La izquierda impondrá condiciones en la ley para hacer inviables las corridas
Los partidos del pacte temen que una sentencia del Tribunal Constitucional invalide la ley que prohíbe las corridas de toros y por eso quieren modificarla con condiciones que las hagan inviables.
El Pacte prepara una artimaña legal para prohibir las corridas de toros sin miedo a que una sentencia del Tribunal Constitucional anule después la ley balear. Ha pactado modificaciones en la ley que está en tramitación para que no se prohíban las corridas de toros sino «las fiestas o espectáculos con toros que incluyan la muerte, la tortura, el maltrato, daño o sufrimiento del animal en público, ya sea en plazas permanentes o fuera de estos recintos o en las vías públicas». Es decir, puede haber toro, pero no muerte o sufrimiento.
Este texto se presentará el miércoles en la ponencia parlamentaria que inicia la tramitación de la proposición. Pero junto a esta modificación, se incluyen otros cambios legislativos importantes que afectan a la ley de actividades clasificadas: estos cambios impondrán unas condiciones tan estrictas que harán inviable la organización de estos espectáculos.
Reunión esta semana
La nueva estrategia se pactó en una reunión que han mantenido esta semana los partidos que apoyan al Govern. Responde a la inminente sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley catalana que prohíbe los toros. Se da por hecho que el Constitucional dirá que una comunidad autónoma no puede prohibir las corridas, aunque sí puede regularlas. En virtud de esta regulación, los partidos de izquierdas aprovecharán para incorporar estas exigencias que harán inviables las corridas.
Toda esta estrategia solo presenta un problema: la enmienda que quieren presentar la izquierda solo podrá debatirse si hay unanimidad de todos los grupos del Parlament. Dado que ya ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas, el debate de cualquier nueva enmienda debe ser aceptada previamente por todos los partidos.
La enmienda del PI
Hay otra opción que no gusta a los partidos, pero que también está sobre la mesa. Es la posibilidad de aprovechar una propuesta del PI para modificar la ley de actividades clasificadas, que ya está en trámite, para introducir estas exigencias.
