En una conferencia de prensa en el departamento de Estado, Rex Tillerson, confirmó el nuevo decreto y que Irak, ya no está en la lista de países cuyos ciudadanos están vetados. “Esta medida es para proteger a los EEUU”, afirmó el secretario de Estado.

John F. Kelly, el secretario de Seguridad Interior, también explicó la “seguridad del territorio estdaounidense es la prioridad númeor uno” para esta administración. “Esta orden ejecutiva hace que nuetsro país esté más seguro”, agregó.

El presidente de los EEUU firmó una versión revisada de su polémico veto migratorio a refugiados y a los ciudadanos de países de mayoría musulmana, según adelantó la Casa Blanca.

Con su primer veto migratorio, emitido el pasado 27 de enero, Trump prohibía la entrada al país de los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana (Irak, Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán) durante 90 días y suspendía el programa de acogida de refugiados durante 120 días. En el caso de los refugiados sirios, esa suspensión era indefinida. Ahora, sólo Irak fue removido de ese listado.

Además, permitirá la entrado a todos aquellos que ya tengan un visado. Eso sí, el válido es aquel emitido antes de las 17 hora local (22.00 GMT) del 27 de enero, la fecha en la que se emitió la primera orden ejecutiva sobre inmigrantes y refugiados.

Otra novedad es que el nuevo decreto no afectará a los ciudadanos que poseen la tarjeta de residente permanente (“green card”), un permiso que permite a los extranjeros trabajar en el país y solicitar la ciudadanía estadounidense.

El Gobierno dejó claro que la nueva orden no afecta a los residentes permanentes, un grupo de ciudadanos que vivió gran confusión en los días siguientes a la proclamación del anterior veto del 27 de enero debido a que las autoridades detuvieron en los aeropuertos a personas con permiso de residencia.

Una vez que se reanude la admisión de refugiados en EEUU, se permitirá la entrada de un máximo de 50.000 en el año fiscal 2017, un límite idéntico al contenido en la primera versión del veto, emitido en enero y cuya ejecución fue suspendida por un juez federal.

Esa cifra límite reduce a menos de la mitad el tope marcado para ese mismo año fiscal por el Gobierno del ex presidente Barack Obama, quien había autorizado la entrada de un máximo de 110.000 refugiados, un aumento del 57 % respecto de 2015.