Podemos propone un aumento del gasto público que en 2019 sea 96.000 millones superior al actual y recaudar para esa fecha 69.700 millones más fruto de una reforma fiscal –que recaiga sobre las “rentas más acomodadas” y sobre los “sectores de población de mayor patrimonio”– y del “efecto multiplicador” derivado del efecto “expansivo” de la política presupuestaria.

Podemos ha presentado hoy un documento con su programa de Gobierno en el que prevé revertir los recortes que se han hecho en España desde el año 2010 e implantar un programa de bienestar social y modernización económica, que incluya una renta garantizada y nuevas inversiones públicas, con una dotación de 24.000 millones de gasto anual.

El partido que dirige Pablo Iglesias plantea llevar a cabo una nueva política económica en la que no se reduzca el gasto público, sino todo lo contrario. En el documento que ha presentado hoy y ha entregado al PSOE para negociar, se prevé que el gasto público pueda incrementarse en 96.000 millones para el año 2019. En su mayoría irían destinados a gasto social, ya que prevé destinar 35.000 millones más a Educación y Sanidad; 30.000 millones más a protección social (con mejora de pensiones, dependencia y renta garantizada) y sólo 3.000 millones más a la transición energética, I+D+i, y otras inversiones públicas.

Podemos prevé lograr ese gasto de casi 10 puntos más de PIB para dentro de tres años mediante la lucha contra el fraude, del que prevé obtener 12.000 millones; una reforma fiscal con la que recaudaría 28.000 millones más y que recaería sobre las “rentas más acomodadas y sobre los sectores de población con mayor patrimonio” y el “efecto multiplicador” derivado del “efecto expansivo” de la política presupuestaria, cuyo impacto evalúan en 29.700 millones de euros.

Para equilibrar la recaudación –de la que faltarían 26.300 millones– con el aumento de gasto, Podemos propone un nuevo calendario de reducción del déficit público y para ello quiere que España promueva, en coordinación con otros países de la UE un proceso de negociación en el seno de la UE para “flexibilizar” la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

Su propuesta en relación con el déficit es que su reducción se modere y retrase y aunque prevé que se reduzca en todos los años de la legislatura, sólo se sitúe por debajo del 3 por ciento en 2018 y en el 2,2 en 2019. Esto es lo que daría un margen equivalente a 26.300 millones de euros.

De hecho, en el texto se deja claro que “frente a las exigencias” de la Comisión Europea, el Gobierno del que ellos quieren formar parte “no reducirá” el gasto total del Estado ya presupuestado para 2016 y tampoco reducirá ninguna de las partidas que afectan a servicios públicos fundamentales. Y contempla presentar en el Parlamento una propuesta de “créditos extraordinarios” para atender las prioridades sociales de 2016.

No obstante, en el documento explican que la evolución del déficit es “compatible” con una reducción progresiva del peso de la deuda sobre el PIB, que se situaría, según sus cálculos, en el 91 por ciento en 2019.

REESTRUCTURAR LA DEUDA POR LAS AYUDAS AL SECTOR FINANCIERO

Además, impulsarán la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria e iniciarán un proceso de modificación del artículo 135 de la Constitución española para, dice el texto, “que no se priorice el pago de la deuda por encima de cualquier otra consideración de política económica, y para garantizar la financiación de los servicios públicos fundamentales”.