En la reciente sentencia firme del Tribunal Supremo sobre el caso Noós (pueden ver el PDF correspondiente en la web de manos-limpias.es), se nos quiere vender la “burra”, por ciertos sectores políticos y judiciales, de que se ha aplicado correctamente la ley, tanto en las condenas como en la absolución penal, que no civil, de la Infanta Cristina.

Esta gran falacia ha quedado desmontada primero con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, y ahora con la Sentencia del Tribunal Supremo.

La rebaja de las peticiones formuladas por las acusaciones contra Urdangarín –básicamente por parte del Sindicato MANOS LIMPIAS, que todo hay que decirlo-, y su cómplice Diego Torres, donde los 19 años pedidos por numerosos delitos se quedan en solo 5 años y 9 meses, supone una reducción tan considerable que para sí la querrían la mayoría de los “clientes” de nuestros Juzgados y Tribunales penales.

La absolución penal, con una simple sanción económica a la Infanta de España, así como a la esposa de Diego Torres (no se podía dar tratos distintos, pues “cantaba” demasiado), solo se puede entender como una sentencia no solo de mínimos, sino de privilegio, por ser vos quien sois. (Todo ello con el debido respeto hacia los Tribunales, por supuesto, pero en términos de crítica política, a la que creo tenemos derecho todos los ciudadanos).

Ha quedado acreditado en este proceso que ha funcionado a la perfección el plan que se elaboró en el Palacio de La Zarzuela, el año 2012, en un gabinete creado ad hoc para “SALVAR A LA INFANTA”.

El Rey Emérito convocó al presidente del gobierno, Mariano Rajoy (con Soraya de brazo ejecutor), al ministro de justicia por aquel entonces, Alberto Ruíz-Gallardón, al fiscal general del estado –más bien del gobierno-, Eduardo Torres-Dulce, y entre todos diseñaron este plan para salvar a la Infanta, su hija, y hermana del futuro rey, el actual Felipe VI.

Se trataba, en definitiva, de “SALVAR A LA MONARQUIA BORBÓNICA”, pilar sobre el que se asentaba y asienta el tambaleante régimen del 78.

Para lograr esos objetivos hubo que presionar a la Agencia Tributaria, a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía y a la policía política del régimen, la UDEF, dentro de esta operación diseñada para, repito, “SALVAR A LA INFANTA”.
La operación culmina con la detención e ingreso en prisión preventiva, durante casi nueve meses, de una persona mayor, de 74 años, el que suscribe, un auténtico peligro público, por lo que se ve.

Al mismo tiempo se llevan todos los archivos y ordenadores del Sindicato MANOS LIMPIAS, se precinta la sede, se detiene a varios empleados y colaboradores, miembros de la junta directiva, etc., con la finalidad de intimidarles, y que dejen de colaborar con l organización, que prácticamente es desmantelada. Por supuesto, se embargan los escasos saldos existentes en las cuentas bancarias, etc.

¿Se imaginan ustedes una operación semejante contra CC.OO. y UGT, por los ERES de Andalucía, por ejemplo, donde se han sustraído del erario público más de ochocientos cincuenta millones de euros, que se dice pronto?

La abogada del estado y el fiscal actuantes ante la Audiencia Provincial de Mallorca, intentan hacer méritos para prosperar en sus carreras pretendiendo la expulsión del procedimiento del sindicato MANOS LIMPIAS, como si ya estuviera condenado, diciendo que era una “organización criminal”. ¡Más o menos como el PP y el PSOE, supongo!

Se pretendía evitar que la Infanta se sentara en el banquillo, al ser el sindicato MANOS LIMPIAS la única acusación que quedaba “viva” en el procedimiento, haciendo una total y absoluta dejación de sus funciones y obligaciones profesionales tanto el fiscal como la abogada del estado.

Afortunadamente, todavía quedan jueces en Mallorca, el Tribunal rechaza tan inaudita petición y MANOS LIMPIAS se convierte en la única acusación, pues la abogada del estado y el fiscal se unen al abogado defensor, y los tres se dedican a defender a los acusados, en una imagen que produce vergüenza ajena.

Es decir, que dos funcionarios públicos que cobran de todos nosotros, en lugar de defender el interés público de los españoles, se dedican a defender a los presuntos delincuentes, y ahora ya delincuentes, condenados en firme por nuestro Tribunal Supremo.

Al final la Audiencia de Palma, suponemos que debidamente “instruida”, acabó dictando una Sentencia total y absolutamente benévola con los acusados, y absolviendo a la Infanta del delito, pero condenándola civilmente por responsabilidad civil, al haberse beneficiado de los delitos cometidos por su esposo.

Y como guinda judicial, ¡se condena al denunciante que había ejercitado la acción popular, MANOS LIMPIAS, por las costas procesales causadas! Todo un aviso para navegantes, para que nadie más se atreva a denunciar a personas tan importantes, y por lo tanto tan influyentes, en España.

Por mucho que se nos haya querido vender la “burra” de que la ley es igual para todos, la sociedad mayoritariamente no acepta que ese principio constitucional se aplique en la realidad.

Quiero hacer referencia a varias manifestaciones de la juez doña Mercedes Ayala, que suscribo plenamente: “Hay una justicia para los poderosos y otra para los que no lo son”.

“La independencia de los jueces es una especie en peligro de extinción”.

“Sin acusación popular, la justicia no es igual para todos”.

Y eso es lo que se pretende con la reforma del proceso penal: acabar con la acusación popular, como “mosca cojonera” del sistema y por lo tanto, total y absolutamente incontrolable por el poder, económico, político y judicial.

*Jurista y secretario general del sindicato Manos Limpias