Un ex director de Trabajo de la Junta de Andalucía implica a un diputado del PSOE en un ERE falso
Francisco Javier Guerrero está imputado en las diligencias por los ERE falsos.
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que el actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz y él mismo protagonizaron la negociación relativa al expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral ‘Saldauto’. No obstante, Guerrero se ha desligado de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento.
La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado en 2001 entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años para la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.
Las subvenciones e incentivos otorgados mediante este método, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un «incumplimiento flagrante» de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de «discordancias administrativas» en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.
Fraude
A tal efecto, uno de los expedientes de regulación de empleo incluidos en esta investigación fue promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana ‘Saldauto’ y, según figura en un nuevo atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, gracias a él accedieron a la prejubilación tres personas que no formaban parte de la plantilla. Se trata, en concreto, de Antonio G.P. y Rafael R.F., antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba), y de Francisco de Paula Hernández Diánez.
Francisco Javier Guerrero, de cualquier modo, compareció ante los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 11 de marzo, reconociendo ante los investigadores que Ramón Díaz Alcaraz como su «asesor» y él mismo «negociaron» con ‘Saldauto’ aquel procedimiento.
