Acto en memoria de un empresario asesinado por ETA.

El balance que deja ETA en casi cinco décadas de actividad terrorista incluye 49 empresarios y directivos vascos asesinados, 52 secuestrados en demanda del pago de un rescate y cerca de 10.000 extorsionados mediante el llamado “impuesto revolucionario”, un chantaje económico sufrido muchas veces en soledad y con la amenaza de pagar con la vida propia si no eran atendidas las demandas de la banda.

Empresarios, altos directivos o profesionales liberales en grandes empresas, pymes o pequeños negocios sufrieron la extorsión de ETA, desde que a mediados de los años setenta se acuñase el término “impuesto revolucionario”.
Josu Ugarte Gastaminza: “Un extorsionado por ETA tenía unos dilemas morales enormes”

Un estudio de la Universidad de Deusto ha cifrado en más de 10.000 las víctimas de esta práctica, que en su mayoría mantuvieron el asunto en privado por miedo y para no preocupar a sus familias, durante años de aguante silencioso con la angustia de saberse objetivos del chantaje y la amenaza de ETA.

La mayoría de los extorsionados por la banda no pagaron, pero la mayoría de los secuestrados sí lo hicieron, según sostiene el director de la asociación vascas de derechos humanos Bakeaz, Josu Ugarte, coordinador durante años de investigación del libro “La Bolsa y la vida. La extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial”.

La investigación evidencia que la principal fuente de financiación de la organización terrorista fueron los secuestros. Según Ugarte, de 1973 a 1996, ETA obtuvo entre 103 y 106 millones de los actuales euros. La banda, según su análisis, necesitaba para costear su actividad terrorista más de 5 millones de euros al año.

ETA asesinó a dos de los empresarios y directivos que secuestró: a Ángel Berazadi en 1976 y a Javier Ybarra en 1977.

El último empresario secuestrado fue Cosme Delclaux, que permaneció en poder de sus captores desde el 11 noviembre de 1996 hasta el 1 de julio de 1997. José María Aldaya, propietario de dos empresas de transporte, vivió el secuestro más largo de los sufridos por empresarios, ya que estuvo en manos de ETA casi un año (del 8 de mayo de 1995 al 14 de abril de 1996).

En la lista de secuestrados por ETA, también figuran el propietario de Avidesa, Luis Suñer (1981); los industriales vascos José Lipperhide y Saturnino Orbegozo (ambos en 1982); Diego Prado y Colón de Carvajal (1983); Juan Pedro Guzmán Uribe (1985), Lucio Aguinagalde (1986) y Emiliano Revilla (1989), quien permaneció 249 días en poder de ETA y fue liberado tras el supuesto pago de 1.500 millones de pesetas (9 millones de euros).

En noviembre de 1989 fue secuestrado Adolfo Villoslada, liberado en febrero de 1990, y en 1993, Julio Iglesias Zamora, en poder de ETA desde julio a octubre de ese año.

Uno de los secuestrados, el director gerente de “Sigma”, Ángel Berazadi, fue el primer empresario asesinado por ETA, en abril de 1976. El último asesinado fue Ignacio Uría, consejero de la empresa Altuna y Uría, una de las constructoras de la “Y” ferroviaria vasca (tren de alta velocidad), en diciembre de 2008.

En la lista de empresarios víctimas de ETA, figuran también José Luis Legasa, quien se negó a pagar el impuesto revolucionario (1978); José Antonio Santamaría (1993), copropietario de una discoteca donostiarra y exjugador de la Real Sociedad; y el empresario de la construcción Isidro Usabiaga (1996), que antes de recibir cinco tiros cuando volvía a su casa en Ordizia (Guipúzcoa) ya había sido chantajeado con el “impuesto revolucionario” y había pagado 10 millones, que la Ertzaintza recuperó.

En 1997 fue asesinado en Tolosa de un tiro en la cabeza Francisco Arratibel, al que los terroristas acusaban de quedarse con 60 millones del rescate pagado por la liberación del industrial Emiliano Revilla y en agosto de 2000 un coche bomba acabó con la vida de José María Korta, presidente de la patronal guipuzcoana Adegi.

Tras décadas de sufrimiento callado por parte de los extorsionados, la patronal vasca Confebask y sus organizaciones territoriales integrantes tributaron un homenaje de reconocimiento a los empresarios asesinados, secuestrados y chantajeados en octubre pasado, coincidiendo con el sexto aniversario del anuncio de ETA del abandono definitivo de su actividad terrorista.

En ese homenaje, se sucedieron los testimonios de víctimas de la extorsión y de familiares de empresarios asesinados por la banda, algunos de los cuales se lamentaban de la falta de apoyo y empatía de la sociedad vasca hacia su sufrimiento durante los años de acoso por parte de la organización terrorista.

Muertos, heridos, dolor, sufrimiento… forman parte del balance de la historia de ETA, cuya actividad también se ha saldado con un elevado coste económico.

Según informes y datos de investigadores de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, desde el inicio de su actividad terrorista en 1968 hasta 2013 el coste directo provocado por ETA puede alcanzar los 25.000 millones de euros, destacando el impacto que tuvo la paralización de la construcción de la central nuclear de Lemoiz (Vizcaya), que supuso unos 6.000 millones de euros.