El Consejo General de Economistas (CGE) cifra en 25.648 millones de euros la pérdida de recaudación derivada del fraude fiscal en España, que alcanza el 16% de la actividad total, lo que supone unos 168.000 millones, y ha realizado una veintena de propuestas para combatirlo, entre las que figura la mejora de la forma de trabajar de la Agencia Tributaria y facilitar las regularizaciones “espontáneas”.

Así figura en el estudio ‘Reflexiones sobre el fraude fiscal y el problema de las estimaciones” del CGE, que incluye 20 propuestas para reducirlo y ha sido presentado por el presidente de la institución, Valentín Pich, quien ha destacado que todos los informes demuestran que la economía sumergida y la pérdida de recaudación derivada por el fraude fiscal en España está “en línea” con la mayoría de países del entorno.

Pich ha detallado que la economía sumergida en España representa alrededor del 16% del total de la actividad, lo que supone unos 168.000 millones de euros o 102.593 millones en cifra ajustada, lo que representa una pérdida de recaudación de 25.648 millones de euros.

En este sentido, el CGE recuerda que algunos estudios cifran la economía sumergida en España en más de 200.000 millones de euros y otros consideran que supera por poco los 120.000 millones de euros y que la recaudación perdida está en torno a los 40.000 millones de euros.

Según Pich, en el fraude fiscal inciden aspectos inmateriales, como la educación de la ciudadanía, la eficiencia en el gasto o el ejemplo de los responsables políticos, y otros más tangibles, como la fortaleza de las agencias tributarias, las consecuencias de las comprobaciones administrativas o de la regularización para declaraciones fuera de plazo, la claridad normativa o la estabilidad de las normas y de los criterios interpretativos.

El economista y coautor del estudio, Jesús Quintas, ha explicado que hay un problema de definición y de detección, ya que ni los expertos se ponen de acuerdo para definir el concepto de fraude fiscal, si bien la economía sumergida es un “concepto económico” y es algo “oculto”, pero puede no generar una repercusión en recaudación significativa, mientras que el fraude fiscal es un concepto jurídico y supone el incumplimiento de las normas de aplicación de los tributos y es “muy difícil de captar por las estadísticas”.

Una veintena de propuestas

Los expertos del CGE han elaborado una veintena de propuestas para combatir el fraude fiscal, entre las que se encuentra mejorar la forma de trabajar de las agencias tributarias, instruyendo expedientes administrativos “más sólidos” y facilitar las regularizaciones “espontáneas” de acuerdo con el régimen general previsto en la Ley General Tributaria para las declaraciones que se presentan fuera de plazo.

También propone intentar reducir los tiempos de resolución en los procesos de revisión, tutelar de manera especial a los nuevos empresarios, hacer una “rápida difusión” de criterios interpretativos e intensificar la relación cooperativa.