Rafael Catalá.

Victoria Prego (R).- Inaudita la entrada a saco de nada menos que el ministro de Justicia, es decir, de uno de los representantes del Poder Ejecutivo en el ámbito del Poder Judicial. Una entrada torpe, grosera, improcedente y ni siquiera fundamentada. ¿Cómo se le ha ocurrido al señor Catalá afirmar que “todos saben que el juez” que ha emitido un voto particular a la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra “tiene un problema singular” y quedarse ahí, sin más precisiones que pudieran justificar una acusación tan grave y, sin embargo, tan evanescente y tan irresponsable? Para justificar lo perpetrado por el ministro tendría que haberse tratado de un robo, de una violación, de cualquier delito terrible perpetrado por ese juez y del que nadie hubiera tenido el menor conocimiento, nadie salvo el señor ministro que se habría sentido en ese caso en la obligación indeclinable de denunciar de inmediato al magistrado malhechor.

Pero nada de eso. ¿De qué “problema singular” habla entonces el ministro de Justicia para reprochar al Consejo General del Poder Judicial que no hubiera tomado medidas previas contra ese juez? ¿Qué cosa tan grave conoce este ministro que, sin embargo, no comunica a una población perpleja ante semejante acusación sin concretar? No hay explicación ni justificación posible para tanto y tan gravísimo error. Así se puede comportar un tertuliano de un programa de cotilleos sobre cuestiones del corazón y del hígado y de los fondillos, pero de ninguna manera se puede comportar un miembro del Gobierno y muchísimo menos el ministro del ramo.

Eso por lo que se refiere al comentario sobre el “problema singular” del que el señor Catalá no ha dado ninguna precisión, comentario agravado por la coletilla que le ha puesto según la cual “todo el mundo sabe…”. Una auténtica vergüenza. Pero es que además carece por completo de sentido que el ministro de Justicia se meta a juzgar el comportamiento anterior de un juez que acaba de formar parte de un tribunal que ha emitido una sentencia protestada por una multitud de ciudadanos y colectivos feministas y sobre la que han opinado, sorprendentemente, los políticos de nuestro país.

Este juez, cuyo nombre y cuyo prestigio ha sido destrozado por el ministro -ahora existirá siempre la duda de si con motivo o sin él-, ha sido expedientado hace 10 años por retrasos en la publicación de sentencias, pero eso es algo que ha ocurrido con relativa frecuencia en el pasado y por ese motivo el Consejo General del Poder Judicial ha informado de que no existen expedientes disciplinarios abiertos al magistrado González en los últimos cuatro años.

Es verdad que en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra pidió iniciar un expediente de jubilación por incapacidad permanente al magistrado, una medida que se plantea de forma automática al CGPJ en los casos de baja prolongada por enfermedad de un juez, y éste pareció haber sufrido una depresión. Pero eso es competencia del CGPJ y no es, en cualquier caso, una materia en la que deba entrometerse un miembro del Poder Ejecutivo porque eso constituye un escándalo, se mire por donde se mire.

Además, este juez, Ricardo González, no es sino el autor del extensísimo voto particular en el que exponía sus argumentos en favor de la absolución de los condenados por el tribunal. Es decir, no es el redactor de la sentencia. Votos particulares se producen en innumerables ocasiones, cosa que no sucede en otros países de nuestro entorno pero en España sí, y no son más que la expresión de una discrepancia jurídica por parte de uno o más magistrados cuando el tribunal está constituido por más de tres miembros. Los votos particulares tienen interés pero no son determinantes. Lo es la sentencia que el tribunal dicta y nada más.

No tiene, por lo tanto, el menor sentido que todo un ministro de Justicia se permita no sólo opinar sobre los jueces que ya han dictado sentencia sino hacer foco en el autor del voto particular para descalificarlo. No se comprende cómo se ha lanzado a dar una patada de esta violencia al tribunal entero. Tienen sobrada razón las asociaciones de jueces y fiscales cuando, todos a una, han reclamado la inmediata dimisión del señor Catalá, y la tienen por lo que argumentan a continuación: ” Los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia”, además de señalar el verdadero peligro que entrañan sus afirmaciones, que es el de que se utilicen las resoluciones judiciales para confundirlas intencionadamente con intereses electorales. El reproche entraña una gravedad inusitada y pone en la picota, una vez más, la tantas veces cacareada por el propio Catalá separación de poderes que se supone que existe en España.

Y por si fuera poco, el ministro de Justicia se ha sumado con armas y bagajes a excitar esa tendencia a imponer la “justicia del pueblo”, de infausta memoria en nuestro país que parece estar apoderándose de la sociedad española en los últimos años, según la cual es “el pueblo” el que juzga y emite sentencia aún antes de que los jueces hayan iniciado su labor, una sentencia que a juicio de ese “pueblo” no admite discusión ninguna.

Por eso, cuando los tribunales toman decisiones que no coinciden milimétricamente con las que “el pueblo” exige, se desata la descalificación de los jueces y, por extensión, del Poder Judicial al que sólo se reconoce su independencia y honestidad si ha tomado la decisión que ese “pueblo” ha reclamado previamente. Este mecanismo, mucho más habitual de lo que sería admisible, constituye una atrocidad contra la que los responsables políticos y sociales están obligados a luchar a brazo partido.

Y, mira por dónde, desde este lunes Rafael Catalá forma parte de quienes creen posible y hasta deseable intervenir en las decisiones judiciales y espolvorear sospechas, encima vagamente y sin concreción ninguna, sobre la idoneidad de un determinado magistrado para desempeñar su tarea. Es de no creer.