Por Rubén Kaplan*.- En la madrugada del domingo 18 de enero del 2015, la sociedad argentina se enteró con estupor y estremecimiento de la muerte del fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman, quien fue hallado yaciendo en un charco de sangre con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento en Puerto Madero, un día antes de su presentación en el Congreso de la Nación, para ampliar su denuncia contra la Presidente Cristina Kirchner, el Canciller Héctor Timerman y otros funcionarios menores, por el Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán que según el fiscal se suscribió como pacto espurio y anticonstitucional para deslindar responsabilidades de los funcionarios iraníes involucrados en el ataque terrorista del 18 de julio de 1994 a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina.

Transcurrido un año del aciago día, a raíz de la exasperante lentitud, desidia y venalidad que caracteriza a gran parte de la Justicia argentina, la fiscal Viviana Fein a cargo de la investigación del magnicidio, aún no pudo dilucidar si Nisman se suicidó como insistía puerilmente y sin fundamento el Gobierno, fue inducido a suicidarse, como sostienen muchos, o lo asesinaron como está convencida la familia del fiscal y la mayoría de la gente.

Curiosamente, la fiscal Fein se aferró de movida a la conveniente hipótesis del suicidio por no hallar pruebas fehacientes de la presencia en el lugar del crimen de terceras personas, desconociendo de manera llamativa que para cualquier servicio de inteligencia extranjero o inclusive vernáculo, disfrazar un asesinato para que parezca un suicidio, es un juego de niños.

El 20 de enero, dos días después del crimen, en diálogo con Radio Mitre con el periodista Marcelo Longobardi (quien no atinó a cuestionarla) la fiscal Fein dijo que el barrido electrónico para determinar si había rastro o vestigio de pólvora en las manos del fiscal Nisman,“lamentablemente dio negativo”. El acto fallido demuestra la contrariedad de Fein, porque se desmoronaba una prueba clave para avanzar en la hipótesis del suicidio.

El gobierno de Cristina Kirchner, en lugar de prestar toda la colaboración para el esclarecimiento de la muerte del fiscal Nisman, como haría alguien inocente, a través de funcionarios como el ex Jefe de Gabinete Aníbal Fernández y periodistas mercenarios hurgó en la vida personal de aquél para descalificarlo. La causa que promovió Nisman, fue veloz y apresuradamente desestimada por el Juez Daniel Rafecas quien no tuvo el tiempo material para escuchar las mil horas de grabación con 40.000 archivos que fueron la base sobre la que el fiscal asesinado seleccionó las escuchas que incluyó en su denuncia.

Como era previsible, la Cámara Federal también desestimó la denuncia del fiscal Nisman contra la presidenta Cristina Kirchner por supuesto encubrimiento en la causa por el atentado contra la AMIA. Los jueces de la Sala I, Eduardo Freiler, Jorge Ballestero, integrantes de una Cámara que dictó varios fallos favorables para el gobierno nacional, decidieron rechazar la denuncia por “inexistencia de delito”. El tercer miembro, Eduardo Farah, en esa ocasión votó en disidencia. Quien fuera candidata presidencial por Progresistas, Margarita Stolbizer, refiriéndose a los citados magistrados, declaró en octubre de 2015 “ Rafecas, Freiler y Ballesteros, son los jueces que cumplen los deseos de la Casa Rosada”.

El camarista Eduardo Freiler que interviene en la causa Hotesur (como señala el periodista Nicolás Wiñazki “La sociedad Hotesur es de los Kirchner, y mediante ella manejan su hotel más grande, el Alto Calafate, sospechado de haber sido usado para delitos financieros”) fue denunciado ante la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito, luego que se conoció una investigación periodística según la cual habría comprado una “millonaria mansión” de 1.234 metros cuadrados en Olivos, frente a la quinta presidencial, supuestamente valuada en 1,4 millón de dólares, según consigna la agencia DYN.

Otro juez funcional al ex gobierno de Cristina Kirchner Rodolfo Canicoba Corral, quien aspiraba a ocupar la Secretaría de Inteligencia en el caso que hubiera triunfado el candidato del FPV Daniel Scioli, se sumó oportunamente a la campaña de desprestigio contra el fiscal Nisman, promovida por el Gobierno de la Viuda de Néstor Kirchner, al citar a declaración indagatoria a la madre y a la hermana de Alberto Nisman y a otras dos personas, acusados de haber lavado dinero ilícito de supuestas actividades delictivas de Nisman.

La fidelidad de Rodolfo Canicoba Corral, un juez cuyos fallos beneficiaron en numerosos casos al Poder Ejecutivo, tuvo su premio al ser nombrado su hijo Emiliano Ramón como titular de un juzgado federal de San Martín. El vástago ostenta el increíble récord de haberse recibido de abogado el 4 de octubre de 1999 y tan sólo 17 días después comenzó a trabajar como secretario en un tribunal federal de San Martín.

Analizando en retrospectiva, cabe pensar que el error del fiscal Alberto Nisman, fue haber creído que al difundir con antelación en los medios la denuncia contra la Presidente Cristina Kirchner y el Canciller Héctor Timerman (un Fausto judío) y prometer ampliar la denuncia en el Congreso Nacional con el aporte de más pruebas, aseguraría su vida. Horroriza pensar que con su asesinato se haya preferido pagar un altísimo costo político, a que se conocieran los detalles y magnitud de la acusación.

El flamante presidente Mauricio Macri, recibió en su residencia de “Los Abrojos”, en el partido de Malvinas Argentinas, un día antes que se cumpla el primer aniversario de la muerte atroz de Alberto Nisman a sus hijas Iara y Kala y les prometió hacer justicia con la memoria de su padre.

Para que Argentina sea una República, se afiancen las instituciones y se logre tener una Justicia independiente, es menester que esa promesa se cumpla.

*Periodista, escritor y colaborador de AD