Por primera en su historia, los catalanes han comenzado ya a votar para dar su opinión sobre la independencia de Cataluña. Más de seis millones de personas (todos los catalanes mayores de 16 años y los extranjeros con residencia en Cataluña) han sido convocados a depositar su voto en el denominado proceso de participación que sustituye a la consulta.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ya ha votado ‘sí-sí’ a las dos preguntas y ha defendido el proceso participativo del 9-N: “Después de todo lo que hemos hecho, nos hemos ganado el derecho a un referéndum definitivo; si puede ser, pactado con el Gobierno” central.

“No entiendo que Rajoy diga que esto no es un referéndum ni una consulta” pero que busque bloquearlo en los tribunales, ha dicho tras votar en la Escola Pia Balmes de Barcelona, y ha justificado su doble ‘sí’ al votar alegando que ha llegado a la conclusión de que ésta es la mejor opción. Mas ha dicho que ha costado enormemente llegar hasta este proceso participativo del 9-N y ha añadido: “Que nos dejen tranquilos: cuando se está en democracia no te gusta recordar según qué intimidaciones”.

Los 1.317 colegios (la mitad que en unas elecciones ordinarias) han abierto sus puertas a las 9 de la mañana con “absoluta normalidad” para que se constituyeran las 6.695 mesas de participación previstas en el proceso del 9-N, más allá de puntuales incidencias que se han podido subsanar, según el Gobierno catalán.

Fuentes del gobierno catalán consultadas han explicado que ha habido algunas incidencias puntuales, ya que en varias escuelas las cerraduras estaban selladas con silicona, si bien han podido abrirlas. Además, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se ha cambiado un lugar de participación y se han reubicado las mesas en otro local. En concreto, el instituto de educación secundaria Pedraforca de L’Hospitalet de Llobregat no ha abierto esta mañana sus puertas como punto de participación del 9N, porque su directora se ha negado a dar las llaves del centro a los voluntarios de la jornada.

Otra de las pequeñas incidencias ocurridas durante la apertura de los puntos de participación ha ocurrido en el colegio de La Salle Bonanova de Barcelona, donde varios ciudadanos pensaban que no había podido abrir porque la puerta principal estaba cerrada, aunque en realidad se accedía a las instalaciones por una puerta lateral.

La vicepresidenta del gobierno catalán, Joana Ortega, tiene previsto comparecer a las 14.00 horas en el centro de prensa instalado en Fira de Barcelona para facilitar datos sobre la participación en la jornada a las 13.00 horas, según la nota.

Sin transcendencia

Una catalana deposita su papeleta

Se trata de una jornada histórica en Cataluña, pero no tan trascedente como hubieran deseado los partidos soberanistas. Y es que, a pesar del valor político del 9-N (su éxito dependerá del nivel de participación), la votación final no será la que estaba anunciada al inicio del proceso independentista, pues carece de censo y no tiene las garantías democráticas básicas como una junta electoral o interventores independientes.

Artur Mas y Oriol Junqueras plantearon un referéndum de autodeterminación, más tarde tuvieron que rebajar la pretensión a consulta no refrendaria, luego a proceso participativo y en último lugar a votación organizada a medias entre el Gobierno catalán, los ayuntamientos y la sociedad civil. Una especie de Arenys de Munt 2, pero con la diferencia de que cuenta con el respaldo institucional. Habrá en principio urnas y colegios abiertos, aunque tampoco se descarta que algunos o cientos de locales no abran y la jornada quede reducida a movilización masiva de catalanes ante los colegios para protestar ante la comunidad internacional porque no se les deja votar.

El caso es que si Mas y Junqueras no han podido celebrar el referéndum que ansiaban ha sido por los escollos legales. El presidente del Gobierno central siempre ha considerado ilegal e inconstitucional el planteamiento de Artur Mas y desde el minuto cero se propuso impedir la votación a través de recursos e impugnaciones al Constitucional. La guerra jurídica entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat tuvo su primera gran batalla el 27 de septiembre, cuando Mas firmó el decreto de convocatoria de la consulta original. “Cataluña quiere hablar, quiere ser escuchada, quiere votar”, dijo de manera solemne el jefe del Ejecutivo autonómico. La respuesta del Gobierno central no se hizo esperar y en 24 horas presentó la impugnación ante el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal, reunido de urgencia, decretó en un tiempo récord la suspensión cautelar de la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta.

