Confirmado. La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, comunicó vía móvil al filo de las 21:20 horas al líder regional de IULV-CA, Antonio Maíllo, la ruptura del Gobierno de coalición y el adelanto electoral al 22 de marzo, según confirmaron fuentes del Ejecutivo regional y de la federación de izquierdas. La subjetiva «inestabilidad» y la pérdida de confianza de Díaz en sus socios han dado al traste con una alianza de gestión que no ha alcanzado los tres años.

Ratificada la pertinencia del anticipo, la presidenta convocará hoy a su Consejo de Gobierno para deliberar sobre el mismo. Se trata de un paso obligado, dado que así lo establece el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que marca que sólo el jefe del Ejecutivo regional «podrá decretar la disolución del Parlamento» tras la mencionada cumbre de consejeros y «bajo su exclusiva responsabilidad».

La previsión es que esa última reunión del Gobierno de la novena legislatura se lleve a cabo después del Pleno extraordinario del Parlamento andaluz que se celebrará a partir de las once de la mañana. Tras la misma, Díaz tendría que firmar el Decreto de disolución de la Cámara y de convocatoria electoral y fuentes consultadas por este periódico no descartan que luego comparezca para comunicar su dictamen.

Lo haga o no, una vez rubricado el decreto de convocatoria, éste deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), de acuerdo a lo dispuesto en el título III de la Ley 1/1986, de 2 de enero, electoral de Andalucía. La misma norma determina que será ese Decreto el que fije la fecha de la votación, así como «la de la sesión constitutiva del Parlamento, que tendrá lugar dentro de los 25 días siguientes al de la celebración de las elecciones». En este caso, para que los comicios puedan ser el 22 de marzo, fecha elegida dado que debe haber como mínimo dos meses entre dos llamadas a las urnas en el mismo territorio y las municipales están fijadas por ley el cuarto domingo de mayo, este año el 24; la fecha tope para incluir en el BOJA la resolución sería mañana.

Según esa hoja de ruta, el nuevo Parlamento debería conformarse antes del 17 de abril. Previamente, el 7 de marzo, los partidos en liza comenzarán a tirar del idioma en llamas de la campaña electoral. Alcaldes del PSOE-A aseguran estar «contentos» con el adelanto y así lo prueban los comentarios de un grupo de «WhatsApp» al que pertenecen un buen número de ellos. Admiten que estaban «algo asustados» por ser los primeros en tener que presentarse a unas elecciones «en un escenario político complejo» y con «nuevos rivales» a batir. Agradecen que sea Díaz, tras valorar el abanico de pros y contras, «la primera que asuma el riesgo» y lo haga a cuerpo gentil. «La vamos a apoyar porque ha dado un paso adelante y con ella nos las jugamos todos», garantizan algunos a este periódico.

Se muestran convencidos de que a su secretaria general «la apuesta le saldrá bien» y de que ayudará «el hecho de que Podemos e IU no hayan logrado finalmente ponerse de acuerdo entre ellos. El voto se dividirá y eso beneficiará a las listas mayoritarias», auguran. Se refieren a las de PSOE y PP, si bien, el último contaría con el handicap de que «su líder –Juanma Moreno– no ha tenido tiempo para asentarse».

De momento, Díaz tendrá que decidir qué hace con los consejeros con los que hasta ahora contaba IU: Diego Valderas, Rafael Rodríguez y Elena Cortés. La intención inicial de los tres es continuar hasta la convocatoria electoral, dado que entienden que si Díaz es la que ha provocado la grieta irreparable del pacto, debe ser ella la que los cese. De constatarse las salidas, las competencias que gestionaban serían asumidas por consejeros socialistas. Los tres participaron ayer en un cónclave de la dirección de IULV-CA, con su coordinador general al frente, Antonio Maíllo, para analizar la situación ante el inminente anticipo. Se abordaron incluso las circunstancias laborales a las que se enfrentarán si tienen que abandonar sus puestos en la Administración autonómica.