Plaza de toros de Mallorca.

La ley de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las Islas Baleares, coloquialmente conocida como la ley de toros «a la balear», ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB), lo que teóricamente significa que desde este viernes entra ya en vigor.

Cabe recordar que el pasado mes de julio el Parlamento autonómico aprobó la citada ley, que si bien no prohíbe expresamente las corridas en el Archipiélago, fija no obstante numerosas restricciones para su celebración, como por ejemplo la de que no se hiera o mate al toro.

El propósito implícito de la nueva norma —promovida por el PSOE, MÉS y Podemos— es desnaturalizar por completo la Fiesta, con el objetivo de que en la práctica los aficionados acaben desistiendo de ir a presenciar un espectáculo en los términos fijados por el tripartito. La última palabra la tendrán, en cualquier caso, los tribunales, ya que el Gobierno anunció recientemente su intención de recurrir la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

Tras las elecciones autonómicas de mayo de 2015, el entonces recién llegado tripartito empezó a abogar claramente por la supresión de la Fiesta. Así, el Parlamento regional comenzó a tramitar una reforma de la Ley de Bienestar Animal, que había aprobado el PP en 1992, con el objetivo último de prohibir que se pudieran seguir celebrando corridas de toros en las Islas. Esa incipiente iniciativa legislativa fue abandonada tras conocerse en octubre del pasado año el dictamen del Tribunal Constitucional contrario a la prohibición de los toros en Cataluña. Fue en ese momento cuando los componentes del tripartito decidieron empezar a redactar una ley completamente nueva, que es la que el pasado mes de julio fue aprobada por la Cámara balear.

El controvertido modelo de toros «sin sangre» establece bastante limitaciones, como por ejemplo que sólo se podrán torear un máximo de tres reses por festejo y por un periodo de tiempo no superior a los diez minutos. Además, no se podrá vender alcohol y estará prohibida la entrada a los menores de 18 años. Por lo que respecta a los empresarios, deberán abonar fianzas previas por un importe global mínimo de 300.000 euros. En cuanto a las sanciones, pueden alcanzar los 100.000 euros en los casos más graves. Otro requisito es que se hará «un control antidopaje» de los toros y de los diestros «antes y después del espectáculo». Con posterioridad, tras una revisión veterinaria, las reses serán devueltas a la ganadería que las suministró.