Mas se quedó sin el amparo legal para la votación y en vez de tirar por la calle del medio, como le pidieron Esquerra, Iniciativa, CUP y la Asamblea Nacional Catalana, decidió acatar el veto del Constitucional y 15 días después de la suspensión anunció que renunciaba al referéndum original, pero señaló que el proceso soberanista continuaba adelante con una suerte de consulta alternativa, que llamó proceso participativo. El Gobierno central recibió la noticia calificándola de “excelente”, según Mariano Rajoy, pero después de algunas portadas en la prensa catalana en las que Mas instaba a los suyos a “engañar” al Estado y también en un contexto de goteo incesante de casos de corrupción que afectaban al PP, la Moncloa movió ficha 15 días después y volvió a impugnar ante el Constitucional la nueva consulta. Como con la anterior, el Alto Tribunal decretó la suspensión con celeridad.

Fue el martes pasado. A partir de ahí, Mas volvió a recibir las mismas presiones: o respetar la legalidad o desobedecer al TC. La solución final, a la espera de que lo que ocurra con la Fiscalía, es un proceso participativo amparado por la Generalitat pero ejecutado por los 40.000 voluntarios que hoy son responsables de las mesas y de los colegios. La mayoría de los locales de votación son institutos de la administración catalana y colegios públicos, pero también centros cívicos, el propio ayuntamiento, polideportivos, bibliotecas, guarderías y hasta consultorios médicos. El Gobierno dijo el viernes que no actuará contra la consulta si no interviene la Generalitat. El Gobierno catalán se desmarcó en un primer instante y cedió todo el protagonismo a los voluntarios, aunque Mas insistió ayer que la administración catalana asume el liderazgo absoluto del 9-N. Está por ver si actúa la Fiscalía, que podría requerir a los Mossos que cierren locales y se lleven urnas, aunque también ha trascendido que emisarios de la Moncloa y el Palau de la Generalitat, además del PSOE, llevan más de un año dialogando para reconducir la crisis catalana. El resumen de esas conversaciones podría ser la consulta rebajada. Los resultados de la votación, según Mas, se conocerán el lunes, aunque durante la jornada dominical la Generalitat tiene previstas cuatro comparecencias para dar datos de participación.

Prevaricación y desobediencia, posibles delitos

Preparativos en el instituto Marti i Franques de Tarragona para la consulta participativa que se celebra hoy en Cataluña

El proceso participativo convocado para hoy en Cataluña puede incurrir en varios delitos, entre ellos, el de desobediencia y el de prevaricación, según indicaron a Efe fuentes jurídicas.

Entidades y partidos soberanistas, bajo el amparo del gobierno de la Generalitat, han convocado un proceso participativo soberanista, suspendido por el Tribunal Constitucional.

En el caso de que hubiera responsables del Departamento de Enseñanza de la Generalitat o de ayuntamientos que hayan impartido instrucciones o autorizaciones verbales o escritas para la utilización de los centros escolares para el proceso, contraviniendo la suspensión de lo acordado por el Tribunal Constitucional, podrían caer en prevaricación, tal y como establece el artículo 404 del Código Penal, señalan las fuentes.

El citado artículo establece que “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años”.

Las fuentes recuerdan que los directores de los centros educativos tienen la consideración de autoridad pública.

Por otra parte, indican que las autoridades municipales que acuerden ceder locales para el proceso estarían adoptando una resolución contraria a la Providencia del TC y, por tanto, manifiestamente injusta, a sabiendas, con lo cual estarían cometiendo prevaricación.

Por otro lado, las autoridades o funcionarios públicos caerían en desobediencia, tal y como determina el artículo 410 del Código Penal en el caso de “que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales”.

Si se diese tal hecho incurrirían “en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”.

En el apartado 2 del artículo 410 se dice que “no incurrirán en responsabilidad criminal” las autoridades o funcionarios que no den cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de Ley o de cualquier otra disposición general.