I. San Sebastián,. La situación de nuestro país ha superado con creces el umbral de la gravedad. Peligra la unidad de la nación y peligra la democracia. No exagero. La economía vuelve a mostrar síntomas que preludian recesión, lo cual debería acaparar portadas, pero las demás variables resultan tan inquietantes que hacen palidecer el déficit disparado, la nueva vuelta de tuerca fiscal, la certeza de que el sistema de pensiones no será sostenible a medio plazo y hasta las cifras de empleo menguantes. Esas pésimas noticias quedan relegadas a un segundo plano ante la certeza de que está en juego algo mucho más importante: España.

El presidente Pedro Sánchez, rehén de separatistas declarados, acumula méritos para pasar a la historia como un traidor a todo aquello que juró honrar, empezando por su patria. Llegó a la poltrona a lomos de los golpistas catalanes y ahora le faltan agallas para pararles los pies. Asiste impávido a sus abusos, pidiendo «lealtad» a las fuerzas constitucionalistas, como si la lealtad consistiera en respaldar los gestos de impotencia de un jefe de Gobierno carente de convicción y de fuerza. Cede a las exigencias de los mismos populistas a quienes descalificaba cuando competía con ellos por el electorado de extrema izquierda, hasta el punto de servir en bandeja a Pablo Iglesias la posibilidad de alardear, con fundamento, de ser el verdadero vicepresidente en la sombra. Ignora con desvergüenza al Senado, la Cámara Alta de nuestro sistema parlamentario, por miedo a las preguntas relativas a su tesis doctoral de la señorita Pepis, y se permite la chulería de aducir que «quiere prestigiar a las instituciones». Varios miembros de su Ejecutivo, empezando por él mismo, han sido pillados en mentiras flagrantes y/o asuntos turbios, aunque se agarran a la cartera como el percebe a la roca. ¿De qué modo, si no, podrían enchufar a discreción amiguetes en RTVE, Correos, Marca España y tantos otros pesebres dotados de presupuesto con el cual ir rascando votos?

Ante este estado de cosas la oposición democrática está obligada a entenderse, al menos en lo esencial: la defensa de la Carta Magna. Nuestra ley electoral prima descaradamente a los partidos nacionalistas, devenidos en independentistas, lo que obliga a cualquier servidor del Estado de Derecho a emprender cuanto antes su reforma, en el empeño de restablecer unas reglas justas. Es perentorio imponer a las formaciones que concurran a las elecciones generales la obtención de un mínimo de representación a escala nacional, so pena de quedarse fuera del Congreso. Un corte del tres o el cinco por ciento del voto popular, que prive a los separatistas del arbitrio que detentan actualmente sobre los asuntos que nos conciernen a todos, presentándose únicamente en sus respectivos territorios con programas basados en la defensa de sus intereses y la ruptura nuestra nación. Es necesario igualmente modificar la proporcionalidad del sufragio, con el fin de corregir el castigo que sufren los grandes núcleos urbanos, así como avanzar hacia un modelo de circunscripciones unipersonales que otorgue al ciudadano un control mucho mayor sobre sus representantes electos. Lo más urgente, sin embargo, es arrebatar a los sediciosos y sus cómplices el poder que ejercen actualmente contra nosotros. Para lo cual es preciso que Casado y Rivera sean capaces de tejer una alianza susceptible de ganar holgadamente los próximos comicios, con el compromiso ineludible de poner en marcha esas reformas. ¿Cómo? Estudiando juntos la compleja matemática electoral y sacrificando conveniencias partidistas en beneficio de la causa. Retirando candidatos allá donde su presencia pueda beneficiar a terceros. Poniendo a España por delante de su ambición.