La política de deportaciones de personas extranjeras residentes en España ha variado. Desde 2009, que un inmigrante se encuentre en situación irregular en nuestro territorio ya no es motivo de detención -aunque sí de sanción administrativa-. La estrategia se enmarca ahora en la línea de las llamadas “expulsiones cualificadas”, publica a Huelva Información recogiendo declaraciones del comisario de la Policía Nacional de Huelva, Antonio Placer: “Nos centramos en los extranjeros que cometen delitos en España, los que acumulan antecedentes penales y los que han cumplido alguna condena en prisión”.

Esta ardua tarea es responsabilidad de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, una de las más complejas de la comisaría del Paseo de Las Palmeras y que está conformada por 22 agentes y tres funcionarias de los Cuerpos Generales que los apoyan desde la Oficina Única de Extranjeros. El inspector jefe en funciones del área, Javier Velasco, explica a este rotativo que la piedra angular de la brigada es el Grupo de Expulsiones de Delincuentes Extranjeros (Gedex), que gestiona las “expulsiones cualificadas” junto con el Grupo Operativo de Extranjeros (GOE) y la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif).

Cada año son deportados desde Huelva una media de 150 ciudadanos foráneos. La cifra se repitió el año pasado y va por la misma senda en este 2014. Dos tercios de ellos tienen nacionalidad marroquí, según precisa el inspector Velasco, aunque también hay argelinos, brasileños, colombianos y bolivianos.

El jefe de Extranjería añade que “el 85% de los expulsados desde Huelva tiene antecedentes y/o condenas de más de un año por conducta dolosa”, unos 130 en total. Para que se incoe el expediente de expulsión “no se tiene en cuenta si su situación en España es legal o no, algunos tienen hasta familia”.

Hace sólo tres años, la comisaría de la Policía Nacional en Huelva se convirtió en “la primera de carácter provincial con mayor número de expulsiones de foráneos condenados de España”, puntualiza el inspector jefe.

En torno a tres meses antes de que un preso extranjero culmine la pena privativa de libertad que le impuso el juez (con asiduidad por delitos de tráfico de drogas, violaciones, homicidios o malos tratos), la Comisaría General del Cuerpo Nacional de Policía remite a los agentes de Extranjería “un listado de los que van a salir excarcelados de forma definitiva”. Esto permite a los efectivos organizarse, de modo que “en el momento en que salgan a la calle ya lo tenemos todo preparado para devolverlos a su país de origen”, detalla Velasco. Las relaciones con Instituciones Penitenciarias en este sentido son muy fluidas, de manera que todo está perfectamente orquestado en el momento oportuno.

Incluso el viaje. Unos ocho acompañamientos internacionales realizan los agentes onubenses de Extranjería cada año. Colombia, Brasil, Argentina, Bolivia o México son los destinos más habituales, pero “también hemos viajado a Albania, Rumanía o Italia”. La deportación a países centroafricanos como Senegal, Malí o Nigeria “es más difícil de llevar a cabo, porque sus gobiernos no reconocen a sus extranjeros como propios”.

El inspector agrega que “también incoamos expedientes de expulsión a ciudadanos comunitarios, recientemente el de un inglés, por ejemplo, siempre que hayan cometido delitos contra la salud pública o contra las personas y supongan una amenaza seria, real y grave contra la sociedad española”, tal y como dicta la legislación europea. Cada año, la Brigada de Extranjería de Huelva devuelve a su país a tres o cuatro ciudadanos de la Unión Europea, “la mayoría de ellos rumanos, pero también hemos tenido a griegos, lituanos o portugueses”.

De esos 130 expedientes de expulsión anuales de convictos, los juzgados de lo Penal o el de Vigilancia Penitenciaria de Huelva sustituyen en unos “40 ó 50 casos la condena por la deportación”, de modo que los que hayan delinquido acaben de cumplir la pena en su país, desahogando el masificado sistema penitenciario español.

A estas personas se les prohíbe la entrada en territorio nacional durante un plazo mínimo de tres años y un máximo de diez. Si incumplieran el veto, “se procedería a lo que se llama una devolución, un trámite mucho más rápido que, si no culmina en 72 horas, acaba con el extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE)” hasta que se pueda ejecutar.