José Cutiño y Pablo Chopera, en el momento de presentar la solicitud

Cuando la Feria de la Blanca de Vitoria parecía perdida tras no presentarse ninguna empresa al concurso por la plaza -con un duro pliego-, la nueva empresa BMF ha dado la sorpresa. La citada sociedad, perteneciente al Grupo Bal (Alberto Baillères) y a Martínez Flamarique (casa Chopera), ha presentado en el registro municipal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una solicitud de arrendamiento del coso Iradier Arena para los días 4, 5 y 6 de agosto del próximo año, con motivo de las Fiestas de la Virgen Blanca. Mediante esta vía, consideran que sería viable y más equilibrada económicamente la feria taurina.

Se da la circunstancia de que José Cutiño, perteneciente a la FIT (capitaneada por Baillères), había sido el último empresario y renunció a la prórroga. Ahora, el propio Cutiño, junto a Pablo Chopera, ha acudido al ayuntamiento a solicitar el arrendamiento.

Solicitud del alquiler del Iradier Arena

Según informa el citado grupo en un comunicado de prensa, «esta iniciativa empresarial viene promovida por la decisión del Ayuntamiento de dejar a la capital alavesa sin toros en 2017 tras quedar desierto el concurso de explotación taurina del Iradier Arena». «No obstante y ante esta grave situación, BMF quiere apostar por los toros en Vitoria y en el País Vasco -subrayan los empresarios-. La solicitud presentada se ampara en las tarifas municipales de alquiler aprobadas por el consistorio para la plaza de toros y que recogen todo tipo de actividades culturales. El proyecto es realizar una feria taurina acorde a la demanda de la ciudad y de sus aficionados, potenciando la calidad y la viabilidad económica».

Baillères y los Chopera -que dirigen también las plazas de Bilbao y la recuperada San Sebastián- entienden que «dicha solicitud deberá ser atendida, ya que se basa en una actividad legal a desarrollarse en una instalación creada específicamente para ello».

También recuerdan «la ley estatal para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (artículo 3), la obligación de la administración de proteger, promocionar y fomentar lo que es el patrimonio de todos, en este caso las corridas de toros y la tauromaquia».