivos con los que el ministro se reunió a finales de la semana pasada: sindicatos de funcionarios de la Administración de Justicia y abogados y procuradores –que criticaron estas medidas urgentes–, y los representantes de las comunidades autónomas, entre los que se encontraba el consejero Enrique López.

Las medidas que Campo lleva al Consejo de Ministros hoy están pensadas sólo para los próximos tres meses y contemplan, en líneas generales, la agilización de procesos de familia y concursales afectados por el Covid 19, distribuir las plantillas en turnos de mañana y tarde en los órganos judiciales, celebrar juicios en sesiones vespertinas o declarar hábiles del 11 al 31 de agosto. Fuentes del Ministero consideran que se trata de «pequeños sacrificios perfectamente asumibles» en la actual situación pero avisa de que, aunque su deseo es que los turnos se hagan de forma voluntaria y negociar con los sindicatos, en última instancia podrán forzar turnos y negar vacaciones «por necesidades del servicio».

Una de las medidas que ha sido bien acogida por todos los colectivos es la que se refiere al cómputo de los plazos procesales suspendidos por el estado de alarma: todos los plazos empezarán desde cero, con independencia de que hubieran empezado a contar ya los días antes de esa suspensión.

«Un brindis al sol»

El real decreto recoge también la celebración de juicios, comparecencias y otros actos procesales por vía telemática en todas las jurisdicciones, salvo en los asuntos penales por delitos graves, en los que es necesaria la presencia física del acusado. Fuentes jurídicas consideran que esta medida es un «brindis al sol», al ser la administración de justicia una de las menos preparadas en cuestiones tecnológicas y no contar con medios materiales para hacer posible esa medida.

El real decreto también prevé un procedimiento hasta ahora inexistente en materia de Familia para «compensar» al progenitor que durante el estado de alarma no ha podido disfrutar del régimen de visitas o un procedimiento ágil para la revisión de medidas relativas a pensiones de alimentos cuando hayan variado las condiciones económicas del progenitor por la crisis sanitaria.